En Colombia, la violencia política vuelve a golpear de la forma más cruel: asesinando a un líder en plena campaña presidencial. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato, murió el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto público en Bogotá. Su muerte no es solo una tragedia personal; es una señal de alerta sobre el deterioro de la seguridad y la fragilidad de nuestra democracia.
En la historia reciente del país, cada asesinato político ha dejado cicatrices profundas. La lista más dolorosa ahora suma tres nombres: Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y Miguel Uribe Turbay. Tres líderes que, con sus propias posturas y visiones para Colombia, compartían una misma causa: liberar al país de la narco-opresión que ha corrompido instituciones, destruido comunidades y enlutado generaciones.
Galán denunció de frente al narcotráfico cuando otros callaban. Gómez expuso sin miedo los pactos oscuros que lo sostenían. Uribe Turbay, desde una nueva generación, señalaba cómo el poder criminal seguía infiltrándose en la política y frenando el desarrollo del país. Los tres entendieron que sin derrotar a la narco oligarquía no habría democracia real, y por eso fueron eliminados.
Miguel Uribe no era un político improvisado. Formado, con experiencia como concejal, secretario de gobierno y senador, representaba una corriente de oposición firme al actual gobierno de Gustavo Petro. Su candidatura tenía potencial para unir sectores moderados y construir un proyecto político capaz de enfrentar al crimen organizado y a sus aliados. Su asesinato no es un hecho aislado: es el número 97 de líderes políticos y sociales asesinados en lo que va del 2025. El mensaje es claro: en Colombia, la política sigue siendo un riesgo mortal cuando se desafía a la narco oligarquía que oprime al pueblo de bien.
La seguridad del senador había sido reducida semanas antes del atentado. Ese dato, confirmado por el propio presidente Petro, abre interrogantes inquietantes. ¿Fue negligencia? ¿Hubo infiltración? ¿Se subestimó el riesgo? En un país donde las amenazas a candidatos son una constante, reducir su protección es, como mínimo, irresponsable.
La repercusión internacional fue inmediata. Gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina condenaron el asesinato. La ONU y la OEA advirtieron que este crimen golpea la participación política y amenaza la estabilidad democrática. Colombia, que intenta proyectar una imagen de país en transición hacia la paz, vuelve a aparecer en los titulares por la violencia que mata a quienes enfrentan a los poderes criminales.
El asesinato de Galán en 1989, el de Gómez en 1995 y el de Uribe Turbay en 2025 son capítulos de una misma guerra: la que libra Colombia contra un enemigo que no solo trafica drogas, sino que compra voluntades, intimida jueces, penetra partidos y elimina a quienes le estorban. Luchar contra la narco-opresión significa arriesgarlo todo.
Este crimen también expone un problema estructural: la incapacidad del Estado para garantizar que las elecciones se den en igualdad de condiciones. No se trata solo de quién disparó, sino de quién permitió que un candidato quedara vulnerable. En un sistema democrático real, ningún aspirante debería temer por su vida por expresar sus ideas.
Colombia tiene un desafío doble: hacer justicia y evitar que este asesinato se convierta en un capítulo más en la larga lista de crímenes impunes. El país no puede resignarse a que cada elección presidencial venga acompañada de amenazas y atentados. Tampoco puede permitirse que la respuesta sea solo el discurso indignado de unos días, seguido del olvido colectivo.
La muerte de Miguel Uribe Turbay debe ser un punto de inflexión. O Colombia asume en serio la protección de quienes combaten al narcotráfico desde la política, o seguirá condenada a que las decisiones importantes las tomen quienes tienen más armas, no más votos.
En la política, como en la vida, no basta con lamentar. Hay que actuar. Si el Estado no garantiza la seguridad de sus líderes, la democracia se vacía de contenido. El asesinato de Galán, Gómez y Uribe Turbay no es solo una tragedia repetida; es la prueba de que la narco oligarquía sigue viva. Y mientras no se le enfrente con decisión, seguirá cobrando la vida de quienes se atreven a desafiarla.
Andreas Mariano Althoff Ospina