El término DESCERTIFICACIÓN traduce, en el contexto de las relaciones políticas internacionales, de que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce que Colombia cumpla de manera adecuada y convencional, con los compromisos internacionales en áreas críticas, como ha sido la lucha contra el narcotráfico u otros acuerdos clave.
La actual canciller de Petro, inclusive, ve muy cerca esta posibilidad para septiembre del presente año.
Recordemos que en la primera administración Trump esta situación pudo darse, pero gracias al apoyo de muchos aliados y del propio gobierno colombiano, se logró evitar.
A partir del año 2023 el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia se disparó a cifras no conocidas anteriormente. En un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, los esfuerzos del gobierno colombiano han sido muy pobres e insuficientes y, apoyados en cifras de la ONU, afirma que a la fecha estos cultivos ilícitos superan las 270.000 hectáreas.
La respuesta del gobierno Petro a estas amenazas reales son siempre las mismas del trasnochado discurso de la desigualdad o la compensación social a campesinos cocaleros: subsidiarlos, lograr una erradicación “estratégica”, diversificar con alternativas económicas mayormente productivas, obras públicas, educación, etc., etc., etc.
Esto es, fábulas llenas de buenas intenciones y clásicas promesas “progresistas”, pero con cero resultados de efectividad y creciente agravamiento del problema, que arrastra una escalada de violencias no ocurridas en los últimos cuarenta años.
Las interceptaciones, destrucción de laboratorios e incautación de la droga, ha sido un esfuerzo del gobierno regional y local, en coordinación con las Fuerzas Militares, a pesar del gobierno Petro y sus colaboradores que solo entorpecen.
Las consecuencias para el país de una descertificación con nuestro primer socio comercial, serían:
- Mayores aranceles o aranceles diferenciales.
- Mayor restricción para los colombianos en obtención de Visas y movilidad hacia los Estados Unidos.
- Sanciones financieras y obstáculos para la firma de acuerdos comerciales o acceso a la banca internacional de desarrollo.
- Dejar de recibir recursos de cooperación, entre los que se cuentan los programas de apoyo a las fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y el comercio ilícito transnacional de drogas y el fortalecimiento institucional de intercambio de información, logística y estrategias bilaterales.
- Alejamiento y ruptura de las relaciones diplomáticas.
- Impacto desfavorable y negativo para Colombia en el ámbito internacional.
Desde la posesión del presidente Trump, el pasado 20 de enero, han ocurrido una serie de eventos desafortunados que cada día ahondan la brecha institucional y diplomática, así como personal, entre los dos gobiernos:
Una primera desavenencia fue la oposición de Petro, en aquella madrugada alocada, a las políticas migratorias de los Estados Unidos y las deportaciones de colombianos ilegales, que generaron una tensión insalvable durante catorce horas que estuvo a punto de terminar en una abrupta, irresponsable y caótica ruptura de relaciones entre ambos países.
Ha continuado la ponderación y defensa pública del cultivo de coca y su procesamiento, por parte de Petro, en diversos escenarios, tanto nacionales como internacionales (Honduras, CELAC), responsabilizando a los Estados Unidos de su consumo y pontificando que el alcaloide es menos dañino que el “guisky”, u otra adicción. Además, vislumbrando una especie de bloque aliado de países “progresistas” de izquierda de América Latina, que defiendan la “cultura de la coca”, combatan en bloque las medidas arancelarias del gobierno Trump y que además, sea un bloque de apoyo económico y político para las democracias de Haití, Nicaragua y Venezuela.
Finalmente, de momento, ha sido la torpeza de comunicar a la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, de visita oficial en Colombia hace pocos días, para trazar rutas de acciones concretas y efectivas en la lucha con los grupos narcotraficantes y el desbordado cultivo, de que la solución al problema era llenar de amor a los marginados venezolanos delincuentes y demás criminales, y no combatirlos ni eliminarlos. En fin, toda una perorata insulsa que ha ratificado la decisión del gobierno colombiano de no apoyar la política antidrogas de Trump, mientras le “maman gallo” para distraerlo… o al menos, eso cree este presidente.
La reacción inmediata como respuesta a los lineamientos del gobierno de los Estados Unidos, ha sido una desordenada planificación de erradicación manual con glifosato (tema que fue intocable e irreconciliable durante la campaña presidencial petrista), lo que no servirá de nada y ni siquiera, apostaría, se adelantará.
Si la decisión sobre el tema de la certificación se tomara en estas fechas, Colombia regresaría, indefectiblemente, a la lista negra de los países parias; al estatus de un narcoestado platanero.
Luis Eduardo Brochet Pineda