BASES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA GUAJIRA

La situación en el sector agropecuario, en la región caribe en la actualidad, es de una crisis alarmante y esta crisis hace mella en La Guajira, lo que origina múltiples causas comunes entre la región y el departamento.

Dentro de estas falencias encontramos: fenómenos naturales que generan condiciones adversas para el desarrollo normal de las actividades agropecuarias. Existe una carencia de políticas públicas hacia este sector definidas y más aun sin visión a largo plazo. También existe una deficiente estructura de apoyo a la producción rural y deterioro de la actual. Los esquemas de comercialización que promueven la intermediación y propician el distanciamiento entre el productor y el consumidor, con sus consecuencias efecto nocivas, de disminuir los precios al primero y encarecerlos al segundo.

De igual manera el sistema de crédito es de difícil acceso, donde existe una carencia de plazos y tasas adecuadas a la realidad del sector y soportando fundamentalmente en el riesgo, cuya concepción apoya tímidamente al productor y beneficia ampliamente al sector financiero. De igual manera las dificultades para acceder a mercados externos por excesos de requisitos, algunos de difícil aplicación.

La competencia desigual en los TLC con productores de otros países que son favorecidos con políticas e instrumentos de apoyo adecuados. Lo que ha llevado a la ruina a la producción nacional y la sostenibilidad y permanencia de las cadenas productivas no solo en La Costa porque en La Guajira damos grima.

Además, que los precios de los insumos agropecuarios y maquinarias e implementos en ascensos permanentes y carencia de control oficial a los márgenes de utilidad de la industria productora y comercializadora de estos, con alta incidencia en los costos de producción.

Vista así las cosas La Guajira y la Región Caribe deben hacer equipo en especial con los representantes de la democracia como lo son los senadores y representantes de esta región más los gobernadores y alcaldes para establecer reglas claras y que de verdad haya un subdesarrollo sostenible para el sector agropecuario que incide en la generación de empleo y que subsidios como el ingreso solidario, familias en acción y otros no es la panacea para sacar adelante la economía regional y departamental.

Por eso es importante implementar mecanismos efectivos para reducir el costo de los insumos, como fertilizantes, maquinarias, insecticidas y otros, con la eliminación de impuestos en los que están gravados y se regule la intermediación en su importación y comercialización. De igual manera debe haber una reducción en el precio de los combustibles para la actividad productiva rural como el ACPM, en donde se diferencie el combustible que se utilizan los bienes de capital de producción agropecuaria.

Se debe ampliar la cobertura de servicios públicos y reducir las tarifas de la energía eléctrica y supresión del cobro del alumbrado público. De igual manera las tarifas de energía eléctrica para la realidad rural deben acogerse a la disposición que introdujo la ley 101 de 1993 “La ley general de desarrollo agropecuario y pesquero” según la cual “la comisión de regulación eléctrica establecerá subsidios preferenciales de energía eléctrica para los productores del sector agropecuario y pesquero” cosa que no se está haciendo y si se aplica es en una mínima proporción.

Con respecto al sistema de riego, drenaje y reservorio sostenible y sustentable, debe haber una reorientación de la política para la ampliación de la cobertura de riego, drenaje y reservorios, con recursos del gobierno nacional, como las asociaciones de usuarios civiles que también la manejan, que para el caso de los distritos de riego Ranchería y San Juan debemos prepararnos para esto.

Se debe estructurar una política crediticia que ofrezca un programa de alivio y restructuración de las deudas del sector agropecuario que atienda las características propias de cada actividad e incluya programas de créditos con amplia cobertura, desembolsos oportunos y bajas tasas de interés, créditos a largo plazo – 10 años – como los hipotecarios. La secretaria de desarrollo económico es la llamada a liderar todas estas propuestas para buscar una verdadera sostenibilidad y en un desarrollo a fin de lo que La Guajira necesita a corto y mediano plazo. Hoy se puede afirmar que dicha secretaria está en buenas manos. El actual secretario de desarrollo económico Alberto Ariza Cujia, profesional sanjuanero está enrutando a través de la secretaria por la ruta correcta y esto genera confianza para el sector productivo de La Guajira. En la próxima columna estaré enumerando las rutas que ha tomado Ariza Cujia para recuperar el alicaído sector agropecuario.

Hernán Baquero Bracho

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