Transcurridos los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro es evidente para todos que su denominada “Paz Total”, uno de sus proyectos más ambiciosos de su programa de gobierno, ha sido un fracaso total. Sus desordenadas gestiones no se han traducido en hechos concretos que contribuyan a lograr ese propósito. Por el contrario, sus resultados se han limitado a discursos con frases rimbombantes que solo conducen a la confusión colectiva, y a la entrega de territorios y privilegios a las organizaciones criminales. Al mismo tiempo se ha debilitado el accionar de la fuerza pública, con el consecuente deterioro de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.
La improvisación del Gobierno Nacional en el desarrollo de ese proceso ha sido enorme, con un liderazgo débil e incompetente. Esa situación fue evidenciada desde el comienzo, cuando el presidente Petro se atrevió a decir que “lograría un acuerdo de paz en tres meses con el ELN”, o cuando el 31 de diciembre del 2022 anunció que había logrado un acuerdo bilateral para el cese al fuego con esa organización guerrillera, la que se encargó de desmentirlo rápidamente.
No es necesario ser un experto en negociación, de cualquier tipo, para saber y tener claro que ninguno de estos procesos para la búsqueda de un acuerdo será exitoso si una de las partes entrega todo, o gran parte de lo que le solicitan, pero no recibe, en contraprestación, nada de la otra parte que contribuya al beneficio colectivo.
La realidad hoy es que el ELN ha jugado con el Gobierno Nacional. Ha suspendido las conversaciones y ha realizado “paros armados”, con un alto costo para los habitantes de los territorios, cuando ha querido. En estos momentos no hay diálogos de paz, sino amenazas y cuestionamientos por la red social X, porque el ELN está exigiendo que el Gobierno expida un decreto para excluirlos de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), porque supuestamente así se acordó entre las partes. Por lo pronto, y en respuesta a esa exigencia, el Alto consejero de Paz Otty Patiño, respondió descartando esa posibilidad.
Adicionalmente, el ELN ha denunciado y ha solicitado que el Gobierno haga públicas las propuestas que le ha hecho en forma secreta. Sin dudas es una situación confusa que el Gobierno tiene la obligación de aclarar a la opinión pública y a los colombianos en general.
Por otra parte, las pretendidas negociaciones con las otras organizaciones ilegales, entre ellas, las disidencias de las FARC, o el Clan del Golfo y algunos grupos de Autodefensas, que reclaman tratamiento especial, tampoco tienen pie ni cabeza; hasta ahora solo han propiciado su fortalecimiento delictivo organizacional y, concomitantemente, el debilitamiento de la fuerza pública, en detrimento del bienestar de las comunidades territoriales.
Al escuchar apartes del discurso pronunciado por el presidente Petro, como un activista más, en la Asamblea Nacional de Colombia Humana, reunida en Bogotá la semana pasada, se pregunta uno si con esa agresividad y odio con el que acompañó sus palabras busca la paz o la confrontación política permanente como su principal estrategia para mantener el poder, destruyendo la democracia, las libertades y la economía nacional.
Álvaro López Peralta