A pesar de las presiones indebidas, los agravios y las amenazas del presidente Petro, la Comisión VII del Senado, demostrando su valerosa autonomía, concomitante con la independencia de poderes que establece la Constitución Política, con una votación de 8 por el sí y 6 por el no, aprobó el archivo de la reforma laboral que previamente había aprobado la sumisa Cámara de Representantes, influenciada por las irresistibles dadivas otorgadas en por el Gobierno Nacional.
No fueron suficientes para amedrentar a los Senadores las reiteradas convocatorias a los que el presidente considera su “pueblo”, invitándolos a rebelarse y tomarse las calles y vías con amenazantes movilizaciones, ni el anuncio de una costosa e innecesaria consulta popular, o populista como dicen muchos, para defender las reformas sociales propuestas por el Gobierno.
Pero es que más allá de incrementar los recargos por el trabajo nocturno -ampliando un par de horas de este horario- el aumento de los recargos por trabajo realizado en días festivos y dominicales -que extrañamente muchos miembros del Pacto Histórico, entre ellos el presidente y senadores, llaman “horas extras”- y otorgar algunos permisos y licencias coyunturales, entre otros, esta reforma no planteaba soluciones a los serios problemas de los trabajadores informales -que actualmente suman más de 13.3 millones- ni creaba oportunidades de nuevos empleos para tantos desocupados existentes en el país.
El Gobierno Nacional, fiel a su estilo dictatorial e insultador, no fue capaz de propiciar el diálogo para buscar solución a las diferencias con los Senadores. Por el contrario, fue displicente con las sugerencias y advertencias que se le hicieron, entre ellas las conclusiones del estudio del Banco de la República que indica que la reforma planteada originaría la pérdida de más de 450.000 empleos.
Ahora el presidente Petro mediante discursos veintejulieros contra los Senadores, los alcaldes de las principales ciudades del país -a los que llama alcaldes de la muerte, porque según su chocante forma de pensar “no saben defender la vida”- y en general a todos los sectores que se oponen a sus planteamientos populistas, ha anunciado que continuará alimentando la polarización y el odio entre los colombianos con el único propósito de mantenerse en el poder en cuerpo ajeno.
Continuará incumpliendo sus deberes, abusando de sus derechos y extralimitándose de las funciones contenidas en la Constitución.
En realidad, poco le interesa gobernar. Continuará incurriendo en sus conflictos de intereses, como el de ordenar el pago de remuneración oficial por servicios no prestados solo con el propósito de que los empleados públicos asistieran a la marcha del extraño día cívico del pasado 18 de marzo que promovió.
Vale la pena precisar que un conflicto de intereses se presenta cuando el interés personal de un individuo, en este caso el presidente, entra en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuando un interés secundario puede influir en su juicio y acciones.
Con su actitud permanente de confrontación e insultos contra los que se oponen a su gobierno el presidente sigue incumpliendo el articulo 188 de la Constitución Política de Colombia pues no está simbolizando la unidad nacional ni está garantizando los derechos y libertades de todos los colombianos.
Álvaro López Peralta