De dientes para afuera, los últimos gobiernos han manifestado su voluntad de mitigar la crisis energética en la región Caribe; sin embargo, la realidad ha sido otra. Esa insuficiencia de acciones efectivas para solucionar la grave problemática que aqueja a los usuarios de la Costa, quienes en los últimos años han sido golpeados por injustos incrementos en las tarifas de energía, es el error en el que también ha caído el actual gobierno.
A las graves dificultades que arrastraba la región, en materia de energía, antes de la división del mercado y su compra por parte de las empresas Air-e y Afinia; como la alta exposición en bolsa, la falta de mantenimiento de las redes, las fluctuaciones en el servicio, por mencionar algunas; el gobierno pasado añadió un régimen regulatorio transitorio y especial para la operación del servicio de energía con el decreto 1645 del 10 de septiembre de 2019, que se ha convertido en el peor de los perjuicios.
Seguidamente con las resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 078 del 24 junio de 2021, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), autorizó a Air-e y Afinia, la realización de un cobro retroactivo por pérdida de energía. Una carga injusta para los usuarios quienes al día de hoy están pagando tarifas excesivas. Para resumir, premiaron a los que roban y castigaron a quienes pagan por la energía.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha manifestado lo injustificable que resulta, que los usuarios de la Costa Caribe tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución, nada ha hecho para revertir el castigo que se le impuso al Caribe. Una muestra es el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) que no incluyó ningún artículo para resolver las alzas en las facturas, ni tampoco destinó partida presupuestal alguna para cubrir las pérdidas de energía y la opción tarifaria.
Las soluciones propuestas por el gobierno no han conducido a bajar el precio de la energía en el Caribe porque no abordan la raíz de los problemas. En primer lugar, apremia que el Gobierno haga las inversiones de infraestructura eléctrica que se requieren en la región, para posteriormente tumbar el régimen tarifario especial que se estableció injustamente. Por otro lado, es inaplazable que se les pague a las empresas distribuidoras la billonaria deuda que tiene la Nación por concepto de opción tarifaria, que amenaza con recrudecer el actual panorama. En conclusión, hay que meterse la mano al dril para mitigar esta crisis.
Necesitamos actos de voluntad por parte del gobierno Nacional. Tanto se ha criticado al PND de Iván Duque, que castigó al Caribe, pero nada se ha hecho por deshacer este esquema que aumenta el servicio en un 20% aproximadamente. Si el presidente Petro y sus ministros tuvieran la voluntad de lograr una reducción justa de las tarifas de energía de la Costa, sencillamente hubieran sacado este adefesio de su PND y no se hubiera aprobado, pero por el contrario, lo ratificaron y hoy se siguen cobrando las pérdidas que están haciendo un hueco en el bolsillo de las familias. La Costa Caribe demanda un gobierno de acción y tesón que no se quede en promesas.
José David Name Cardozo
Me permito presentarles 4 propuestas que, a mi juicio, podrían ayudar a reducir los costos actuales sin generar mayor controversia:
1. Transición a un mercado de despacho por mérito:
– El mercado eléctrico colombiano, a diferencia de la mayoría en el mundo, se basa en un sistema de ofertas y subastas permanentes.
– Este sistema incentiva la “codicia” por parte de los generadores, ya que el precio se fija por la oferta más alta, sin importar el costo real de producción.
– Cambiar a un mercado de despacho por mérito, como el que utilizan la mayoría de los países, mantendría la estructura de agentes privados y libre competencia, pero eliminaría el incentivo a la codicia, ya que el despacho se realizaría en orden de eficiencia y costo.
2. Implementación de medidores bidireccionales y prepago para consumidores residenciales:
– Los primeros 100 kWh/mes se entregarían gratuitamente, como parte del derecho constitucional al acceso a la energía.
– El consumo adicional se facturaría a un precio escalonado, aumentando según se incremente el consumo mensual.
– El sistema prepago permitiría a los usuarios controlar su consumo y evitar sorpresas en la factura.
– También reduce los costos de recaudo de factura con lo que se reducen costos innecesarios.
3. Fomentar la autogeneración de energía solar:
– Incentivar la instalación de paneles solares en techos de viviendas, tanto en la costa como en el interior del país.
– La energía no consumida por la vivienda se inyectaría a la red a través del medidor bidireccional, compensando el consumo en horas sin luz solar.
– Esto permitiría reservar la energía de las hidroeléctricas para su uso nocturno, optimizando su eficiencia y evitando el uso de generación térmica.
– Si en algún momento se genera mas de lo que se consume significa un ingreso extra por domicilio.
4. Implementación de sistemas de autogeneración de frío en grandes consumidores:
– Supermercados, hoteles, bancos, centros comerciales, hospitales, bancos de datos y otros grandes consumidores de frío podrían utilizar sistemas de concentración solar y/o cogeneración térmica.
– Estos sistemas aprovechan la energía solar para producir frío de forma eficiente y sostenible.
– Crear un sistema de incentivos para que estos consumidores inviertan en esta solución de “frio solar” y si no lo hacen dentro de los próximos 24 meses se les incrementa el costo de energía por consumo de frio “suntuario”
– Colombia podría incluso convertirse en un productor de este tipo de tecnologías, generando nuevos empleos.
Conclusión:
Estas son solo algunas ideas que podrían contribuir a la reducción del costo de la energía en Colombia. Estoy seguro de que, con un análisis más profundo y la participación de expertos en el sector, se podrán encontrar soluciones aún más efectivas.