Es sabido que el sistema de salud de Colombia anda bastante mal. Además de las incontables quejas que publican los medios, las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) de la ciudadanía, en 2024, aumentaron a 1,6 millones, el doble del 2022. Y eso que muchas de las fallas –por consultas, medicamentos, exámenes y procedimientos– no se convierten en PQRS, luego no se contabilizan. Además, hubo 150 mil tutelas entre junio y agosto y aumentaron en 23 por ciento lo seguros médicos en la búsqueda de mejor atención.
Dicho de otra manera y como también se sabe, las EPS públicas y privadas no están siendo capaces de atender bien todas las necesidades a las que tiene derecho la ciudadanía, ni los pagos de los contratos a las IPS, por lo que los colombianos nos estamos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe prevenir y curar.
Luego de tres años de posesionado, de lo peor del gobierno de Gustavo Petro y de su conocido talante autoritario es haber reformado el sistema de salud con el decreto 0858 de 2025 y no con una ley tramitada en el Congreso, si se valora la inmensa diferencia democrática que existe entre decretar y legislar. Porque el Senado y la Cámara los elegimos 18 millones de colombianos y apenas 11 millones eligieron presidente a Petro.
Además, su decretazo falla por otras razones.
El decreto 0858 es ilegal porque las leyes, incluida la Ley 100 de salud, deben reformarse con otras leyes y no con un decreto del poder Ejecutivo.
Nos impone a los colombianos el fracasado modelo de salud que Petro les impuso a los 800 mil educadores y a sus familias, modelo que promueve la ineficiencia y la corrupción. Porque esos prestadores del servicio de salud no se escogen por concurso sino a dedo, promoviendo además el clientelismo, características que atentan contra la calidad del servicio, como lo prueban los numerosos reclamos.
Los colombianos seguiremos en las EPS, así les cambien de nombre, y, además, nos obligarán a afiliarnos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), enredándonos más la atención e imponiéndoles a las alcaldías y a las gobernaciones la atención de los problemas de salud que no saben manejar.
Con todo descaro, el decretazo resalta el sometimiento de Colombia a las cláusulas de los TLC sobre medicamentos, una manera de hacerle el juego al encarecimiento de las medicinas de las trasnacionales y de atentar contra la industria nacional.
También abre las puertas para acabar con los regímenes exceptuados, como los de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), que les brindan a sus usuarios derechos de salud superiores a los que buscan imponerles con este decretazo.
El decretazo, además, hace demagogia con mejorarles las condiciones laborales a los trabajadores de la salud, ardid repudiable porque se sabe que las finanzas públicas y la UPC son incapaces de financiar costos mayores.
Y es muy llamativo que Petro –ni en el decretazo ni el proyecto de ley de salud en trámite en el Senado– no plantee nada contra la gran corrupción en el sistema de salud de Colombia, a pesar de saberse que ese gravísimo problema también explica por qué los recursos de la UPC no alcanzan para atender debidamente las necesidades de los colombianos.
Jorge Robledo