El desarrollo de los proyectos de generación de energía a partir del viento en La Guajira está causando grandes inquietudes entre la población indígena de ese departamento. La inconformidad se deriva de la forma en que se llevan a cabo procedimientos como la consulta previa. Lo cierto es que no parece existir un conjunto de reglas de juego compartidas que permita convocar a las partes para que se dé un dialogo horizontal e informado entre la población wayuu, los agentes del gobierno y las empresas. El escenario parece una extensa Babel en la que cada proyecto traza sus propias rutas siguiendo una lógica casuística para llegar a acuerdos heterogéneos con las comunidades. En algunos casos estos procedimientos se desenvuelven muy lejos de lo que la Corte Constitucional ha definido en su jurisprudencia como un derecho fundamental.
Lo primero es que las comunidades no disponen de información acerca de las características de los proyectos ni de sus impactos sobre el territorio, el paisaje, los bosques, las fuentes hídricas y los seres que allí se interrelacionan. Pocas comunidades han tenido acceso a los estudios de impacto ambiental. Vale la pena preguntarse si el conocimiento indígena sobre su entorno, organización social, actividades económicas y principios de territorialidad ha sido tenido en cuenta. No lo parece, por la forma en que los agentes de los proyectos se han interrelacionado de facto con quienes encuentran a primera vista en un territorio familiar desconociendo a los grupos de parientes uterinos que han tenido precedencia dentro de este.
El personal de técnicos y profesionales casi en su totalidad es traído del interior del país o de otros departamentos y cuando eventualmente aparece un guajiro lo hace en su papel de conductor o de traductor, Esto augura que al finalizar los proyectos los parques funcionarán como auténticos enclaves culturales y tecnológicos en nuestro territorio con escasa o casi nula articulación con le economía local.
Los efectos negativos derivados de estos proyectos tienden a ser minimizados o subvalorados por las empresas. Es previsible que cuando entren en funcionamiento los centenares de aerogeneradores de los parques eólicos estos tendrán un efecto acumulativo y sinérgico sobre el territorio y las personas que lo habitan.
La verdad es que los wayuu están negociando desde el hambre. Piden a las empresas unas pocas provisiones, animales, maíz, y en general una contribución propia de los gastos de un funeral. Es una negociación desigual. No se aplica allí la política del valor compartido que busca beneficios para la organización y también para la sociedad circundante sino la del regalo misericordioso. Un agente de una empresa afirmaba con descaro que los indígenas no podían ser sus socios porque no entendían de perdidas ni de utilidades. Los malos acuerdos celebrados hoy incubaran tensiones sociales que estallarán a mediano o largo plazo cuando los impactos físicos y sociales se hagan visibles.
La gran pregunta que debemos hacernos es ¿habrá una distribución equitativa de los beneficios derivados de estos proyectos a cambio del aporte, casi el sacrificio, que los indígenas hacen de sus territorios? Si no hay un cambio de rumbo en el proceso actual de la consulta y los acuerdos con las empresas eólicas los wayuu quedaran sentenciados a vivir en la pobreza y en la marginalidad. Pero la pobreza no es una condición absoluta pues ella surge de las relaciones desiguales de poder entre las personas, del dominio que algunas ejercen sobre otras y que les da la posibilidad de imponer esa marginalidad.
Weildler guerra Curvelo