Cada 21 de febrero el país celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Esta celebración va alineada con el Día Mundial de la Lengua Materna que fue establecido por la Unesco en 1999 para promover la diversidad lingüística a nivel internacional. En Colombia la ley 1381 de 2010 tiene como objeto “garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia”. Esta norma promueve el uso y desarrollo de las lenguas nativas ya sean indígenas o afrocolombianas. Cualquier ciudadano pensaría que todos los jueces del país conocen dicha norma. Esto adquiere especial importancia para aquellos servidores que ejercen sus funciones judiciales en territorios en donde habitan comunidades de hablantes de lenguas nativas. Lamentablemente no es así y, en algunos casos, actúan en un sentido abiertamente contrario al espíritu de la ley.
En un caso llevado por el juzgado quinto penal municipal de Riohacha tres miembros de la comunidad indígena de Walinay fueron acusados por invadir tierras tituladas en favor de terceros. Los indígenas han habitado allí por décadas y tienen como prueba de su precedencia en la ocupación de dicho territorio sus viviendas, zonas de pasturaje y su cementerio con los restos de sus familiares. Una práctica extendida durante años es la de que personas no indígenas residentes en el área urbana obtienen títulos de propiedad sobre tierras en las que habitan indígenas wayuu. Las tierras se titulan sin tener en cuenta a los seres humanos que las habitan como si estos fueran parte de la flora y de la fauna del lugar.
Durante el proceso que se lleva de manera oral uno de los acusados quiso entregar a su abogado Moisés Carreño, el poder para su defensa en su lengua materna. Esta solicitud causó un estallido de indignación de la juez encargada del caso. “Estamos en Colombia y aquí se habla español”, afirmó de manera intransigente la funcionaria judicial. Contra su expresa voluntad, y la de su defensor, el indígena acusado debió firmar un poder impreso y redactado en castellano, la única lengua oficial en Colombia según lo considera la juez. El abogado de los indígenas recordó que la Ley de Lenguas Nativas establece unos derechos para las comunidades con tradición lingüística propia en sus relaciones con la justicia.
En efecto, el artículo 7 de dicha ley señala que “los hablantes de lenguas nativas que, por razones jurídicas de cualquier índole, tengan que comparecer ante los órganos del Sistema Judicial Nacional, tendrán derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán lo necesario para que, en los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. Estos hechos no ocurrieron en el siglo XVI. Se registraron el pasado 15 de diciembre del 2022 en el Palacio de Justicia de la capital de La Guajira. El acusado insiste en el derecho a usar su lengua dentro del proceso.
Hasta ahora la única respuesta de la juez ha consistido en negar ese derecho y asignar una joven policía indígena para que presencie la audiencia. Esta se mantiene como una figura totémica silente sin que se le ordene realizar traducción alguna en el juicio. Es evidente que bajo estas circunstancias los tres indígenas acusados no tienen plenas garantías en dicho proceso. Sin embargo, lo más indignante es el flagrante desconocimiento de sus derechos lingüísticos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Lenguas Nativas que, por cierto, ya tiene más de una década de haberse promulgado.
Weildler Guerra Curvelo