Entre los temas candentes y trascendentes para la población económicamente activa del país, que sin embargo no han sido debidamente concertados con el empresariado y los gremios, se encuentra la reforma laboral a discutirse próximamente en el Congreso de la República, conteniendo 92 artículos y nueve líneas de pensamiento o principios orientadores, algunos buenos y novedosos, otros bastante dudosos y sospechosos.
Como es apenas lógico y consecuente, una reforma laboral debe apuntar a incentivar e incrementar el empleo, por un lado, y a reducir la informalidad, al tiempo que mejoran los indicadores de afiliación y cotización a la seguridad social integral, pero voces como la de la ministra chavista, Gloria Inés Ramírez, que no le da importancia a la generación de nuevos empleos sino al tránsito del país y del sector hacia los derechos de los trabajadores, bajo una dimensión de trabajo digno y decente, lo que conceptualmente está “políticamente correcto” y es indudablemente plausible, pero que de entrada sesga los alcances y objetivos de las relaciones laborales y no genera confianza en la contratación.
A pesar de que en la actual estructura de costos laborales un incremento del 100% en recargos nocturnos y dominicales, así como el cambio en la jornada de 7:00 pm., a 6:00 am., ocasionará un gran impacto que iría a desincentivar la contratación traduciéndose en mayor desempleo, esto se puede discutir e intentar llegar a acuerdos, con la propuesta de los gremios en crear jornadas de trabajo diferenciales en actividades o ciudades que por su naturaleza y/o dinámica económica, lo ameriten. Igualmente, es de buen recibo la cotización a tiempo parcial; esto es, formalizar los trabajos y oficios por días u horas que no alcanzan el tope del salario mínimo.
Hay otros aspectos consecuentes y novedosos como la promoción de empleos verdes y azules, la reconversión laboral en las competencias de los trabajadores en los procesos empresariales de descarbonización y la protección de las relaciones de trabajo a distancia, teletrabajo y los trabajadores de plataformas de reparto.
La gran preocupación aparece en establecer, como regla general, la contratación indefinida y la excepcionalidad en la contratación a término definido y por obra o labor contratada, así como el aumento de la indemnización por despido sin justa causa. Otro tema problemático será el relacionado con la tercerización, en el evento de que un contratista despida a su trabajador, estos podrán demandar a la empresa contratante, quien deberá indemnizarlo con un salario mínimo legal mensual vigente por 12 meses, luego del reintegro. Por supuesto, ningún posible contratante querrá acudir a la tercerización, que ha sido un sistema con buena operación, eficiencia y cobertura para cierto tipo de labores y sectores de la producción; desapareciendo prácticamente esta modalidad de contratación, en perjuicio de un número importantísimo de trabajadores.
Otros puntos preocupantes, porque realmente lo hace obligatorio y proletariza la naturaleza y el objetivo del vínculo laboral – pedagógico, es lo relativo al contrato de aprendizaje con derechos, que centra la práctica en una obligación laboral de corto plazo a favor del aprendiz, independiente a su resultado y experiencia; como también preocupa todo lo relacionado con los aspectos de libertad sindical y la prioridad en establecer reglas igualitarias y de no discriminación en el trabajo, bajo el arbitrio y la vigilancia del Ministerio del Trabajo que, aunado a las presiones de las organizaciones sindicales con injerencia consultiva, decisoria y organizacional, será un foco de conflictos entre las partes, con clara desventaja para el empleador, para los trabajadores de confianza y el empresariado.
La sospecha viene dada en cómo este gobierno ha manejado y respetado las relaciones de trabajo en cualquiera de sus ámbitos, empezando por uno de sus funcionarios de mayor nivel, Laura Sarabia Torres, quien incumplió con los pagos a la seguridad social de su niñera y empleada doméstica Marelbys Meza Buelvas, quien además, fue sometida a una verdadera tortura y seguimiento ilegal por parte de confesos policías, por asuntos relacionados con pérdidas de importantes sumas de dinero que involucran a esta funcionaria y al mismo presidente Petro, en investigaciones abiertas, aunque paquidérmicas, que han cobrado vidas y que aún deben esclarecerse. La empleada del servicio de Nicolás Petro, el hijo del presidente investigado por enriquecimiento ilícito, en el curso de la investigación en la Fiscalía contra su ex empleador, declaró sin atenuantes que el señor Petro le pagaba menos del mínimo legal, sin ninguna otra prestación social y en efectivo.
El gerente de RTVC, Hollman Morris, campeón mundial de acusaciones y señalamientos misóginos, amigo muy cercano del presidente, ahora traslada esas conductas a situaciones de acoso en el ámbito laboral, donde las trabajadoras ejecutivas de la entidad que han renunciado, se han quejado públicamente de discriminación, hostilidad, persecución, exceso de trabajo y jornada, por ser los acosados, funcionarios de la anterior administración, lo que le ha valido la apertura de un proceso preliminar ante la Procuraduría, al cuestionado petrista.
Adriana Mejía, gerente general de Artesanías de Colombia, una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, y cercana al petrismo, según denuncias de los mismos trabajadores, se caracterizó desde un principio porque grita, insulta en público y amenaza con despido a los empleados de la entidad, causando en varios de ellos afectaciones psicológicas y renuncias forzadas por hostigamiento. Ha creado una clasificación interna entre los funcionarios: los aliados y los enemigos del Pacto Histórico, a quienes rotula de corruptos, abiertamente.
Los ministros de Salud, Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo han sido señalados por funcionarios de esa cartera de implementar un régimen de terror de acoso laboral desde el inicio del gobierno petrista, siendo afectados los empleados en su salud mental y en su dignidad, por lidiar con una sobrecarga de trabajo que los obliga a cumplir horarios diarios hasta las nueve de la noche y llamadas de sus jefes hasta bien entrada la noche, así como los constantes hostigamientos y persecuciones por ser considerados “enemigos de la reforma a la salud”.
Finalmente, en casa de herrero cuchillo de palo, parece ser el slogan de la Ministra del Trabajo chavista Gloria Inés Ramírez, quien ha debido paliar con quejas de directores territoriales y otros funcionarios, quienes se sienten perseguidos y acosados por la ministra para que renuncien a sus cargos, por criterios meramente ideológicos o políticos. El pasado 18 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de investigaciones contra funcionarios de cinco entidades del orden nacional, presuntamente involucrados en casos de acoso laboral y hostigamientos, entre ellas funcionarias señaladas de la estropeada ECOPETROL, que ya se convirtió en un lugar muy desmotivador para trabajar.
En fin, creer en estos adalides del mejoramiento de los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, en ambientes dignos y de calidad, es otro chiste malo y trillado en las extensas historias utópicas del progresismo destructor. Una reforma laboral de estas características planteadas, será el instrumento idóneo para convertir el derecho colectivo e individual del trabajo, en otra forma de lucha que completará el decrecimiento del sector productivo y el empleo en general.
Luis Eduardo Brochet Pineda