Hay preguntas que incomodan precisamente porque parecen demasiado sencillas. ¿Qué papel juega la monarquía española en un escenario de gobierno marcado por los escándalos, la corrupción y la pérdida de confianza? ¿Para qué sirve una figura que, en apariencia, no resuelve absolutamente nada?
La pregunta no nace únicamente de la antipatía hacia una institución. Nace de una sensación cada vez más extendida: la de que quienes gobiernan parecen atrapados en sus propias disputas, mientras las instituciones que deberían ofrecer orientación, equilibrio y confianza permanecen contemplando el deterioro desde una distancia solemne.
La monarquía española no gobierna en el sentido ordinario de la palabra. No redacta las leyes, no dirige los ministerios, no fija el presupuesto y no decide la política cotidiana. España es, constitucionalmente, una monarquía parlamentaria: el Gobierno responde ante el Congreso y el presidente dirige la acción política. Por eso sería incorrecto atribuirle al rey cada decisión, cada escándalo o cada acto de corrupción del poder ejecutivo.
Pero decir que la Corona no gobierna no significa que no tenga ninguna responsabilidad política o institucional. Una institución puede no tomar decisiones directas y, aun así, cumplir —o incumplir— una función relevante. La cuestión verdadera no es solo quién firma una medida, sino qué hacen las instituciones cuando la confianza pública se rompe, cuando la corrupción se normaliza y cuando la sociedad empieza a pensar que nadie está realmente obligado a responder.
La defensa tradicional de la monarquía suele apoyarse en tres ideas: representa la continuidad del Estado, simboliza la unidad nacional y ejerce una función moderadora y representativa. En momentos de crisis, se espera que la Corona actúe como una referencia estable, por encima de la lucha partidista. No se le pide que sustituya al Gobierno ni que dicte políticas, sino que encarne una cierta permanencia cuando los gobiernos pasan y las mayorías cambian.
El problema aparece cuando esa representación se vuelve puramente ceremonial. Si la institución solo inaugura actos, recibe embajadores, pronuncia discursos cuidadosamente redactados y aparece en momentos solemnes, la ciudadanía puede preguntarse qué diferencia real existe entre su presencia y una decoración constitucional. La neutralidad puede ser una virtud, pero también puede convertirse en silencio. Y un silencio prolongado frente al deterioro de la vida pública termina pareciendo complicidad o impotencia.
La Corona tiene poderes limitados, pero posee algo que no es menor: autoridad simbólica. Esa autoridad depende de la confianza y no puede darse por garantizada. Una institución hereditaria parte de una dificultad que no enfrentan las instituciones electivas: no recibe su legitimidad de una elección periódica. Por eso necesita demostrar de manera constante su utilidad pública, su ejemplaridad y su capacidad de estar a la altura de la sociedad a la que representa.
Cuando alrededor de la institución aparecen controversias, privilegios o conductas que dañan su credibilidad, la respuesta no puede ser refugiarse únicamente en la frase «el rey no gobierna». Puede que no gobierne, pero sí representa. Y quien representa un Estado no puede considerarse ajeno al impacto que tienen sobre la ciudadanía los escándalos vinculados con la propia institución o con quienes han ocupado la Jefatura del Estado.
Ahora bien, también es necesario ordenar las responsabilidades. La monarquía no puede convertirse en el chivo expiatorio universal de los fracasos de la política española. Si existen contratos irregulares, redes de favores, financiación ilícita, abusos de poder o decisiones gubernamentales cuestionables, la responsabilidad principal corresponde a quienes las ejecutan, las encubren o las toleran desde los partidos y las administraciones. Culpar a la Corona de todo puede ser tan cómodo como eximirla de cualquier deber de ejemplaridad.
Una democracia saludable no necesita instituciones intocables. Necesita instituciones sometidas a la ley, a la transparencia y al escrutinio público. La monarquía no debería aspirar a estar por encima de ese principio. Si pretende ser un factor de estabilidad, debe aceptar que la estabilidad no se consigue cerrando filas frente a las críticas, sino ofreciendo explicaciones claras y comportándose con una austeridad moral que esté a la altura de los sacrificios exigidos a la población.
La gran paradoja es que la monarquía suele defenderse como una institución útil para preservar la unidad, pero puede terminar convirtiéndose en un factor de división cuando una parte de la sociedad la percibe como un privilegio hereditario y otra la considera intocable. La Corona no resuelve por sí misma el desempleo, la desigualdad, la corrupción o la polarización. Pero sí podría contribuir a que el Estado conserve una imagen de dignidad, responsabilidad y continuidad. Si no logra hacerlo, sus defensores tendrán cada vez más dificultades para explicar su utilidad.
También hay una pregunta democrática de fondo. ¿Puede una institución ser legítima solo porque existe y porque la Constitución la contempla? Desde el punto de vista jurídico, una institución puede tener un lugar definido. Desde el punto de vista político y moral, necesita algo más: reconocimiento social. La legalidad establece el marco; la legitimidad se renueva en la práctica.
En las repúblicas, la jefatura del Estado también puede ser simbólica y tener poderes limitados. Por tanto, el debate no debería reducirse a la oposición entre una figura que manda y otra que no manda. La pregunta más profunda es qué tipo de jefatura del Estado ofrece mayor responsabilidad, transparencia, control y capacidad de representar a todos. La elección no es simplemente entre corona y presidencia; es entre instituciones que rinden cuentas y estructuras que se protegen detrás de la tradición.
La monarquía puede argumentar que su valor consiste justamente en no entrar en la pelea partidista. Y ese argumento tiene fundamento. Un jefe del Estado que interviene a diario en la disputa política puede perder la capacidad de representar al conjunto. Pero la neutralidad institucional no debería confundirse con indiferencia ante la degradación de la democracia. Hay momentos en que defender la convivencia, la dignidad pública y el Estado de derecho no es partidismo: es cumplir una función constitucional.
El rey no puede sustituir a los jueces, al Parlamento, a la prensa ni a los ciudadanos. Tampoco puede limpiar por decreto un sistema político contaminado. Pero sí puede marcar una exigencia de conducta, defender el respeto por las reglas y recordar que el poder no es propiedad de quienes lo ocupan temporalmente. Si la Corona renuncia incluso a esa autoridad moral, queda reducida a una representación sin contenido.
Una figura que no resuelve nada puede tener sentido si ayuda a orientar, unir, representar y preservar ciertos límites. Pero si no resuelve y tampoco orienta; si no gobierna y tampoco interpela; si no participa en la corrupción, pero tampoco ofrece una respuesta convincente ante la pérdida de confianza, entonces la pregunta sobre su utilidad deja de ser una provocación y se convierte en una demanda democrática legítima.
La monarquía española no es responsable de todos los males del Gobierno. Pero tampoco debería comportarse como si el deterioro de la política no tuviera nada que ver con la salud de la institución que representa al Estado. En una democracia, ninguna figura puede vivir únicamente de la solemnidad. Toda autoridad, incluso la heredada, debe demostrar para qué sirve.
Una corona solo conserva su dignidad cuando recuerda que representar al pueblo también significa responder ante él.
Abel Enrique Sinning Castañeda