Alfonso Prada, ministro del Interior, radicó el pasado martes el proyecto de acto legislativo de Reforma Política, con el cual busca modificar las condiciones en cómo se desarrolla la política electoral en Colombia. ¿Conveniente? ¿Buscan polarizar las prácticas del gobierno Petro? Analicemos.
- En primer lugar, el proyecto propone modificar el artículo 262 de la Constitución Política para establecer “listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer”. De acuerdo con el ministro, el objetivo radica en que los partidos tengan la suficiente organización para ser elegidos no con una estrategia individual, sino pensando en la fuerza de la colectividad. Pero, y ¿parte de la democracia no es tener justamente mayor libertad en la selección de quien el elector considere como la mejor opción? ¿Y si no gusta toda la lista cerrada? Suele pasar que no todos los candidatos de un partido o movimiento político gusten por igual. Entonces, ¿por qué tendría que dar mi voto y aportar no solo a que salga electo quien quiero, sino también apoyar de forma indirecta, tal vez al candidato que no es de mi agrado? El ministro estableció que no sería completamente obligatorio, aún así, es una medida limitante de la democracia y de la libertad. Lo que sí se celebraría es buscar mayor participación de mujeres, situación que no debería ser “obligatoria” pero pasa en el derecho y en la vida: a veces toca partir de una coacción, para aprender.
- En segundo lugar, el proyecto limita la financiación de las campañas al Estado.
Lo que pretende la modificación artículo 109 de la Constitución Política, es restringir el financiamiento privado de las campañas electorales, y proponer que sea exclusivamente estatal. Lo anterior, con el fin de dar “un golpe a la corrupción y disminuir la manipulación de sectores económicos en su relación con el Congreso de la República”. Palabras más, palabras menos, se busca quitarles el poder “electoral” a aquellos grupos armados ilegales como los paramilitares, los cuales han financiado campañas políticas y así bloquear su relación de dependencia con los congresistas. La nueva norma establecería que recibirán el 50% como anticipo y el 50% por reposición de votos.
Podría decirse que la intención de la norma tiene un fin altruista, bondadoso y se esperaría que, transparente. Pero, se está dejando de lado la inversión y apoyo empresarial y poniéndole más carga económica al Estado. No todas las fuentes privadas de financiación son ilícitas e incluso, hay empresas con fines sociales (lícitos) establecidos, los cuales buscan generar impacto y, por lo tanto, financiar una u otra estrategia, causa o proyecto de una campaña política, no solamente para recibir un favor de un amigo congresista, sino también, posesionar su imagen corporativa. Si lo que busca es la austeridad del gasto, esta norma está completamente alejada de aquel fin. En últimas, lo que se discute realmente, es saber en dónde se va a generar el pacto financiero con fines políticos, si en una empresa privada o si, en la Casa de Nariño. ¿No?
- En tercer lugar, la reforma política establece que, solo los jueces pueden suspender o destituir a funcionarios electos. Esta propuesta la avalo y promuevo, toda vez que pareciera generar un poco de mayor imparcialidad frente a las sanciones impuestas a políticos electos popularmente. Esta norma, promulgaría, además, claridad frente al conducto regular a seguir y así evitar las diferencias conceptuales y el desorden ocurrido, como, por ejemplo, el que presenciamos en la suspensión/sanción impuesta a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá por Alejandro Ordoñez, el aquel entonces Procurador General de la Nación.
- Finalmente, la norma abre la puerta a congresistas más jóvenes; la iniciativa del Gobierno propone reducir la edad mínima necesaria para ser congresista, de 30 a 25 años para el Senado y de 25 a 18 años para la Cámara de Representantes. Si bien la juventud no es sinónimo de falta de preparación o carácter, considero que, si un representante a la Cámara puede ser electo desde los 18 años, se está desconociendo, por un lado, la experiencia, sabiduría y el camino recorrido que se espera tenga un congresista. Recordemos que no estamos hablando de un cargo simple. Es de los cargos con mayor responsabilidad social del país, de donde depende gran parte de la solidez social de Colombia y por lo mismo, se espera la misma estructura de una persona que llegue a ocupar dicho cargo y no, cualquier “influencer”. No se debe demeritar la juventud, pero tampoco avalar la improvisación o simple popularidad que puede hacer llegar a una persona a un cargo de tan alta relevancia.
En fin, la propuesta de Alfonso Prada es oportunista, limitante, coactiva y mal estructurada. Lo que se observa finalmente, es el afán de imponer o implementar a futuro las formas que beneficiaron o beneficiarán al ‘Pacto Histórico’, pues en el último ejercicio electoral, se dieron cuenta que, de esa manera, es posible salir triunfante y que lo que servía en el pasado, ya no cuenta con la misma efectividad en el presente ni seguramente en el futuro. El éxito más cercano hoy lo tienen los jóvenes, las mujeres, las listas cerradas y el activismo. Éxito para ser elegidos, sí, pero no necesariamente para abordar reformas estructurales de peso que beneficien a todos los sectores de Colombia.
Adenda. Penosa situación les hizo pasar el consejo directivo de la Universidad Sergio Arboleda a sus estudiantes, al no lograr que el Ministerio de Educación les permitiera continuar con la acreditación de alta calidad. No es justo que, por malas gestiones o conflictos internos, pierdan un “estatus” que para algunos no significará mucho, pero que seguramente para la mayoría, representa una razón de peso por la cual decidieron hacer el esfuerzo de estudiar en la Sergio Arboleda.
PAULA CALDERON BUITRAGO