Hoy se cumplen dos años del ‘desgobierno’ de Gustavo Petro. Lo que fue promesa de cambio, se convirtió en un proceso ilegítimo e ilegal. Primero, por la forma en que resultó electo, y luego, por el cúmulo de escándalos de corrupción que involucran a su familia y su círculo más cercano de colaboradores.
Desde el denominado ‘pacto de La Picota’, que le aseguró el apoyo de las estructuras criminales, pasando por la financiación ilícita y la violación de topes de campaña; hasta los escándalos por los más de cien contratos del Ministerio del Deporte, el uso de polígrafo contra la niñera de Laura Sarabia, tras la supuesta pérdida de una maleta de dinero; el derroche de dineros públicos en conciertos, masajistas o equipamiento de la Casa de Nariño; la compra de apoyos parlamentarios con recursos del Fondo Nacional del Ahorro o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; el robo de más de $20.000 millones del programa de ‘ollas comunitarias’ en La Guajira; el direccionamiento de contratación para financiar grupos terroristas como el ELN; el uso indebido de los esquemas de seguridad de la UNP, para transportar criminales con órdenes de captura vigentes; o abusos como los de RTVC o la Agencia Nacional de Tierras.
De otro lado, Petro ha evidenciado su desprecio por la institucionalidad y lo incómodo que le resultan los contrapesos del modelo constitucional vigente. Así se evidencia con el ataque permanente al anterior Fiscal o a la actual Procuradora, con sus discursos incendiarios contra decisiones del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, con la descalificación a los medios de comunicación o a sus contradictores.
En cuanto a la ejecución presupuestal, en el primer semestre de 2024, de acuerdo con Corficolombiana, fue de 36,6%, 2,4% menos que el promedio de los últimos 23 años (39%); $211,6 billones, de los cuales el 78% corresponden a funcionamiento y 22% a inversión, esta última mostró su mayor caída desde 2013.
Su ineficiencia, sumada a los anuncios y medidas adoptadas, han provocado un clima de incertidumbre que ha afectado estructuralmente la economía, como lo demuestra el índice de Fedesarrollo que destaca a 2022 y 2023 como los años de mayor incertidumbre en la política económica, por encima del 2020 (año de la pandemia). El PIB pasó de un crecimiento del 12,2% en el segundo trimestre de 2022, a 0,6% en 2023 y 0,9% en el primer trimestre de 2024. De acuerdo con el Banco de la República, la Inversión Extranjera Directa ha experimentado una caída constante que promedió -22% entre abril y mayo de 2024; mientras que el consumo final ya reporta números negativos en 2024 (-0,3%) tras un consistente retroceso durante el año anterior.
En materia de seguridad, aunado al incremento de los delitos de mayor impacto, entre 2022 y 2023 se presentó un mayor control territorial de las estructuras criminales. El Estado Mayor Central de las FARC pasó de 233 a 299 municipios, el ELN de 189 a 232 y el Clan del Golfo de 255 a 392. Y, paralelamente, ha disminuido nuestra Fuerza Pública: solo en Ejército Nacional se redujeron en 2022 un 3% los oficiales y 7% los suboficiales, y en 2023 14% y 3%, respectivamente, y los soldados profesionales 17%.
Finalmente, en el tema de relaciones internacionales, ha crecido la burocracia, pero no necesariamente la cualificación del servicio exterior; y cada vez es más crítico el tema diplomático, porque se basa en la afinidad ideológica, que en ocasiones raya en complicidad criminal.
Paola Holguín