Estamos absolutamente convencido que usar estos espacios para ventilar situaciones que incumben a intereses particulares o familiares no debe ser lo más adecuado. Sin embargo, las características, la envergadura del caso, y por involucrar funcionarios públicos e intereses de una poderosa empresa multinacional, creemos pertinente y necesario exponerlo. Como nos está ocurriendo a nosotros, es factible que, otras personas o grupos pudieran estar inmersos, o hayan atravesado situaciones semejantes o aún peores.
El factor analítico de la coyuntura política también justifica verter opiniones sobre el asunto de marras. Ya que ha sido abordado desde una perspectiva disímil por las directivas actuales con respecto a la atención prestada por funcionarios del gobierno anterior. Más adelante aportaré elementos que dilucidan a que nos referimos con la anterior aseveración.
Esbozaremos sucintamente cuestiones que, asimismo apuntalan la intencionalidad del artículo. La oposición y ciertos columnistas, pensando y actuando más con el deseo que con la razón, acuden al prejuzgamiento y apresuramiento para evaluar cuestiones atinentes al funcionamiento y desarrollo del gobierno Petro. A pesar de su consabido: “deseamos que le vaya bien al nuevo gobierno”, se advierte un deseo íntimo, recóndito por el fracaso; para retrotraernos a épocas aciagas. Las fuerzas retrogradas se resisten al cambio, al nuevo quehacer. No admiten trasformaciones, se sienten cómodas y a gusto con el pasado. Exigen desesperadamente lo que nunca reclamaron a gobiernos pretéritos. Pedir resultados ya, en temas cruciales y fundamentales que requieren el desarrollo de procesos institucionales, presupuestales y mentales, es “pedirle peras al olmo”.
Sin haber trascurrido siquiera el 10% del periodo de gobierno, es exagerado, desbordado, desmedido y de mala leche pedir en tan escaso periodo resultados materiales y concretos. Se encuentran presos del esquema tradicional: “los primeros cien días “. Aquí ese criterio no aplica. Estamos ante un gobierno inédito, abocado a trasformaciones profundas y radicales del modelo económico, social, cultural. Algunos demandan a este gobierno que, en cuatro meses realice lo que no lograron la sumatoria de anteriores mandatos en 20 o más años.
Para citar solo un caso y que nos compete a los guajiros, jamás, uno de los dos presidentes precedentes cuyos periodos coincidieron en mayor o en menor medida. se habían apersonado tal como lo está haciendo el actual, con la atención y medidas necesarias para acatar el fallo derivado de la Sentencia T-302. Extravagante desconocer ese esfuerzo genuino. Pensar y opinar con el deseo nunca ha sido buen consejero.
En la historia a relatar y en los avatares de la misma, originada en una situación particular, reflejaré en algún sentido lo insinuado en renglones precedentes. La historia a enunciar está rodeada de innegables irregularidades y probables actos venales. Se trata de un tortuoso y dilatado proceso civil que data del 2010, con más de 12 años de duración a la fecha y ni siquiera cuenta con fallo de primera instancia. Originado en la venta de unos predios rurales, con un área de 935 hectáreas, propiedad de mis hermanos y del suscrito. Compra-venta realizada a mediados del año 2006, a la multinacional DRUMMOND, en la zona del proyecto Descanso Zona Norte, municipio de Becerril. El valor de esa transacción fue de $ 2,300,000 por hectárea. Luego de investigados los valores comerciales de la época y a escasos dos meses de la prescripción, decidimos incoar una demanda por lesión enorme, radicada en el Juzgado 16 Civil de Bogotá, desde donde, y en el año 2012 se remitió despacho comisorio al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, por estar ubicados los predios en el departamento del Cesar. El avalúo del experto asignado por el Juzgado Tercero Civil arrojó la suma de $ 7,290,000 hectárea, lo cual como era de esperarse determinó y confirmó con holgura la lesión enorme, por cuantía cercana a los $ 5,000,000 por hectárea.
Ahí empezó “Cristo a padecer”, la multinacional DRUMMOND objetó el avalúo y solicitó una nueva experticia a cargo del instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En virtud de ello y a efectos de disponer de elementos o antecedentes valorativos y ante el conocimiento de que el IGAC había realizado en el año 2007 avalúos con fines similares en la Vereda MECHOACÁN ubicada en La Jagua de Ibirico. En el 2017, solicitamos copia de los 135 avalúos realizados como consecuencia de esa experticia. Pero, oh sorpresa, extrañamente y con un argumento peregrino, injustificado e ilegal, el IGAC 11 años después negó la posibilidad de acceder a esa información. Alegaron la existencia de un Convenio Interadministrativo que contenía una cláusula de confidencialidad, suscrito entre IGAC y antiguo INCORA en el año 2006. Habrase visto semejante despropósito. Primer indicio de maniobras “non sanctas “al respecto.
No obstante, nos dimos las mañas y logramos obtener esa misma información por medios alternativos e informales: un parcelero, para más señas hermano de un ex líder de la Junta de Acción Comunal de la Vereda MECHOACÁN, parcelero también- asesinado al parecer por organizaciones paramilitares durante el proceso previo a la venta de esas parcelas-; tenía el paquete completo de avalúos, y copias de otros documentos oficiales, vitales para el esclarecimiento de la confusa trama que ha rodeado este escabroso y sinuoso asunto. Otra cuestión sumamente preocupante fue la omisión de otros avalúos realizados por el IGAC en la zona. Exactamente en la vereda PLATANAL, más cercana y semejante. Sin embargo, fueron omitidos. Se esgrimió dolosamente que no se tuvieron en cuenta, “porque ya había cambiado el comportamiento económico de la zona”. Falso.
De no haber sido por nuestro esfuerzo investigativo jamás nos hubiésemos enterado que el IGAC había realizado esas otras experticias. Fueron mantenidos en un sospechoso sigilo, en el anonimato absoluto. Otro campanazo de alerta. Entre los tres avalúos: los de las parcelas de MECHOACAN, el de nuestros predios y los de PLATANAL, todos negociados con DRUMMOND, existía articulación metodológica, temporal, normatividades, usos de suelo, demanda para propósitos de minería, en fin, eran similares. Aunque, con ventajas y condiciones superiores para las que fueron tierras de nuestra propiedad.
En las experticias desarrolladas por el IGAC en MECHOACAN y PLATANAL se había adjudicado simultáneamente a los terrenos con VALORES POTENCIALES 55, un precio de $ 6.500.000. Sin embargo, no obstante que nuestros predios tenían el 62% de su área con VALORES POTENCIALES 67 y el área restante (38%) con VALOR POTENCIAL 55, y condiciones superiores en FACTORES DE HOMOLOGACION: recursos hídricos, accesibilidad, seguridad, nivel sobre el mar, energía eléctrica, posibilidades de mecanización, etc., A pesar de evidentes ventajas en VALORES POTENCIALES, factores de homologación y de que el IGAC había establecido taxativamente que los predios con VALORES POTENCIALES 55 valían en esa zona, en esa época, $ 6.500.000 y que se usó el Método Comparativo o de Mercado; extraña e incompresiblemente el mismo IGAC a través del perito encargado asignó en su experticia un valor por hectárea a nuestros predios y cuya área tuviese un VALOR POTENCIAL 55, la irrisoria suma de $ 3.100.000 la hectárea, lo cual se traduce en un menoscabo de $ 3,400,000 la hectárea y a los terrenos cuyo VALOR POTENCIAL era 67 y que constituían la mayoría del área de nuestros predios le otorgó un precio de $ 4,509,000, cuando debió asignarles un valor de $ 7,438.000; en este caso el detrimento fue casi del orden de $ 3,000.000 por hectárea.
Esos valores ajustados a lo que realmente deben ser, representaron a la sazón un menoscabo global de casi $ 3,000 millones en el avalúo y en contra nuestra como cesionistas. Los valores o precios inferiores asignados por el IGAC a los predios de la demanda contradicen contra toda lógica, no solo a las propias experticias del IGAC, controvierten también avalúos del Ministerio de Minas a predios colindantes a los nuestros, al avalúo realizado por el perito asignado por el Juez Tercero Civil del Circuito, realizados en la misma zona y época, y también contradice a los precios de mercado de la época. De contera optaron por no otórgales ningún valor a la infraestructura de los predios que, en el peritazgo realizado en el año 2012 por el auxiliar asignado en Valledupar ascendió a la suma de $ 671.000.000, una más de las decisiones adversas a nuestros intereses.
Pero allí no paran las irregularidades: las 7 parcelas usadas por los peritos del IGAC como muestra e investigación indirecta y a fin de establecer criterios de semejanza y comparación con nuestros predios, adolecían de varias falencias a su vez: 1) solo uno, tenía VALOR POTENCIAL 55 2) 5 de esos 7 predios ostentaban la condición de CADUCIDAD ADMINISTRATIVA y 3) esa muestra carecía de legalidad, ya que correspondían a avalúos practicado en noviembre de 2007, y como se pudo constatar en documentos emanados del propio IGAC, esos avalúos habían sido derogados y sustituidos por los realizados en marzo de 2008. No está demás aclarar que estos últimos avalúos, derogatorios de los adoptados en noviembre de 2007, fueron reajustados en su valor.
El colofón de que en este gobierno las cuestiones atinentes a este proceso se han asumido con criterios opuestos a los del gobierno anterior lo constituye la circunstancia de que el suscrito, durante tres, casi cuatro años, remitió diversas solicitudes a las tres mujeres que ocuparon la Dirección General del IGAC, durante el gobierno Duque. El objetivo: dar a conocer las diversas irregularidades enunciadas, las cuales, si bien son actos exclusivos de un grupo de funcionarios, le pueden terminar generando un daño reputacional a la entidad. Desconocemos las razones por las cuales las Directoras nominadas por el gobierno anterior, jamás se dignaron contestar ni mucho menos atendernos. Cosa totalmente distinta a ocurrido con la nueva Dirección que, a escasos 4 meses de haber asumido, escucharon nuestras inquietudes y el día 13 de diciembre pasado, citaron a una ampliación de denuncia o queja disciplinaria interna interpuesta por el suscrito hace tres años, en contra de funcionarios que tienen “velas en ese entierro”. Demuestra a las claras un compromiso con la depuración y una nueva forma de asumir responsabilidades institucionales.
José Luis Arredondo Mejía