La historia política colombiana revela una relación tensa y reiterada entre la democracia formal y el uso de medidas excepcionales para administrar el Estado. En distintos momentos, los gobiernos han recurrido a herramientas extraordinarias no como recurso último frente a hechos inesperados, sino como mecanismo ordinario de gobernanza. Esta práctica ha dejado huellas profundas en la arquitectura institucional y en la cultura política del país.
Entre 1949 y 1991, especialmente durante el periodo del Frente Nacional, el estado de sitio se convirtió en una fórmula casi permanente para gobernar. Aunque la Constitución de 1886 lo concebía como una respuesta transitoria a graves alteraciones del orden público, en la práctica fue utilizado para suplir la debilidad del sistema político para tramitar conflictos sociales y económicos por las vías ordinarias.
El uso prolongado del estado de sitio permitió al ejecutivo legislar de facto, desplazando al Congreso de su función central. Bajo esta lógica, decisiones de carácter económico, administrativo y penal fueron adoptadas mediante decretos, lo que produjo una acumulación de poder en la Presidencia y una progresiva normalización de la excepción como regla de gobierno.
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, esta tendencia alcanzó una expresión particularmente intensa con el denominado Estatuto de Seguridad. En nombre de la defensa del Estado y la lucha contra la subversión, se ampliaron las facultades de las fuerzas armadas y se restringieron derechos fundamentales, generando extralimitaciones que aún hoy son objeto de debate académico y político.
La Constitución de 1991 buscó romper con esa tradición. Al redefinir los estados de excepción y establecer controles más estrictos, el constituyente intentó limitar el margen de discrecionalidad del Ejecutivo y fortalecer el equilibrio entre poderes. Sin embargo, la reforma constitucional no erradicó del todo la tentación de gobernar por decreto en contextos de dificultad política.
El actual gobierno de Colombia, que se identifica con el progresismo y la ampliación de la democracia, ha recurrido de manera reiterada a las figuras de emergencia económica, social y ecológica, así como a la conmoción interna. Estas herramientas, previstas constitucionalmente, han sido empleadas para sortear bloqueos políticos previsibles y avanzar en una agenda de gobierno sin el concurso pleno del Congreso.
El uso frecuente de las facultades excepcionales es interpretado por diversos sectores como un síntoma de incapacidad para construir consensos estables y visiones compartidas. Más que fortalecer el diálogo democrático, el Ejecutivo opta por asumir funciones que le corresponden al legislador, lo que debilita la deliberación pública y erosiona la legitimidad de las decisiones.
La utilización de la emergencia económica para expedir decretos con efectos equivalentes a una reforma tributaria, es la demostración de la incapacidad de generar consensos. Cuando se plantea la necesidad de recaudar $ 16.3 billones, la discusión de fondo no debería eludirse mediante atajos normativos, sino abordarse en el Congreso, incluyendo alternativas como la reducción del gasto de funcionamiento del Estado.
Esta forma de proceder reproduce, con un lenguaje distinto, prácticas históricamente asociadas a gobiernos que privilegiaron el control y la imposición sobre la persuasión política. Resulta paradójico que sectores de izquierda, que en su discurso reivindican la democracia participativa y el respeto por la institucionalidad, terminen apelando a mecanismos que concentran el poder en el Ejecutivo.
La experiencia latinoamericana muestra que el progresismo no está exento de la tentación hegemónica. Cuando la voluntad transformadora se concibe como un mandato moral incuestionable, la deliberación democrática puede ser vista como un obstáculo y no como una condición necesaria del cambio. En ese punto, la excepción deja de ser una herramienta constitucional y se convierte en una estrategia política.
El debate sobre los estados excepcionales en Colombia no es solo jurídico, sino profundamente político, dado que remite a pensar en la capacidad del sistema para tramitar conflictos, procesar diferencias y construir acuerdos duraderos. Persistir en la lógica de gobernar por excepción, sin importar el signo ideológico del gobierno, implica aceptar una democracia incompleta, donde la urgencia sustituye al consenso y el decreto reemplaza a la política.
Cesar Arismendi Morales