Con la ley 1473 de 2011, modificada a su vez por la ley 2155 de 2021, se estableció en Colombia la denominada REGLA FISCAL.
Los antecedentes de esta figura, tanto a nivel nacional como internacional, nos llevan a mediados de los años ochenta del pasado siglo, cuando se diseñaron las reglas de responsabilidad fiscal; esto es, los parámetros y normas a la que deberían plegarse los responsables que administraban y definían la política fiscal del país, no quedando al arbitrio de los Ministros de Hacienda, presidentes y organismos adscritos, como era la costumbre en la administración pública de entonces.
La razón de fondo, objetivamente, es la de limitar la deuda y el déficit fiscal, como variables macroeconómicas y de política monetaria que reflejan un estado de salud ante los mercados, evitando decisiones erróneas, irresponsables y excesivas en la hacienda pública, por parte del gobierno. Además, esta REGLA FISCAL contiene una clara condición emergente: puede solicitarse o invocarse solo cuando existan eventos extraordinarios o cuando se comprometa la estabilidad macroeconómica del país. De hecho, ello lo vivimos hace un lustro, cuando se utilizó el mecanismo en los eventos de la Covid 19 de 2020, por el gobierno Duque.
En esas circunstancias extraordinarias e imprevisibles, se daba la condición.
Por supuesto, la REGLA FISCAL es flexible y permite la “cláusula de escape”, para suspender, como ha ocurrido por parte del gobierno para los próximos tres años, el cumplimiento de la misma; pero, como se ha dicho, debe acontecer un evento extraordinario para que ello sea jurídicamente aceptado, lo que en este caso, no ha ocurrido. Así lo ha dejado claro el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), en concepto no obligante ante el Ministerio de Hacienda.
Dado lo anterior, y mientras se demanda por falsa motivación ante el Contencioso Administrativo esta declaratoria – lo que ya ocurrió esta semana por parte del doctor Pedro Nel Ospina, expresidente de Colpensiones – el desastre fiscal se acrecentará, porque este gobierno se quedó sin caja y lo único a que destinarán los recursos será para un mayor endeudamiento con cero ajustes al enorme gasto público actual, que ya ahoga por completo el erario.
En términos relativos, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC), se estima en 61.3% del PIB (Producto Interno Bruto), en 2025, y llegará al 63.8% del PIB, en 2027; ahora, en términos absolutos con otra ecuación, también quiere decir que el déficit presupuestal pasó de 34.9 billones en 2023 a 63.2 billones en 2024. ¡Un desastre monumental!
Mientras este desbarajuste se oficializaba, la agencia calificadora S&P Global redujo la calificación crediticia soberana a Colombia, con lo cual los títulos de deuda pública colombiana dejan de ser grado de inversión, para denominarse grado especulación. De igual forma, la agencia Moody´s, también redujo la calificación de Colombia. Las razones para estas decisiones de las calificadoras, entre otras, se basaron en el creciente deterioro de las finanzas públicas, la suspensión de la REGLA FISCAL y un mayor deterioro en la seguridad nacional, que debilita y socava las instituciones.
Esto significa que deberemos pagar más interesas por esa deuda pública y habrá menos recursos en el presupuesto nacional, para llevar adelante los programas e inversiones sociales que necesita el país, ya sea en materia de salud, educación, vivienda y demás.
Ante tamaña ilegalidad, imprudencia e irresponsabilidad con los recursos públicos, la ciudadanía se pregunta: ¿Dónde está la Procuraduría… las investigaciones disciplinarias o penales que sean procedentes contra estos funcionarios públicos, no existen, es la burla continuada?
Pero como es paisaje habitual en este gobierno, cada día el ciudadano se despierta mirando absorto otro escándalo mayor que el anterior; y en este caso, un escándalo muy delicado que ha venido a apagar el incendio que nubla el panorama fiscal de Colombia para los próximos años.
Este nuevo escándalo, que nos resistimos a considerar siquiera en su variable de determinador o sospechoso de los hechos, es la visita misteriosa que el presidente Petro hizo a la población de Manta, Ecuador, sin ninguna notificación al Congreso de la República y, aparentemente, sin información alguna a la Cancillería o Ministro Delegatario u otro funcionario, sobre este periplo denominado “agenda privada” (figura populachera e inexistente), y que lo relaciona con la mafia narcotraficante ecuatoriana, vinculada a un magnicidio y conectada, según la inteligencia policial y militar de nuestro país vecino, directamente con el atentado a MIGUEL URIBE TURBAY.
En el año 2023 cae asesinado el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio – quién señaló a la campaña Petro y a su familia de vínculos estrechos con criminales – de manos de esta mafia narcotraficante, asociada con el delincuente alias “Fito”, con quien supuestamente se reunió el presidente colombiano durante dos días en Manta, encerrado en una lujosa mansión, como aseveran funcionarios ecuatorianos y los medios de comunicación de ese país. A inicios del pasado mes de junio, el presunto propietario de dicha mansión aparece asesinado en un cementerio y días después, ocurre el terrible atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Ello, ha levantado toda una serie de teorías y conjeturas a nivel regional que sería muy prudente e imperioso que se aclararan, por parte de la Casa de Nariño, con todo detalle de argumentos justificativos, modo, lugar, identidades y hechos coherentes, por respeto a la investidura presidencial.
Hasta la fecha, solo tenemos cortinas de humo – léase golpe de estado del octogenario Leyva Durán, freno a la extradición de alias “Mocho” Olmedo, renuncia de Laura Sarabia, las leguleyadas filosóficas de Montealegre y otros chistes “literarios” – que no tendrán la capacidad de sofocar el fuego en la creciente sospecha de un presunto e impensado Estado fallido determinador de crímenes de lesa humanidad.
Luis Eduardo Brochet Pineda