Se hicieron evidentes los rugidos de las piedras que el río puso a sonar desde hace meses, cuando, a gritos, se espetaban poderes y lealtades dos personas de las entrañas del triunfo de Petro, Laura y Benedetti. Para mal de nosotros, pues a todos nos tocará sufrir estos enfrentamientos judiciales, que se sumaron a los políticos con los que en forma democrática se debatía entre las fuerzas de la nación.
Ya vivimos esto, con variaciones que no son menores.
Y con pérdidas enormes para el país, desde todo punto de vista. La tozudez del mandatario, su afán de defenderse con mejores armas desde el gobierno -para eso es el poder, estúpido-, y sus acostumbrados llamados a una presión popular, en evidente minusvalía, nos ponen a considerar la posibilidad de que la parsimonia legal implique trámites que nos lleven a despedirlo en agosto de 2026.
Y las pérdidas serán infinitas. Desprestigio internacional, hoy con variantes del 94, puesto que la izquierda ha ganado espacios políticos en América y Europa con los que no contaba antes. Y con un gobierno estadounidense algo perdido del mapa político mundial.
Y las similitudes con lo de hace 30 años aparecen, con las mismas actitudes de sus protagonistas:
-César Gaviria expresa la gravedad del asunto – ¿está en duda acaso? – para luego acudir a la serenidad y el respeto por las instituciones, lo mismo que pidió en esa época, que le sirvió de argumento para no dejar que se supiera a tiempo lo del narco-flujo en favor de Samper y De La Calle.
-Samper, quien ya no tiene nada que perder, puesto que de prestigio no tiene nada, se da el lujo de sostener que lo que sucede es un distractor para evitar que Petro gobierne, por lo que le recomienda no irse.
-De La Calle, como a quien no quiere caldo, le repitieron la dosis de vincularse a campañas untadas de ilegalidades. ¡Y dizque al perro no lo capan dos veces!
-Pastrana, a quien le tocó la peor parte del ocho mil puesto que le quitaron la presidencia de Colombia, destaca la diferencia normativa de ese entonces con la de ahora: la responsabilidad es sustancialmente diferente. Ya no basta con tildar de culpable al gerente y/o al tesorero de la campaña. El candidato y su gerente comparten tarima penal en este momento, por lo que las actuaciones de todos los entes investigadores con competencia deben buscar determinar los cargos que se endilgarán a cada partícipe de la evidente mala maniobra electoral.
-Petro, por supuesto, abunda en el discurso protector de su fuero. Con una inconsistencia protuberante, la de decir que debe operar la justicia, pero al mismo tiempo sostener que nada ni nadie puede detener su lucha.
-Cepeda, Pizarro, Bolívar – mencionado por Nicolás Petro -, como buena primera línea, al igual que el Pacto Histórico que aglutinó varias fuerzas en su favor electoral, cerraron filas alrededor de su presidente y jefe, como si nada estuviera pasando, o como si la vida fuera igual que luego de las imputaciones familiares. El país no será el mismo, señores.
En el Congreso se surtirán ambos trámites, el penal y el político. En su elíptico, aparecerán las personalidades que se extenderán en largos discursos, peroratas rabulezcas y una atención ciudadana a lo que allí suceda, mucho más amplia que cuando en 1995 se surtía el proceso contra Samper. Las gentes quieren estar más enteradas y de verdad lo están. Redes sociales, telefonías y otros medios electrónicos servirán para constatar el comportamiento congresional en este embrollo. Ojalá esta vigilancia ciudadana logre la transparencia que en esa época no se pudo conseguir, pues muchos que la vivimos recordamos los actos del investigador presidencial, el inenarrable representante a la Cámara Heine Mogollón, quien hizo gala de unas condiciones no precisamente ilustradas sobre el derecho penal, para luego terminar en una votación de cierre temprano de la investigación, sin la profundidad ni probatoria ni analítica para ello.
Lo político y lo penal. Ambas esferas se intersectan en estos casos. Pero con dificultad se plasman decisiones coincidentes. El juicio político se hace también en las calles, en las conciencias de cada colombiano, incluso en las mentes de cualquier persona que en diversas latitudes se dé el lujo de mirar a nuestra patria. Con efectos que podrán verse más evidentes en las próximas elecciones, empezando por las regionales de este octubre y culminando en las congresionales y presidenciales de 2026.
Aun así, considero que las conclusiones políticas deben pasar por claras exigencias de renuncia al mandatario. No debemos padecer ese proceso lastimoso, deprimente, asqueroso, indignante, que vimos en el cuatrienio 1994-1998, durante el cual se usó el presupuesto nacional y el poder, sí, en todas sus dimensiones, para mantener al presidente en el cargo. Pregúntenle a los familiares del sacrificado Álvaro Gómez Hurtado.
No puedo cerrar esta nota sin lamentar, como sé que lo hacen miles de coterráneos, que sea el Caribe el lecho que puso a sonar las piedras del río de la ignominia. ¡Ay Caribe! ¿Hasta cuándo?