Adivinen que rubro de los presupuestos públicos (nacionales y territoriales) nunca tiene problemas de ejecución y se gasta “toditico” antes del 31 de diciembre de cada año. Sí, el de gastos de funcionamiento.
Y para el gasto de funcionamiento rara vez hay restricción de caja en los planes de ministros y secretarios de Hacienda. ¡Obvio! No van a dejar de pagarse el sueldo. Ni el de los que trabajan cerca a ellos y el de todos los lagartos que han nombrado o les han dado contraticos.
Primero lo primero. Que la Toyota esté tanqueada y el chofer disponible. En muchos municipios de la costa y otras regiones, de los gastos de funcionamiento se deja de pagar la luz y a veces el agua, para con esa parte de los gastos de funcionamiento puedan nombrar al “primo”, que puede resultar siendo “primo” de un juez que hace años dijo que no se le podía cortar la luz a las entidades y hospitales públicos. Y así, Colombia inverosímil.
El caso emblemático reciente es el del ICETEX. No hay recursos para cumplir la misión de la entidad, que es la de prestar recursos para que jóvenes colombianos puedan acceder a la educación superior. Nada, ni un centavo hay y, dice el ministro de Hacienda, ni si quiera han pedido el dinero para anotarlos en el PAC, el Plan Anual de Caja que es la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional o sea lo que pueden girar el mes entrante. Para los cerca de 30.000 chicos usuarios de crédito no hay suficientes recursos para girarle a las universidades.
¿Pero alguien ha escuchado que Minhacienda deje de girarle a la entidad los gastos de funcionamiento? Eso si ¡ni hablar! Todos al día. Una entidad como esta, que le resta al país, a la educación y a los sueños de sus beneficiarios, siempre está al día con su burocracia y sus gabelas y contratistas de pacotilla.
Colombia ha venido aumentando desaforadamente aumentando su gasto de funcionamiento, tanto en el nivel central como territorial y descentralizado. Llevarle las cuentas a esto no es tan sencillo y, por lo menos, la llamada ley de los semáforos, la ley 617 de 2000 (con la que en su momento desde Minhacienda se logró el saneamiento de cientos de municipios y departamentos quebrados) algo se controla el gasto de funcionamiento territorial dentro de los presupuestos locales.
Pero en lo nacional el crecimiento del gasto de funcionamiento es desaforado. Bajo este gobierno ha sido peor que antes sin duda. En la práctica es la única política que avanza de verdad de Petro y el Pacto Histórico, y pensaría que es la única que verdaderamente le interesa a los mandarines de Casa de Nariño. Creen, y pueden tener razón, que la burocracia, sobre todo la que logren nombrar en propiedad, les dará una ventaja estructural en las elecciones de 2026 y, por lo menos, con seguridad sus alfiles nombrados y en carrera harán imposible gobernar al sucesor de Petro.
El cínico y sinvergüenza Bonilla plantea, en un presupuesto 2025 abiertamente desfinanciado, elevar los gastos de funcionamiento a 327,9 billones, alcanzando la participación récord del 62,7% del presupuesto. Entre 2022 y 2025 el gasto de funcionamiento tendrá así un crecimiento del 55,1% (en 2022 fue de 211,3 billones y representó el 59% del presupuesto) a expensas de la inversión pública, que es cada vez más crucial a la luz de la recesión económica y el derrumbe de la infraestructura pública agravado por la ola invernal. Para Bonilla, la emergencia invernal se atenderá con mercados y cobijas como siempre. No esperen los damnificados inversiones que los protejan del próximo invierno, porque no las habrá.
Pero, en justicia y sobre todo para darle relevancia conceptual e histórica a este problema, el crecimiento desaforado del gasto de funcionamiento viene desde los gobiernos anteriores a Petro. En 2010 representaba 83 billones y un 56% del presupuesto y viene subiendo sin parar en valores absolutos y participación.
En relación con el PIB, el crecimiento es peor aún a medida que aumenta la carga tributaria sobre el sector privado. Sobre un PIB aproximado de 573 billones en 2010 el gasto de funcionamiento representaba el 14,5% del PIB. En relación al PIB 2023 el gasto de funcionamiento deseado por Petro representará el 29,4% del PIB.
Nos dicen que no se puede tocar el gasto de funcionamiento. Que genera empleo, que representa la seguridad, la justicia, la educación, el aporte a la salud y la marcha de las instituciones.
Pero la ciudadanía vive en zozobra por la creciente falta de seguridad y dedica mayores recursos personales para protegerse. La inoperancia de la justicia, a pesar de los esfuerzos de los jueces, es demoledora y fuente de más violencia y costos económicos por falta de resolutividad de las relaciones sociales y contractuales. Del fracaso de la educación, a pesar de que hagan más fáciles las pruebas Saber, ya nadie quiere hablar y seguimos ocultando los demoledores efectos del analfabetismo funcional en la productividad nacional. En la salud, el enorme subsidio del régimen subsidiado sostiene el sistema, pero la “institucionalidad” del ministerio, el Invima, el INS o la Supersalud poco o nada aportan a la mejora de indicadores. Sobre la utilidad de nuestras instituciones reflejadas en las ramas del poder público, los ministerios y departamentos administrativos, basta con mirar los bloqueos constantes de vías, pozos, minas e instalaciones a lo largo y ancho del país, las inundaciones de todos los inviernos, el colapso de puentes y vías para entender que, si bien su funcionamiento es cada vez más costoso, su aporte y eficacia es cada vez menor, cuando no inexistente.
Y es por ese mal gasto y sus mínimos efectos, que la gente vota mal y con rabia. Así que estando lleno el partidor presidencial, de lo que habría que hablar es por donde empezarán a cortar ese mal gasto.
Enrique Gómez Martínez