Un reciente informe oficial del Ministerio de Trabajo (fechado el 13 de agosto de 2025) ha sacado a la luz una crisis de congestión histórica en las Juntas de Calificación de Invalidez a nivel nacional. Más de 28 mil trámites de calificación de invalidez se encuentran represados sin resolver, dejando a miles de colombianos con discapacidades o enfermedades graves en un limbo burocrático. La situación, calificada como un abandono administrativo por expertos, vulnera derechos fundamentales de los afectados y ha motivado un llamado urgente a la acción institucional.
Miles de casos represados, calificaciones en suspenso
Según el informe consolidado a corte 30 de junio de 2025, existen 28.017 casos pendientes de calificación de invalidez en las juntas regionales y la Junta Nacional. La radiografía del represamiento es la siguiente:
- 329 expedientes se encuentran sin dictamen emitido (es decir, sin que se haya realizado la calificación de invalidez correspondiente).
- 791 casos corresponden a recursos de apelación que no han sido resueltos en segunda instancia.
- 897 expedientes de las juntas regionales ni siquiera han sido remitidos a la Junta Nacional para su calificación.
En otras palabras, decenas de miles de solicitudes la mayoría presentadas por trabajadores gravemente enfermos o con limitaciones físicas siguen estancadas. Los afectados continúan a la espera de un dictamen que defina el grado de pérdida de capacidad laboral, requisito indispensable para acceder a pensiones por invalidez o indemnizaciones por riesgos laborales. Cada expediente atrasado representa a una persona en condición vulnerable que no recibe oportunamente sus prestaciones, prolongando la incertidumbre sobre su sustento y atención en salud.
Discrepancias revelan miles de solicitudes «perdidas»
El informe revela además un alarmante desfase en las cifras oficiales. Mientras las Juntas de Calificación reportan 17.329 solicitudes pendientes de dictamen, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las administradoras de riesgos laborales (ARL) informan haber radicado 43.557 solicitudes que esperan calificación. Esta diferencia – 26.228 casos – sugiere que decenas de miles de trámites podrían estar extraviados o sin conciliar entre las entidades. En la práctica, significa que un enorme número de trabajadores inválidos no aparecen en los registros de las juntas pese a haber iniciado su solicitud ante las AFP/ARL, o que las juntas no están reconociendo todos los casos pendientes. Esta falta de concordancia administrativa añade otra capa a la crisis, evidenciando fallas de comunicación y control entre el sistema de seguridad social y los órganos encargados de calificar las invalideces.
Autoridades de control han manifestado su preocupación: ¿dónde están esos más de 26 mil solicitantes “fantasma”? La ausencia de datos unificados impide dimensionar plenamente el problema y podría estar dejando a numerosos ciudadanos sin siquiera la posibilidad de ser atendidos en su trámite. La Procuraduría General de la Nación, que solicitó la información al Ministerio, advirtió que esta situación requiere acciones urgentes de depuración de bases de datos y coordinación interinstitucional para no seguir condenando al anonimato a miles de casos legítimos.
Honorarios millonarios pagados sin trámite alguno
A la par con el represamiento de casos, surge otro hecho indignante: las juntas han recibido ya pagos millonarios por trámites que no han ejecutado. De acuerdo con el reporte, hasta junio 30 de 2025 se habían consignado por anticipado más de $54.882 millones de pesos en honorarios para la calificación de estas solicitudes pendientes. Este dinero, aportado por las aseguradoras y fondos (es decir, por el sistema de seguridad social) para cubrir los costos de los dictámenes, ya está en las arcas de las juntas. Sin embargo, los procesos correspondientes permanecen estancados.
En detalle, las juntas reconocen haber recibido alrededor de $29.121 millones por 17.904 casos que ni siquiera han sido radicados formalmente, y otros $25.761 millones por expedientes ya radicados pero pendientes de dictamen. Los montos son escandalosos: recursos públicos y de la seguridad social que no están cumpliendo su propósito, mientras las personas beneficiarias siguen sin respuesta. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que esto equivale a cobrar por un servicio no prestado, configurando un potencial detrimento para el erario y, sobre todo, una burla para quienes esperan una solución a sus padecimientos.
Solo Bogotá presentó un plan de choque, el resto del país sin estrategia
Pese a la magnitud de la crisis, la reacción institucional ha sido limitada y tardía. El Ministerio del Trabajo informó que solicitó a todas las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez la formulación de planes de descongestión para abordar el rezago. Sin embargo, solo la dirección territorial de Bogotá respondió al requerimiento, allegando un plan de choque aplicable a la Junta Regional de Bogotá y a la Junta Nacional. En otras palabras, ninguna otra región del país reportó medidas concretas para destrabar la situación.
Bogotá – que concentra el mayor volumen de casos represados – habría implementado salas adicionales y estrategias para acelerar los dictámenes. No obstante, el silencio o inacción de las demás juntas regionales sugiere falta de voluntad o capacidad administrativa en gran parte del territorio. No hay noticias de planes especiales en Antioquia, Valle, Santander u otras regiones igualmente afectadas por el embotellamiento de trámites. La ausencia de un esfuerzo coordinado nacional deja entrever falla de liderazgo y control por parte de las autoridades encargadas. Ni el Ministerio ni las Juntas han comunicado públicamente un plan integral para resolver la congestión, más allá de las acciones focalizadas en la capital.
Abandono institucional y derechos vulnerados
El panorama descrito configura una grave vulneración de derechos fundamentales. Detrás de las cifras frías hay personas de carne y hueso: trabajadores que sufrieron accidentes laborales o enfermedades que les redujeron drásticamente su capacidad para ganarse la vida. Muchos de ellos llevan meses e incluso años esperando una calificación oficial de invalidez que les permita acceder a una pensión o a una indemnización. La Procuraduría, en ejercicio de su vigilancia, calificó de “inadmisible” que numerosos afectados lleven uno, dos y hasta cinco años aguardando una respuesta sobre su calificación. Esta demora prolongada afecta directamente su calidad de vida y los priva del reconocimiento efectivo de sus derechos a la salud, al trabajo en condiciones dignas y a la seguridad social.
En efecto, el retraso en la calificación de invalidez impide que personas con discapacidades severas reciban oportunamente la pensión por invalidez o la cobertura en salud que legalmente les corresponde. Estamos hablando del derecho a una vida en condiciones dignas: cada día adicional de espera es un día sin los ingresos necesarios para su subsistencia y tratamientos médicos. Diversos juristas señalan que también se compromete el derecho al mínimo vital y el derecho al acceso a la administración de justicia, pues en la práctica estas juntas actúan casi como tribunales que deciden sobre beneficios vitales.
Organizaciones de pacientes y abogados laboralistas denuncian falta de acción institucional y un virtual abandono de esta población vulnerable. Pese a las alertas repetidas – incluidas las del órgano de control – no se evidencian cambios de fondo. Hasta la fecha, no ha habido sanciones ni declaraciones de emergencia administrativa que obliguen a acelerar los trámites represados. La indignación ciudadana crece al ver cómo el sistema parece dar la espalda a quienes más lo necesitan, dejándolos atrapados en trámites interminables mientras sus condiciones de salud empeoran y sus familias enfrentan la incertidumbre económica.
Este llamado de atención a la opinión pública busca visibilizar la situación crítica de las Juntas de Calificación de Invalidez. Los colombianos discapacitados o gravemente enfermos merecen algo mejor que la negligencia burocrática: merecen empatía, eficiencia y respeto a su dignidad. La demanda es clara: que el Gobierno nacional y las autoridades competentes tomen medidas urgentes para descongestionar el sistema, depurar las listas de espera y garantizar que los miles de casos pendientes reciban por fin el trámite justo y célere que la ley promete. De lo contrario, se seguirá perpetuando una injusticia que les niega a miles de ciudadanos el acceso oportuno a sus derechos fundamentales. La vida, la salud y la seguridad social de personas en estado de vulnerabilidad no admiten más demoras.
Unidad Investigativa OPM
Fuentes consultadas
Informe del Ministerio de Trabajo al 13 de agosto de 2025 (corte 30 de junio de 2025); Procuraduría General de la Nación – comunicaciones de seguimiento a Juntas de Calificación