“No se ha contado la verdad histórica. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino un acto terrorista. La verdad, como derecho, preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia”.
Jorge Ibáñez Najar
Presidente de la Corte Constitucional (4/11/2025)
La naciente historia republicana de nuestro país que el prócer Antonio Nariño bautizó como “Patria Boba”, por las discrepancias y desencuentros entre federalistas y centralistas, luego de la débil e inane declaración de independencia del 20 de julio de 1810, que terminó con el sacrificio de Cartagena de manos del pacificador Pablo Morillo, parece una ronda de cándidos niños inocentes frente al descalabro institucional, luego de la toma cruenta del terrorismo narcotraficante del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.
Esa fecha ignominiosa, hasta hoy, es el renovado y actual período de Patria Boba.
Para el año 1985 los procesos de extradición de narcotraficantes y mafiosos colombianos, era prioridad en la agenda del gobierno, el Congreso y de la rama judicial. El grupo terrorista y criminal del M-19, era un alfil importante en aquel engranaje de la delincuencia transnacional. Era pues, bastante claro, que el objetivo del asalto al recinto de la justicia, era desaparecer – en ese entonces las herramientas digitales no eran de uso y consumo judicial – los expedientes, las pruebas y demás diligencias, que implicaban a los narcos colombianos y forzaban el cumplimiento del tratado internacional con los Estados Unidos, que desde abril 30 de 1984, con el homicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, había dejado explícita la declaración de guerra a muerte de los bandoleros de la droga colombiana contra el Estado, la sociedad y sus instituciones democráticas.
El día del asalto, con la ponencia del doctor Manuel Gaona Cruz, se esperaba una mayoritaria aprobación de la ley de extradición en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia.
Aquella mañana de miércoles, siendo las 11:30 am., los asesinos Luis Otero y Andrés Almarales, luego de dispararle en la cara a dos de los vigilantes del Palacio de Justicia, ingresaron a las instalaciones al frente de otros 35 terroristas sumamente armados y aprovisionados, para tomar como rehenes a los magistrados, funcionarios judiciales y usuarios, exigiéndoles al presidente Belisario Betancur Cuartas su presencia en el Palacio, para “rendir cuentas al pueblo por su traición”, so pena de ejecutar – como lo cumplirían finalmente – a todos los rehenes.
Luego vendría la barbarie, con más de 100 muertos, después de 28 horas de pesadilla; dónde también, hay que reconocerlo, el ejército de Colombia cometió muchos errores y excesos, producto de la confusión, la inexperiencia y el caos.
Los terroristas y asesinos del M-19 cumplirían el ultimátum de ejecutar a los 11 magistrados; con tiros en la sien, en la nuca y por la espalda fueron ultimados; sus cadáveres calcinados en el infierno del incendio incontrolable, desvirtuando la “narrativa de la verdad” que responsabilizaba a las Fuerzas Militares de tamaño magnicidio, con la recurrente teoría del fuego cruzado. Luego vendrían los aires de una nueva constitución política en 1991, con participación de los terroristas y facinerosos en su construcción filosófica; vendrían también los “perdones y olvidos; las reparaciones y los Nunca Más” en las vergonzantes amnistías de criminales de lesa humanidad; todos ellos premiados con privilegios burocráticos y de seguridad social; curules, cargos públicos y de elección popular en esta nueva democracia bananera, incluyendo la presidencia de la república, en contraste con las condenas oprobiosas de miembros de las fuerzas armadas constitucionales; humillados y condenados por tribunales de discutible probidad, confeccionados a la medida de una justicia inmoral y un estado de derecho arrodillado y cobarde.
Luego de todas estas injusticias y debilidad institucional, cabe preguntarse: ¿Qué ha pasado judicialmente con los procesos adelantados por esta causa; cuánto han costado y que resultados de verdad verdadera han arrojado?
Lo primero que hay que establecer es que los delitos de lesa humanidad, a la luz del derecho internacional e interno, no son amnistiables y son imprescriptibles; esto es, que la amnistía solo aplicará para delitos políticos, que no son, precisamente, los delitos cometidos por los terroristas del M-19 al interior del Palacio de Justicia, lo que está debida y abundantemente probado. Además, hay que resaltar que la ley 77 de 1989 que permitió al gobierno Barco proceder con la amnistía del grupo terrorista, fue derogada por la ley 2085 de 2021, por iniciativa del Congreso de la República por contravenir el orden constitucional.
En este sentido, formalmente esa derogatoria confirma la imposibilidad jurídica de prescribir conductas penales de lesa humanidad, pudiéndose reabrir los procesos contra los amnistiados del M-19. Hay que tener en cuenta que la JEP, a pesar de sus sesgos hacia la izquierda guerrillera, está emitiendo fallos condenatorios por esas conductas penales, ya que la desmovilización de las FARC en la administración Santos, no pudo extender el beneficio del perdón legal a delitos de lesa humanidad, como el ordenamiento internacional penal lo contempla.
Luego de 40 años de aquel holocausto, se identifican 40 procesos judiciales de reparación directa contra entidades oficiales, mayoritariamente por el delito de desaparición forzada por un monto total superior a los 161 mil millones de pesos; aunque el resultado, después de fallados el 70% de esos procesos, es que la suma pagada a los reclamantes es algo mayor a los 590 millones; es decir, mucho menos del 1% de lo pretendido, un guarismo irrisorio cuándo ya se agotan los términos y las instancias.
En fin, mientras nuestras instituciones democráticas, los poderes públicos y la sociedad en general no internalicen como dogma de fe, que la ley y los valores libertarios del Estado de derecho no se negocian ni se relativizan para favorecer delincuentes, nunca tendremos un Estado de bienestar; de verdadera justicia y paz perdurable, de respeto por la legalidad y por la convivencia civilizada.
¡Terminemos con el período interminable de la Patria Boba!
Luis Eduardo Brochet Pineda