Cuando decretar se vuelve costumbre En alta mar el viento no pide permiso, sopla, pero incluso el viento tiene dirección, sin embargo, cuando cambia demasiado seguido, desorienta a los pescadores. En Colombia estamos viendo algo parecido con el uso reiterado de decretos por parte del presidente Gustavo Petro, no hablo de un decreto aislado frente a una tragedia, lo hago de una tendencia que se ha vivido en este periodo presidencial, pues cuando el Congreso no aprueba, el Ejecutivo acelera.
La Constitución es clara, los estados de emergencia existen para hechos extraordinarios, imprevisibles y/o graves, pero aquí se ha usado para compensar derrotas políticas, también para reemplazar el debate legislativo cuando este incomoda. Tras el hundimiento de reformas estructurales, el Gobierno acudió a la declaratoria de emergencia económica para enfrentar el déficit fiscal, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la medida mientras estudia si realmente existía una situación excepcional que justificara gobernar por decreto.
Ese detalle es clave porque el déficit fiscal no apareció de la noche a la mañana como un huracán, era un escenario previsible y lo previsible no es extraordinario; convertir dificultades políticas en emergencias jurídicas es una línea peligrosa. En el Caribe sabemos lo que significa vivir en emergencia real, la sequía en la Alta Guajira y Santa Marta no es retórica, el agua no llega por discurso, en Colombia las vías terciarias no se arreglan con cadenas de mensajes, aquí la urgencia tiene rostro. Precisamente por eso deberíamos ser los primeros en defender que la figura de emergencia no se banalice pues Cuando todo es urgente, nada lo es. Gobernar por decreto puede dar sensación de firmeza, produce titulares, proyecta autoridad, pero también envía un mensaje inquietante, es decir, si el Congreso no acompaña, se le aprieta; si la deliberación estorba, se acorta; si el consenso falla, se sustituye.
Eso erosiona algo más profundo que una discusión política, erosiona la separación de poderes. Hoy el presidente es Petro, mañana será otro, pero si normalizamos que el Ejecutivo use la excepción como vía recurrente, dejamos sembrada una práctica que cualquier gobierno futuro podrá explotar, no se trata de simpatías sino de precedentes. En nuestra cultura costeña hay un dicho viejo: “El que manda sin escuchar, termina solo” y en democracia, la soledad del poder no es valentía, es riesgo. Colombia no necesita atajos jurídicos envueltos en discurso social sino soluciones sostenibles, debatidas y blindadas institucionalmente porque cuando el poder aprende que puede saltarse los contrapesos sin costo político, el siguiente paso es inevitable, el límite deja de ser norma y se convierte en obstáculo y una democracia donde los límites se perciben como obstáculos empieza a perder su esencia.
Las constituciones no se debilitan en un solo acto, se erosionan en pequeñas justificaciones repetidas haciendo que la excepción se vuelva costumbre y en cada urgencia que reemplaza la deliberación, así pues, aceptamos que gobernar por decreto es el camino natural cuando no hay mayoría, entonces estamos aceptando que la discusión democrática es prescindible y cuando eso pasa el equilibrio desaparece. Colombia sabe resistir huracanes, pero las instituciones no son palmeras y si se inclinan demasiado tiempo, terminan cediendo y con ello se pierde la democracia.
Adaulfo Manjarrés Mejía