El 11 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el Decreto 639, un acto administrativo que convocó a una consulta popular para revivir la reforma laboral, hundida en el Congreso, específicamente en la Comisión Séptima del Senado, en marzo del mismo año. Este decreto, respaldado por todo su gabinete de ministros, ha desatado una tormenta política y jurídica, siendo catalogado por algunos como un paso hacia la participación directa del pueblo y por otros como un desafío a la separación de poderes y la institucionalidad democrática.
La fecha elegida para la consulta, el 7 de agosto de 2025, coincidente con el tercer aniversario de la posesión de Petro, añade un simbolismo político que intensifica el debate. Este artículo explora los detalles del decreto, su contexto, las reacciones que ha generado y las implicaciones para el futuro de Colombia. El contexto: polarización y reformas estancadas Desde su llegada a la presidencia en 2022, Gustavo Petro, considerado el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha enfrentado serios obstáculos para implementar su agenda de reformas sociales, que incluyen cambios en los sistemas laboral, de salud y de pensiones. La reforma laboral, en particular, buscaba fortalecer las garantías sindicales, aumentar el recargo nocturno, ampliar la licencia de paternidad y regular el trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, su trámite en el Congreso se vio frustrado por la oposición de sectores empresariales y políticos, quienes argumentaban que las propuestas eran anti técnicas o perjudiciales para la economía.
Tras el rechazo de la reforma en el Senado, Petro anunció su intención de llevar la iniciativa directamente al pueblo mediante una consulta popular, alegando que el Congreso había bloqueado la voluntad popular expresada en las elecciones de 2022 y las protestas sociales de 2021. En una alocución televisada el 3 de junio de 2025, el presidente afirmó que el Senado incurrió en “irregularidades” durante la votación, como cerrar el proceso sin permitir el voto de una senadora y cambiar el sentido de un voto, lo que, según él, justificaba la convocatoria por decreto.
El Decreto 639 de 2025, firmado el 11 de junio, convoca oficialmente a una consulta popular con 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral. Estas preguntas, descritas como las “iniciales” de la propuesta original, abordan temas clave para mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. Para que la consulta tenga efectos jurídicos, debe participar al menos un tercio del censo electoral (unos 13.6 millones de votantes), y cada pregunta debe ser aprobada por más de la mitad de los participantes. Petro defendió la medida como un ejercicio de democracia directa, argumentando que “el pueblo es el dueño del poder político en Colombia” y que el Congreso, al bloquear la reforma, violó los principios de participación ciudadana. El decreto establece que, de aprobarse las preguntas, el Congreso tendrá dos períodos legislativos para convertirlas en ley; de lo contrario, el presidente podría promulgarlas por decreto, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El gobierno sostiene que el artículo 104 de la Constitución permite al presidente convocar una consulta popular con la firma de los ministros y el concepto previo favorable del Senado. Sin embargo, Petro argumenta que, al no emitirse un concepto favorable en el plazo de un mes, el Ejecutivo queda habilitado para actuar directamente, basándose en una interpretación jurídica respaldada por figuras como el ex fiscal Eduardo Montealegre.
Una tormenta política y jurídica La firma del Decreto 639 desató una ola de críticas y acciones legales inmediatas. La oposición, liderada por figuras como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y el expresidente Iván Duque, calificó la medida como “inconstitucional” y una “amenaza al orden democrático”. Argumentan que el presidente está usurpando funciones del Congreso, violando el artículo 104 de la Constitución, que exige la aprobación previa del Senado para convocar una consulta popular. El mismo día de la firma, senadores como Jota Pe Hernández y Daniel Briceño radicaron demandas ante el Consejo de Estado, solicitando la suspensión inmediata del decreto mediante medidas cautelares. calificaron el decreto como “groseramente inconstitucional”, argumentando que el Ejecutivo no puede pasar por encima del Legislativo en materias que requieren aprobación parlamentaria. Incluso aliados cercanos, como el exministro Juan Fernando Cristo, consideraron la decisión un “grave error” que pone en riesgo la institucionalidad.
Por otro lado, sectores afines al gobierno, como el usuario de X @CelioNievesH, celebraron la medida, instando a la ciudadanía a votar “12 veces SÍ” el 7 de agosto para apoyar el bienestar de los colombianos y reducir las desigualdades. Sin embargo, críticos como @LagrimasDZurdos y @fergiraldow acusaron a Petro de actuar como un “dictador” y de perpetrar un “golpe de Estado” contra el Congreso.
El Decreto 639 plantea un precedente inédito en la historia reciente de Colombia, al recurrir a un mecanismo de participación ciudadana para sortear el Congreso. Sin embargo, su viabilidad jurídica está en entredicho. El Consejo de Estado, y no la Corte Constitucional como afirmó Petro, será el encargado de revisar las demandas contra el decreto, dado que se trata de un acto con fines electorales. Precedentes como la consulta anticorrupción de 2018 sugieren que la Sección Quinta del Consejo de Estado podría anular el decreto si encuentra que no cumple con los requisitos constitucionales. Además, la consulta enfrenta desafíos prácticos. Lograr la participación de más de 13.6 millones de votantes en un país con alta abstención electoral es una tarea titánica. La polarización política, exacerbada por este decreto, podría dificultar la movilización ciudadana, mientras que el sector empresarial, representado por Fenalco, ha advertido sobre una “deriva autoritaria” que podría desestabilizar la economía.
El Decreto 639 de 2025 no es solo un acto administrativo, sino un reflejo de las tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía en un momento crítico para Colombia. Para Petro, es una apuesta por empoderar al pueblo frente a lo que considera un Congreso obstruccionista. Para sus críticos, es un paso hacia el autoritarismo que amenaza la separación de poderes. El desenlace de esta controversia dependerá de las decisiones judiciales y de la respuesta de la ciudadanía el 7 de agosto. Mientras tanto, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido días antes de la firma del decreto, añade un trasfondo de violencia política que complica aún más el panorama. Colombia enfrenta ahora el desafío de preservar su democracia en medio de la polarización, la desconfianza institucional y la lucha por definir quién tiene la última palabra.
Antonio Pinzón