El debate sobre el contrato de pasaportes en Colombia ha pasado de ser un tecnicismo administrativo a convertirse en un termómetro político que mide la transparencia, la planificación estatal y la capacidad del gobierno para generar confianza. Las respuestas entregadas por la Cancillería a la Comisión Segunda de la Cámara, aunque extensas y aparentemente estructuradas, dejan más preguntas que certezas.
En teoría, la figura de la «urgencia manifiesta» bajo la cual se firmó el contrato con Thomas Greg & Sons es legal. Pero una cosa es lo legal y otra lo legítimo. ¿Realmente era necesario llegar a ese punto? ¿Se agotaron todos los mecanismos de licitación regular, o esta fue una forma de imponer una decisión ya tomada bajo el manto de la premura? La transparencia no solo se demuestra con el cumplimiento de la norma, sino también con la claridad de las intenciones.
El hecho de que el memorando con Portugal clave para entender el nuevo modelo de producción de pasaportes esté bajo reserva de confidencialidad es otro punto alarmante. En un país como Colombia, donde la opacidad ha sido terreno fértil para la corrupción, reservar información bajo el argumento de la seguridad o la confidencialidad solo alimenta la desconfianza ciudadana.
Tampoco se puede pasar por alto la jugada política: la adjudicación, la demanda millonaria de Thomas Greg & Sons, el acuerdo con Portugal, y la participación de la Imprenta Nacional parecen moverse como piezas de un ajedrez que ya tenía definida su partida antes del primer movimiento. En esta dinámica, los ciudadanos esos que necesitan renovar sus documentos para viajar, trabajar o estudiar quedan atrapados en medio del juego, pagando las consecuencias de decisiones tomadas en escritorios lejanos.
Por eso, el control político que se ejerce desde el Congreso es necesario y bienvenido, pero no suficiente. Colombia necesita una Cancillería que no solo actúe conforme a la ley, sino que también comunique con claridad, construya confianza pública y evite alimentar el ciclo de sospechas que tantos daños ha causado a la institucionalidad.
En definitiva, lo que está en juego no es solo un contrato o unos documentos de identidad. Es la credibilidad de un gobierno que prometió romper con el pasado y gobernar desde la transparencia. Pero si sigue apostando por decisiones de espaldas al país, no estará renovando pasaportes… estará renovando desconfianzas.
Breiner Robledo Meza