En la costa Caribe, especialmente bajo el ineficiente gobierno de Petro, la desconfianza en el Estado no es una abstracción teórica. Se siente en el cuerpo. Está en la fila que no avanza, en el trámite que se “queda en revisión”, en el permiso que nunca llega si no hay una llamada de por medio. No aparece en los informes oficiales, pero pesa todos los días sobre la vida de los ciudadanos. Es un costo silencioso, acumulado, que encarece la vida y estrecha el futuro.
Cumplir la ley, a veces, puede sentirse como una “apuesta arriesgada”. El ciudadano que decide hacer las cosas “por la vía correcta” sabe que se enfrentará a formularios confusos, ventanillas que se contradicen y tiempos imposibles. Por eso muchos aprenden pronto que el problema no es la ley, sino el camino para llegar a ella. Y cuando ese camino parece diseñado para desgastar, la desconfianza deja de ser una reacción emocional y se convierte en una estrategia de supervivencia.
La informalidad en el Caribe no es un capricho ni una falla cultural. Es una respuesta racional a un sistema que no ofrece garantías claras. El vendedor ambulante, el pequeño comerciante, el emprendedor barrial, no evaden porque quieran burlar al Estado, sino porque el Estado, tal como se presenta, resulta lejano, lento y muchas veces arbitrario. Operar por fuera del sistema es, para muchos, la única forma de seguir adelante sin ahogarse en trámites.
Ese mismo clima afecta la inversión. No porque falte talento, creatividad o ganas de trabajar –de eso sobra en la región–, sino porque la incertidumbre espanta. Cuando las reglas cambian sin explicación, cuando los permisos dependen de quién pregunta y no de lo que dice la norma, el riesgo se dispara. Y donde el riesgo manda, la inversión duda, se encarece o simplemente se va.
La desconfianza también tiene rostro de desigualdad. Quien tiene contactos o recursos logra avanzar. Quien no, se queda esperando. Así, el acceso a derechos básicos termina mediado por la capacidad de navegar un sistema opaco. No es solo una cuestión de ingresos, sino de poder. La ley existe, pero no llega igual a todos.
El Estado definitivamente no sale ileso. Menos confianza significa menos cumplimiento voluntario, menos recaudo y más controles improvisados. Se responde a la desconfianza con más papeleo, más sellos, más requisitos. El resultado es el contrario al buscado: más cansancio ciudadano y más distancia entre las instituciones y la gente.
Romper este círculo no pasa por grandes discursos ni planes pesados y excesivos. Pasa por algo más simple y, curiosamente, más difícil: coherencia. Reglas claras; trámites simples, pero que funcionen; decisiones explicables. Cuando el Estado es predecible, no necesita imponerse; la gente coopera. La confianza no se decreta, se construye en la experiencia cotidiana.
En el Caribe se sabe de resiliencia. Se ha aprendido a resolver, y a seguir a pesar de todo. No obstante, no debemos normalizar la desconfianza como si fuera parte del paisaje. Cada atajo obligado, cada trámite fallido, cada regla incierta tiene un precio. Y ese precio, silencioso pero constante, lo paga la región entera.
Santiago Torrijos Pulido