Cuando entramos a una oficina pública o vemos que un programa social llega a una vereda solemos pensar en «el Estado» pero el Estado no son solo edificios o leyes; son miles de profesionales, técnicos y auxiliares que con un contrato de prestación de servicios bajo el brazo mantienen todo funcionando; no hablo de grandes consultores sino de personas que trabajan codo a codo con los funcionarios de planta cumpliendo horarios y asumiendo responsabilidades como cualquier empleado pero sin la tranquilidad de serlo.
Los jefes de entidades públicas lo saben mejor que nadie, sus equipos dependen en gran parte de contratistas que coordinan procesos, firman informes, además de asumir tareas misionales fundamentales que ayudan al cumplimiento de los fines del estado establecidos en el artículo 2 de la constitución política; esos «compañeros» trabajan desde una entrega admirable pero muchas veces lo hacen desde el silencio y el miedo a no ser renovados, por ello, es hora de entender que no podemos exigirle la misma espalda financiera a un profesional que vive «contrato a contrato» que a una gran empresa, un equipo que trabaja con incertidumbre emocional y financiera nunca podrá rendir al 100% de su potencial.
A veces los ciudadanos nos quejamos del servicio, pero rara vez vemos lo que hay detrás, quiero aclarar a mis lectores que un contratista recibe, en el mejor de los casos, menos del 65% de lo que factura, imaginen tener que pagar de su propio bolsillo salud, pensión, riesgos y hasta impuestos por anticipado, incluso cuando la entidad se demora meses en pagar el sueldo.
Imagínense a Jimmy, un profesional que lleva diez años ocupando el mismo escritorio en una entidad pública, conociendo cada recoveco de los procesos y habiendo visto pasar a seis directores diferentes que llegaron a aprender de él, aunque su contrato dice que es un «trabajador independiente», la realidad es que Jimmy coordina equipos, toma decisiones operativas y asume responsabilidades que rozan lo misional, todo sin la investidura ni la protección de un empleado formal; su vida es una paradoja incómoda, responde y cumple horarios como si fuera de planta pero vive bajo la ficción jurídica de ser un empresario con músculo financiero, cuando en realidad depende de una renovación que ocurre cada seis o nueve meses y que nunca es segura.
Aunque es un secreto a voces, cada mes, Jimmy y todos los contratistas viven el ritual de ver cómo su esfuerzo se desvanece entre retenciones, aportes a salud y pensión, y descuentos por estampillas, recibiendo al final poco de lo que factura, lo más doloroso es que, cuando la tesorería se demora en «liberar los recursos» algo que sucede con una frecuencia frustrante, Jimmy debe endeudarse para pagarle al sistema de seguridad social, porque el Estado se toma su tiempo para pagar, pero no espera para cobrar; él no levanta la voz por autoridad, sino por una necesidad silenciosa pues sabe que negarse a cumplir funciones que exceden su contrato podría dejarlo «marcado» y costarle el sustento en un país donde las oportunidades escasean.
Después de una década, Jimmy es el ejemplo vivo de cómo el Estado se ha convertido en un mal empleador indirecto, refugiándose en la flexibilidad presupuestal para trasladar todo el riesgo al trabajador, es un modelo eficiente para las finanzas pero profundamente injusto para quien como él sostiene la operación diaria desde una relación desigual de poder donde la subordinación existe pero no se reconoce; su historia es la de miles que no marchan ni bloquean vías, pero que esperan toda la ciudadanía finalmente entienda que, si una labor es estructural, el vínculo laboral debe ser digno y acorde a la realidad, dejando atrás la simulación que hoy erosiona la confianza en nuestras instituciones.
Honorables congresistas y candidatos, la próxima legislatura se enfrenta a una cita inaplazable con la historia y a la responsabilidad de corregir una distorsión estructural que ha precarizado a quienes mantienen al Estado en pie, no se trata de eliminar la figura del contrato de prestación de servicios sino de imponerle límites claros, criterios objetivos y garantías mínimas que protejan la dignidad del trabajador por lo que es imperativo realizar una revisión seria del régimen de aportes y retenciones, especialmente para los contratistas de ingresos medios y bajos, permitiendo que el sistema reconozca la intermitencia laboral y no castigue el cumplimiento responsable con cargas que hoy resultan desproporcionadas.
A ti Contratista, que eres el motor invisible de este país, quiero desde estas líneas decirte simplemente ¡gracias!, gracias porque aunque tu contrato sea de papel y tu estabilidad una moneda al aire, eres tú quien mantiene en pie los programas, los proyectos y las oficinas que la ciudadanía realmente necesita; no pienses que te hemos olvidado, muchos somos conscientes del precio emocional y financiero tan alto que pagas por cumplir y entendemos que muchas veces ese silencio que guardas es el reflejo de una necesidad profunda en un país de escasas oportunidades; sin embargo, hoy te invito a que reconozcas tu propio valor y dejes de ser un espectador de esta ficción jurídica, es momento de buscar y construir realidades que te permitan protegerte, de interesarte por las reformas que exigen un régimen de aportes justo y de sumar tu voz para que tu esfuerzo sea respaldado por una ley clara que no te obligue a depender de la buena voluntad de un superior, tu trabajo silencioso es lo que evita que el Estado se desmorone, y esa misma entrega es la que hoy debe impulsarte a buscar un futuro donde la dignidad laboral no sea un discurso de otros, sino una realidad propia.
¡Ojo Pelao! Porque un Estado que predica justicia social no puede seguir sosteniéndose sobre la espalda de quienes, con un contrato de papel y sin garantías, evitan que el país se desmorone.
Adaulfo Manjarrés Mejía