Eran aproximadamente las diez y media de la mañana de un lunes del mes de mayo pasado, cuando por motivos personales decidí llegar al hotel juyasirain en Uribía. Al acercarme noté la presencia de por lo menos 200 empleados de la empresa de energía renovable “Enel Green Power”, y les confieso algo: cuando observo cosas la mente siempre me lleva a analizar el trasfondo de todo lo relacionado. No me quedo con la simple observación de lo superficial, por eso al ver a esos muchachos concentrados ahí de forma extraoficial, decidí acercarme a uno de ellos para indagar la razón de esa concentración y que sorpresa que les estaban haciendo la socialización de un despido masivo, pues la empresa ya no daba más con los innumerables bloqueos por parte de algunas comunidades indígenas.
Más de 200 hogares de manera directa dejarán de recibir ingresos, eso sin contar con los indirectos como los pagos de alquileres de bienes inmuebles y demás entradas que recibían muchos residentes en el centro urbano de Uribía. Con referencia a esto, existe algo que no me voy a cansar de repetir jamás: la desnutrición en los niños y demás fenómenos sociales que existen en esta región del país son a causa de la pobreza, pues en consecuencia de no haber ingreso en los hogares y al no existir la presencia de dinero en las familias, la alimentación se torna de mala calidad, el acceso al agua potable, la salud y demás temas básicos se deterioran.
Es difícil avanzar así, tenemos que entender algo; nuestro problema es socio-económico, los índices del Departamento Nacional de Estadística lo dicen, el trabajo de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo establece y la realidad que observamos a diario así lo ratifica.
La única salida a esto es el empleo, no hay más y para esto, debemos dejar que la inversión privada llegue al Departamento, no la podemos espantar. Hace unas semanas atrás en una charla amena con un amigo, en la cual él me confesaba que en Bogotá se respira un ambiente de prevención de la inversión privada hacia la Guajira, en palabras exactas me dijo: “la inversión privada está muy precavida por todo lo que está pasando” los constantes bloqueos, la incertidumbre y dificultades que arrojan las concertaciones en su zona rural promovida por pseudo líderes los cuales han convertido a los proyectos en asuntos de alta inseguridad con relación a la inversión de la empresa privada.
Aquí vivimos en un mundo de la doble moral, nos quejamos de la pobreza, pero le bloqueamos la entrada al capital privado generador de empleo, queremos riqueza, pero le negamos la dinámica al flujo económico que la genera, vale recordar que en Colombia el 80% del empleo formal lo aporta el sector privado, son ellos quienes llevan trabajo a las regiones, rechazar la inversión privada es darle la bienvenida al hambre y a la miseria ¿Eso es lo que queremos? Justamente escribiendo este artículo me llegaba la noticia que la empresa subcontratista CJR adherida a Enel Green Power, la cual en total despedirá a 160 trabajadores más, en los próximos días. Es una masacre laboral en una zona del país en la cual según cifras oficiales la informalidad económica está en un 90% y la pobreza en un 91%, son verdades que duele aceptar.
Aquí hay que elevar la voz, no debemos callar ante una situación tan lamentable, de mi parte envío mediante esta columna de opinión un fuerte rechazo a esos “líderes” indígenas que mediante el sofisma de lo que enmarca la supuesta lucha por los derechos del pueblo Wayüü, obstaculizan el progreso de esta región alejando la inversión privada y condenando a su mismo pueblo a la miseria en la que ha estado sumergido a lo largo de la historia, a esos líderes no les importa el fomento a la educación, la salud y el acceso al agua potable, sus intereses son meramente onerosos y si es necesario evocar un ambiente de caos como el que se está viviendo, pues lo hacen, a ellos no les interesa sino su bienestar particular, viven y tienen muchos bienes inmuebles en ciudades como Riohacha, Santa Marta, Valledupar y Barranquilla, obviamente requieren altos ingresos financieros para solventar esa vida, mientras tanto sus semejantes siguen sumidos en la misma miseria y vulnerabilidad, tal situación se le convierte al estado colombiano y a la inversión privada en un muro de contención.
Personalmente, observaba la llegada de las empresas de energías renovables a la Guajira por medio de una analogía mental en la cual imaginaba un recorrido largo dentro de un túnel oscuro en el cual después de tanto tiempo y mucha espera se vería la luz al final del camino, un destello sinónimo de empleo, de educación, salud y acceso al agua potable, pero quien iba a pensar que el principal obstáculo a esto serían unos cuantos “líderes” indígenas, quienes se supone son los encargados de llevar a sus subordinados hacia un futuro mejor, situación antagónica que es además contra natura, pues son pertenecientes a la misma raza indígena.
Estaba programado que para 2025 el proyecto parque eólico WINPESHI estaría funcionando produciendo alrededor de 205 megavatios de energía que sería comercializada para posteriormente otorgar regalías al Estado Colombiano y en consecuencia, a la Entidad territorial, así mismo a las comunidades indígenas que hicieran parte de las zonas de influencias las cuales son por construcción del parque, paso de torres de interconexión o líneas de trasmisión y paso por carros que llevan el personal de equipos interdisciplinarios compuestos por mano de obra calificada y no calificada, pero por los contratiempos con algunas comunidades esto ha sido imposible. Situación parecida ocurre con los parques ALFA y BETA con respecto a los desacuerdos en las concertaciones, la invitación es al diálogo, no a la negativa, frente a esta gran oportunidad se debe establecer un gana-gana en dónde las comunidades puedan obtener una proyección social satisfactoria y la empresa privada se sienta segura al invertir el recurso en esta zona.
La situación no está para nada fácil, las empresas privadas están en medio de una situación en dónde no solamente las comunidades indígenas están colocando obstáculos, sino el gobierno nacional, la autoridad de licencias ambientales ANLA, le negó a BETA y ALFA la licencia para las líneas de interconexión, pero no es un gran problema para el proceso porque son requerimientos que se pueden superar a corto plazo, lo verdaderamente preocupante es la actitud omisiva del gobierno nacional frente a la situación, porque hacen cómo si no existieran otros actores dentro del proceso, pues existen muchas comunidades que han desarrollado la construcción de su matriz de concertación satisfactoriamente y están a la espera de la compensación socio ambiental y sociocultural, además de quienes han sido despedidos y aunados al alto porcentaje de desempleo de Uribía, preocupa mucho está situación, no podemos callar.
Lo que más indigna de esto es que son unos cuantos los causantes, callaríamos si fuera el clamor de todo un pueblo Wayüü, pero no es así, esos pseudo líderes no pasan de diez, sus vidas transcurren entre exprimir al estado y presionar a las empresas privadas ¿De qué otra forma podrían pagar su vida de lujo en las ciudades? En consonancia con esto pienso que el enemigo más terrible que tiene el pueblo Wayüü es su bajo nivel de escolaridad, el analfabetismo los vuelve supremamente vulnerables frente esos actores insanos que siempre están observando coyunturas sociales para sacar provecho a su favor, un pueblo indígena educado tomaría otros caminos y otras decisiones, como la conciliación, por ejemplo, a esos pseudo líderes los comparo con una manada de lobos hambrientos.
No entiendo por qué asumir una posición tan aislada del diálogo con exigencias desproporcionadas cuando existe una normatividad jurídica amplia otorgada por medio de tratados internacionales adheridos al bloque de constitucionalidad, además de los artículos integrados en la constitución política de 1991, antes de esta, es decir con la constitución de 1886 tal vez la irreverencia tendría algo de razón, porque en ella no se contemplaba el respeto del estado hacia los territorios indígenas, pero ante un respaldo jurídico como el actual deberían ser las mesas de trabajo la única salida, solo esperamos que la suerte del proyecto WINPESHI sea el único y último, porque creemos firmemente en que la Guajira y más exactamente Uribía, merecen un mejor mañana.
Luís Antonio Gómez Peñalver