La Fiscalía General de la Nación, nació con la Constitución Política Nacional de 1991, mediante los artículos 249 al 251. Tiene la función de investigar, de oficio o mediante denuncia y querella, las conductas delictivas y acusar, ante los jueces y magistrados, a delincuentes e infractores, para efecto de enjuiciamiento. Es un órgano o entidad pública independiente, adscrito al poder judicial, direccionada por el Fiscal General, designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, de una terna que remite, el presidente de la República, por un periodo de cuatro años.
La Fiscalía inicio operación de labores, a partir del 1 de agosto de 1992, remplazando a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, que ejercían funciones similares, con la diferencia que los procesos de trámite, pasaron de escritural, a la oralidad, cuyo cambio buscaba tecnificar y desarrollar eficiencia, para evacuar de manera ágil, las investigaciones penales que cursen en despachos, pero hasta ahora, ha sido lo contrario, un órgano ineficiente, politizado, que ha generado, controversias, acumulación procesal, hacinamiento carcelarios, liberaciones de delincuentes, por vencimientos de términos y detenciones domiciliarias, a peligrosos delincuentes, que se burlan de la justicia, continuando la practica criminal.
La Fiscalía. es la única entidad pública, que ha incumplido con los términos institucional, del Fiscal, prestablecido y relacionado, con una determinada fecha, para inicio y terminación del periodo, que debería efectuarse siempre en el mes de Agosto, pero no ha sido así, por una serie, de interrupciones y terminaciones, anticipadas del periodo al que fue elegido, sin que designaran nombramiento de Fiscal, para terminar periodo, como ocurre con alcaldes, gobernadores, presidente y cualquier, otro funcionario, nombrado por termino de un periodo. Ninguna norma constitucional, ni legal, faculta a la Corte Suprema de Justicia, para no respetar y violar, el termino institucional establecido, para la posesión y terminación, del Fiscal, en fecha prestablecida.
Por la Fiscalía se han posesionado más de 10 Fiscales en propiedad, designado por la Corte Suprema. Algunos pocos, en calidad de encargados. En su orden, Gustavo de Greiff Restrepo, fue el primer Fiscal, que estrenó esa institución, pero no lo dejaron terminar, forzando la salida cuando transcurrían dos años, de los cuatro que le corresponde ejercer el Fiscal, por motivo de la edad, que no era causal legal para retirarlo, pero lo hicieron.
Lo remplazó el abogado Alfonso Valdivieso Sarmiento, primo hermano, del asesinado candidato a la presidencia, Luis Carlo Galán Sarmiento, durando en el cargo, un término de tres años y fue remplazado, por Alfonso Gómez Méndez, quien asumió el 1 de agosto de 1997 hasta 31 de julio del 2001. Le Siguieron, Luis Camilo Osorio Isaza, cuota de la AUC, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Después Mario Aguaran, impulsado por el cartel Norte del Valle, disputó la elección con Jorge Pretel. A este último lo volvió a postular el presidente Uribe, en consolación, para que Senado, elegirán Magistrado de la Corte Constitucional. No termino el periodo de duración, se encuentra detenido, en guarnición militar, por corrupto.
Encargaron Guillermo Mendoza Diago, luego nombraron Viviane Morales, cuyo nombramiento demandaron la nulidad, la cual fue declarada por el Honorable Consejo de Estado, remplazada por Martha Lucia Zamora, en calidad de encargada. Más adelante a Luis Eduardo Montealegre, 29 de marzo de 2012 hasta 28 de marzo 2016. Al terminar el periodo, encargaron a vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, que ejerció durante cuatro meses.
Después nombraron a Néstor Huberto Martines Neira, ternado por el expresidente Juan Manuel Santo, que duró en el cargo 33 meses, renunció por circunstancias extrañas, que lo implicaban en suicidios, con cianuros y practicas aberrantes de corrupción, remplazándolo en encargo Fabio Espitia. Por último, el gobierno de Iván Duque Márquez postuló y fue elegido Francisco Barbosa, cuyo periodo vence el 13 de febrero de 2024.
La Fiscalía no ha arrojado los resultados positivos esperados, ha sido politizada en favor y conveniencia de los gobiernos de turnos, que postulan los candidatos mediate ternas, para elección de la Corte Suprema, utilizándolo como Fiscal de bolsillo.
De los fiscales elegidos, solo uno tenía título de especialista en derecho penal, Alfonso Gómez Mendes, los demás, ni siquiera se asomaban a una mínima experiencia, en tema penal que direccionaban. Tampoco implementa la estabilidad de los fiscales, que ejercen investigaciones para diferentes clases delitos, manteniéndolo en condición de libre nombramiento y remoción, por fuera de la carrera judicial.
Los despachos de los fiscales están atiborrados de cantidades de procesos, que cada día crecen las pilas, sin margen para bajarla, por las cantidades de denuncias que diariamente radican, sin sumar aquellas, que absurdamente se niegan recibir autoridades penales, porque las víctimas no suministran la identificación del desconocido agresor, que violenta. También se dejan de presentar muchas denuncias, por miedo, falta de garantías y por no confiar en la autoridad penal
La politización conjugada con la corrupción tiene la Fiscalía al garete, persiguiendo algunos y absolviendo a otros. Claro está, no de forma gratuita, constituyéndose en un órgano de favores por encargos remunerados, tráfico de intereses e impunidad, como viene ocurriendo, amparado en sensibles y vulnerable, procedimiento penal y operadores judiciales, en entre dichos, destacándose, imposición máxima pena de 55 años de cárcel, al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, fundamentado únicamente en pruebas de referencias, sin formular imputación de cargos, por cada hechos denunciados y procesado, ni definir de manera particular e individual, cada uno de los procesos revueltos como tutifruti, con supuesta o presunta participación, en condición de autor material, intelectual o cómplice, sin ningún testimonio en su contra, de autores o coautores, que lo implicaran.
Las “pruebas de referencias” son los comentarios noticiosos, especulaciones, desinformaciones, manipulaciones u opiniones; que se divulgan en medios de comunicaciones, que deben valorar la autoridad competente, para validar de manera objetiva, no sesgada, amañado, ni parcializada, utilizada para perjudicar o beneficiar, lejos muchas veces, de la veracidad y la razón, por falta de ecuanimidad y coherencia.
Fiscal y magistrado, juzgaron y condenaron, a “Kiko Gómez” por presiones mediáticas, asechadas, por periodistas, ignorantes y prepagos, con vicios procedimentales, carencias de elementos probatorio y violaciones al debido proceso; que debe ser objeto de revisión en instancia superior.
La Fiscalía requiere de cambios extremos, con mayores independencias y fiscales estables, especialistas en derecho penal.
Martín Barros Choles