Con el ingreso de Juan Fernando Cristo al gabinete de Petro, como Ministro del Interior, se completa el séquito de alfiles santistas en el “gobierno del cambio”, Roy Barreras, Armando Benedetti, Guillermo Rivera, Alfonso Prada, Gilberto Murillo y Mauricio Lizcano, son prueba incontrovertible de que Juan Manuel Santos no solo lo ayudó a llegar al poder, sino que además hace parte activa de su desgobierno.
Particularmente, este cambio ministerial significa que faltando dos años para que se cumpla su mandato constitucional, Petro pretende, como lo hizo Santos previo a las presidenciales de 2014 con el tema de la paz, instalar en la opinión pública un debate electorero sobre un asunto que, desde ya, está partiendo aguas y profundizando aún más la polarización en el País.
En 2014, la instrumentalización y el maniqueísmo discursivo entorno al proceso de La Habana, redujo el debate a una pugna entre “amigos” y “enemigos” de la paz; desde ya, con Cristo impulsando la constituyente, iniciativa que él mismo había calificado de absurda e innecesaria hace pocos meses, Petro recurrirá a la misma estrategia maquiavélica que le rindió tan buenos frutos a Santos. Además, le viene perfecto como distractor frente a los recurrentes y graves actos de corrupción, la deficiente gestión de Gobierno, la pauperización económica y social, y el deterioro de las condiciones de seguridad.
En el caso de la constituyente, Petro está adelantando varias estrategias; primero, a través del ex canciller Leyva y el ex fiscal Montealegre trató de impulsar la idea de que el preámbulo del Acuerdo de La Habana habilitaba la constituyente; luego, empezaron a usar la mesa de la sociedad civil en la negociación con el ELN para establecer unos temas que serían vinculantes; a finales de junio con el inicio de la negociación con la Segunda Marquetalia, el criminal Iván Márquez señaló la importancia de los procesos y dinámicas constituyentes para “redefinir reglas y normas que rigen el conjunto de la organización social”, y no descartan algunos, la estrategia del decreto. Lo que está claro es el riesgo de querer saltar las normas legales y constitucionales para adelantar la constituyente.
Así las cosas, como en la época del plebiscito de 2016, se hace necesaria la comunicación permanente y pedagógica, de manera que los colombianos comprendan los riesgos que la iniciativa conlleva, además de su costo cercano al billón de pesos, en momentos en que Petro ha logrado materializar con creces su pretendido decrecimiento de la economía nacional.
Por encima de ideologías, partidos, o cálculos electorales, se requiere unidad en torno a lo fundamental, la defensa de la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad; no es momento para saltos al vacío. Se requiere trabajo, audacia y coraje, porque Petro ha demostrado que no cede frente a sus pretensiones.
Como lo afirmó el presidente Uribe, “es totalmente rechazable una constituyente por fuera del marco constitucional, por aspectos fundamentales de legalidad; y adelantarla en este momento así sea legal, es totalmente inconveniente”.
“En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del ‘país político’, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre constitucional, a los cual nos oponemos”.
Paola Holguín