Desde las ciencias políticas, la macrocefalia del gobierno puede entenderse como una expansión desproporcionada del aparato administrativo que no se traduce necesariamente en mayor capacidad de respuesta pública, particularmente cuando la ampliación del personal y de las estructuras de gestión se realiza sin fortalecer la institucionalidad.
En el gobierno actual, esta macrocefalia adquiere relevancia a partir del incremento dramático de la contratación por órdenes de prestación de servicios. Los datos oficiales del Sistema Electrónico de Contratación Pública muestran que, en un periodo comparable de quince meses, se aumentaron en 75,4% los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión frente al gobierno anterior. Mientras la administración Duque registró 30.229 contratos de este tipo, el actual alcanzó 53.032 en el mismo lapso.
Este crecimiento no es marginal ni coyuntural, sino estructural. La contratación por prestación de servicios representa hoy alrededor del 73% del total de contratos del gobierno nacional, lo que evidencia que esta modalidad no solo persiste, sino que se consolida como el principal mecanismo de vinculación de recurso humano. Ello resulta particularmente significativo si se considera que durante la campaña presidencial se afirmó reiteradamente que este tipo de contratos debía desaparecer en favor de la formalización laboral.
La contradicción entre discurso y práctica abre un campo de análisis político más amplio. La contratación no puede leerse únicamente como una decisión administrativa, sino como una tecnología de gobierno que permite flexibilidad, control y dependencia. En lugar de fortalecer una burocracia profesional, se amplía una capa administrativa transitoria cuya estabilidad depende de decisiones políticas y no de reglas impersonales.
Max Weber concebía la burocracia moderna como una forma racional de dominación basada en normas, jerarquías estables y funcionarios profesionalizados. Para Weber, la fortaleza del Estado descansaba en la previsibilidad y en la separación entre la función pública y los intereses personales. La expansión masiva de contratos temporales rompe con este ideal y desplaza la lógica burocrática hacia una racionalidad política de corto plazo.
En Colombia, Francisco Pardo Leal advirtió tempranamente que el crecimiento del Estado, sin una reforma profunda de su estructura administrativa, tendía a reproducir prácticas clientelistas. Según su análisis, la burocracia podía convertirse en un mecanismo de intermediación política antes que en un instrumento de gestión pública. La contratación estatal, lejos de neutralizar estas dinámicas, las reconfiguró bajo formas más técnicas y menos visibles.
La concentración de contratos por prestación de servicios en entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio del Interior, Mincultura, Trabajo, Salud, Agricultura y Ambiente refuerza esta lectura. Se trata de sectores estratégicos del poder ejecutivo, donde la contratación no solo cumple funciones técnicas, sino que articula redes de lealtad, coordinación política y alineamiento institucional.
A ello se suma el aumento significativo del gasto público financiados con créditos. Entre 2022 y 2025, el valor de los contratos por prestación de servicios pasó de aproximadamente $12,1 billones a $ 19,3 billones, lo que implica un incremento cercano a $ 7,2 billones. El crecimiento cuantitativo y financiero refuerza la idea de una expansión administrativa centrada más en la acumulación de personal que en la consolidación institucional.
Esta tendencia se reitera con las recientes reformas en los ministerios del Trabajo y del Interior, que incrementaron sus nóminas en cerca 7 mil nuevos funcionarios. Más allá de la discusión sobre la necesidad sectorial de este aumento, el caso ilustra cómo la ampliación del Estado se materializa prioritariamente en el nivel central, reforzando la macrocefalia administrativa.
Desde la perspectiva de Louis Althusser, esta forma de expansión puede interpretarse como una modalidad de dominación política ejercida a través de los aparatos ideológicos del Estado. La contratación pública no solo organiza el trabajo administrativo, sino que produce sujetos dependientes del aparato estatal y funcionales a su lógica política. La dominación se ejerce así de manera indirecta, cotidiana y normalizada.
Los contratos por prestación de servicios generan una relación de subordinación que no requiere coerción formal. La expectativa de renovación y la ausencia de derechos laborales plenos, configuran una forma de dependencia que articula obediencia, lealtad y silencio.
No se trata simplemente de un exceso de personal, sino de una forma específica de estructurar el poder estatal. La expansión burocrática sin profesionalización fortalece el control político, pero debilita la capacidad del Estado para cumplir sus fines sociales de manera sostenida.
El incremento dramático de la contratación por prestación de servicios durante el actual gobierno constituye un síntoma claro de macrocefalia gubernamental. Lejos de representar una transición hacia un Estado más eficiente y formalizado, revela una continuidad y profundización de prácticas que combinan clientelismo administrativo, dominación política y fragilidad institucional en el Estado colombiano.
Cesar Arismendi Morales