Señor presidente, Gustavo Petro Orrego, ¿para qué movilización de campesinos, en reformas agraria? La verdad, no se necesita, ni requiere de promover, acciones de participación popular, sin motivos, de un gobierno que quiere consolidar la paz.
El gobierno dispone de facultades y atribuciones, constitucionales y legales; para planificar, organizar y emprender; proyectos que vitalicen, operaciones y actividades, direccionada, a adecuación, evaluación y tecnificación de la tierra; para surgimiento territorial, de esa forma, generar producciones de alimentos y cultivos, medicinales e industriales, apoyando en asociaciones, campesinas y cooperativas agrarias.
De 18 millones de hectáreas, que sirven para explotaciones agrícolas, en diferentes lugares del territorio nacional, con modalidades: ganadera, avícola, ovina, piscícola, porcina etc. Menos de un millón de hectárea, se encuentran tecnificadas, acondicionadas para determinados cultivos, de: frutas, verduras, cereales, leguminosas, flores, algodón, café, banano, aguacate, caña, cacao y palma de aceite; entre otra.
Estamos por debajo del 10% de cantidad de tierra tecnificadas disponible, para la explotación y promoción, de emprendimientos, planificados y articulado, para cultivar en determinadas localidades y comunidades veredales; previo estudio de PH de suelo, que sirve para: clasificar, orientar, masificar y direccionar; los cultivos de consumo internos y para exportaciones.
El gobierno tiene sustento económico, para ofertar compra de tierra y destinársela, a campesinos, para producciones agrícolas. De igual forma, está reivindicando a las víctimas, predios de los cuales fueron despojados o mal vendidos como resultado de la violencia ejercidas por organizaciones criminales al margen. También tiene para repartir terrenos, sobre los cuales les decretaron extinción de dominio.
No es suficiente entregar las tierras a campesinos, sino también, facilitarle, medios e insumo, de producción, adecuaciones, suministro de fertilizantes, semillas, asistencia técnica, insecticidas o plaguicida; los cuales deben ser subsidiados, con créditos blandos, programados para utilizarlos en diferentes etapas, que concluyan con recolecciones de los productos agrícolas. En formas similares, para apoyos financieros, de producciones carnes en criaderos, de animales domésticos.
La reforma agraria debe masificarse, implementado la creaciones, de comités, en circuitos y distritos territoriales; conformados por cooperativas y asociaciones, comunitarias campesinas; que fortalezcan las operaciones agrícolas, acondicionando vías de transportes terrestres, garantizado seguridad, con protecciones policivas, centro de acopios, abastos y comercializaciones directas, de cosechas y productos agrícolas, sin intermediarios y mucho menos, sin costos de transportes; deduciendo de las ventas, el pago de créditos transferidos, por establecimientos financieros o cubriendo pagos, por anticipos de compras, comprometidas en convenios suscritos. Esa sería una forma de darle vida integral al campo para estabilizarlo, manejados por organizaciones con objetivos, integrados y engranados, para lograr asentar estabilidad y crecimientos económicos; con participaciones incluyentes, en beneficios globales y generales.
El campo está abandonado, cuando es útil, para erradicar la violencia, bajar el índice de desempleo e incrementar, ingresos tributarios, de rentas a favor de la nación. No debe seguir el abandono rural, por desidias, y desintereses, de quienes gobiernan, desde lo nacional hasta los municipales, que ni siquiera velan por subsistencias de quienes habitan los predios, a sabiendas de condiciones, precaria, marginales y paupérrima; con desatenciones, de apoyos que padecen.
Nuestros campesinos cultivan a todo riesgo, con tan mala suerte, de que muchas veces, se pierden los productos de consumo alimenticios, que necesitan las ciudades, por inclemencia del tiempo e imposibilidad de transportes. Por otro lado, las compras de intermediarios son inestables, unas veces, a precios irrisorios, para después especular las ventas sin controles, disparando precios. Los campesinos no reciben el pago total por ventas de los productos, solo le dan para cubrir el flete de transportes y el saldo pendiente, los pagan a retazos parciales, en términos diferidos.
Señor presidente, la movilización proyectada en borrador del decreto, no tiene lógica, si se persigue consolidar la paz. El presidente, tiene facultades y atribuciones, para reformar y darle un rumbo, cordial y participativos; sin distinciones, ni exclusiones. Se necesita del referido proyecto, discusión y consideración, de actores, gremiales, asociados y campesinos, a fin de estudiarlo y zanjar diferencias, con aliados y opositores, que son normales en el asunto, concluyendo de manera positiva, en términos de concertación, sectorial, popular, aprobando proyecto mediante consenso.
Tenemos una nación azotada y congestionada de violencia, que no aguanta más carga negativa. Modifique o suprima el artículo primero, del borrador puesto a consideración de la opinión pública, para flexibilizar y viabilizar el trámite, sin confrontaciones, prevenciones, ni imposiciones, que conllevan, polarización, radicalización y contradicciones sectarias, cerrando una oportunidad propicia y terminar en fracaso.
El proyecto debe respetar y proteger, derechos: colectivos, propiedad privada, trabajo y conciliación de conflictos, para controlar invasiones, como ocurrieron a principios del mandato presidencial. Más que extender adjudicaciones de tierra, se necesita tecnificar predios existentes, para producciones agrícolas, de comercialización competitivas en exportaciones.
Los ganaderos y latifundistas manifestaron desacuerdo, con el borrador del proyecto, anuncian movilizarse y defenderse, de agresiones, invasiones y ataques; justificando legitima defensas, a la vida y protección de sus bienes, generando más hechos de violencia, alejándonos de la paz. Está abierta la oferta de compra de tierra y se han materializado las ventas, mediante acuerdo suscritos con Fedegan, que debe continuar, para no paralizarla operación programada de compraventas de predios.
Martín Barros Choles