En nuestra Guajira se siguen realizando, algunas veces con justificaciones poco claras e insuficientes, los actos de bloqueos de vías por parte de algunas comunidades, tal como ocurrió esta semana con los múltiples taponamientos ilegales, por supuestos incumplimientos de compromisos, que paralizaron las operaciones de Cerrejón, con enormes pérdidas económicas para esta empresa, los contratistas y todos los empleados. Generando, adicionalmente, perjuicios a la mayoría de los habitantes y visitantes de este territorio e interfiriendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.
Ante los comentarios y dudas surgidas durante el desarrollo de la protesta, con respecto a las verdaderas causas de esos bloqueos, se emitió un valeroso y oportuno comunicado por parte de la Mesa de lideres de comunidades reasentadas, para aclarar a la opinión publica que ellos no estaban participando en esa protesta, como supuestamente se afirmaba por los medios de comunicación, pues la empresa Cerrejón estaba cumpliendo con los acuerdos firmados con esas comunidades, a los que además se les hace seguimiento por parte del Ministerio del Interior, con la activa participación de los lideres de esas comunidades.
Estos hechos evidencian una clara violación del derecho a la libre movilidad colectiva, que tiene las características de fundamental, que sigue siendo afectado con irresponsable e inusitada frecuencia.
En reciente columna mencioné que las acciones proactivas eran las más convenientes para todos, e indiqué que idealmente prevenir los problemas sociales y anticipar las soluciones es la actitud que debe primar en la interacción entre los gobernantes territoriales y nacionales y las comunidades. Sin embargo, por antecedentes culturales, ese enfoque parece tener sus dificultades para su implementación. Por ello es importante hacer uso de otros mecanismos de diálogo complementarios ya existentes, pero que desafortunadamente se usan muy poco, tal como ocurre con la Mesa de dialogo del sur de La Guajira, institucionalizada por el Ministerio del Interior mediante la resolución 0595 del 19 de abril de este año 2022.
Esa resolución fue expedida con base en consideraciones constitucionales que buscan garantizar el orden político, económico y social justo, en forma participativa, y asegurar la convivencia pacífica. Su origen fue una respuesta positiva a una solicitud que hicieron las comunidades del sur de La Guajira al gobierno nacional de contar con un espacio de dialogo que le permita dar a conocer sus necesidades y preocupaciones, identificar e implementar las soluciones concertadas. Este es un espacio de dialogo valioso que tiene como propósito garantizar el relacionamiento y el dialogo constante entre las comunidades y el gobierno nacional, departamental y municipal.
Su conformación garantiza la participación con poder decisorio, al incorporar al viceministro de la participación y la igualdad de derechos; al ministro, director o jefe de la entidad que corresponda según el tema a tratar; al gobernador del departamento o su delegado con poder de decisión; los alcaldes de los municipios que corresponda, o sus delegados, según el tema a tratar; y cinco delegados de las comunidades del sur de La Guajira. Estos delegados han demostrado ser lideres muy comprometidos y dinámicos, que desempeñan un rol activo y han contribuido de manera efectiva a encontrar soluciones a los problemas que se han presentado. Son lideres positivos y curtidos dirigentes sociales a quienes deseo destacar, como la ejemplar representante de la mujer Guajira, Nélsida Martínez, de Barrancas; Ariel López Morón, de Urumita; Jaime Alonso, de Fonseca; Ernesto Molina, de San Juan del Cesar, y Yacid Pushaina del municipio de Distracción.
Ojalá se use más este mecanismo de dialogo en el futuro en nuestro departamento; así se evitarán hechos que transgredan las normas del código penal y se garantizará la sana convivencia en forma participativa.
Álvaro López Peralta