En las últimas horas la alcaldesa encargada de Cartagena, la bogotana Ana María González, ha dado unas declaraciones a la prensa que son tan imprudentes como contradictorias. Cuando un medio televisivo le pregunta por qué hay tantos funcionarios del interior del país en la administración distrital, ella responde calificando de cosmopolita a la ciudad, pero al mismo tiempo considera “bien provincianos” a sus habitantes. Las declaraciones se tornaron más graves cuando afirmó textualmente que “los cartageneros no se querían meter en esta vaca loca de ser servidor público porque para ser servidor público en esta ciudad se requiere de temple, firmeza de carácter y resistencia”, rasgos de los que, según se desprende de sus palabras, carecen los cartageneros.
Viniendo estas expresiones generalizadoras e injustas de quien ostenta, así sea temporalmente, el primer cargo del distrito, la indignación entre muchos cartageneros fue inevitable. Indignación que se extiende a gran parte de la región caribe. Este rechazo generalizado no se origina en que funcionarios calificados provenientes de otras ciudades ocupen cargos públicos en Cartagena, sino de que esa generosa acogida sea respondida con la arbitraria descalificación de los ciudadanos nacidos en esa histórica ciudad. Esto no se constituye en un hecho aislado. Ese tufillo mal disimulado de centralismo despótico lo han percibido con relativa frecuencia los funcionarios de otras regiones del país. Es una actitud innecesariamente arrogante frente a los gobernantes y profesionales locales. Este tipo de centralismo que se asume como civilizatorio los lleva a actuar como funcionarios de una metrópoli lejana en sus posesiones coloniales.
La responsabilidad principal no debe recaer en la alcaldesa encargada a quien los matices lingüísticos de su ciudad natal parecen haberle jugado una mala pasada al utilizar adverbios desafortunados en la entrevista. En esta situación desempeña un papel protagónico el propio alcalde de Cartagena William Dau, quien emplea hasta el abuso calificativos como “malandrines” para referirse a un número impreciso y no identificado de ciudadanos cartageneros. Todos estamos al tanto de la infortunada trayectoria de las administraciones locales de Cartagena en el manejo de los recursos públicos. Todos conocemos a esa clase política voraz y mediocre que ha distorsionado un grandioso horizonte de expectativas concebido por los cartageneros a lo largo de siglos. Nadie lo niega. Escudándose en ello el alcalde trae funcionarios de otras regiones a los que considera más honestos y eficientes que a sus propios coterráneos. El burgomaestre actual desconfía hasta la paranoia de sus coterráneos y, deplorablemente, ello parece incluir a lo mejor del recurso humano de la ciudad que gobierna.
La historia nos muestra el gran papel que los migrantes de otros países jugaron en el desarrollo de ciudades del caribe colombiano como Barranquilla. No se trata, por tanto, de simple celo parroquial. Pero es injusto, irresponsable y discriminatorio el afirmar que los cartageneros no desean asumir riesgos en el desempeño de las funciones públicas de su ciudad abandonándola a su suerte. No ahora, cuando la justicia ha puesto en libertad a la exalcaldesa Judith Pinedo, quien ha pagado una altísima cuota de sacrificio precisamente por defender los más nobles intereses de su ciudad natal.
Weildler Guerra Curvelo