Colombia no necesita únicamente capturar más delincuentes. Necesita aprender a destruir las empresas criminales que los sostienen.
Se persigue al narcotraficante, al extorsionista, al corrupto o al testaferro como piezas individuales. Sin embargo, las grandes estructuras criminales funcionan de otra manera: tienen jerarquías, contadores, sociedades de fachada, operadores financieros, redes de comunicaciones, contratistas, testaferros, criptomonedas, inmuebles y fuentes permanentes de financiación. Son, en esencia, verdaderas empresas dedicadas al delito.
El gobierno de Abelardo de la Espriella tendría una oportunidad para impulsar una herramienta jurídica ambiciosa: una Ley de Desmantelamiento de Organizaciones y Economías Criminales.
Colombia ya cuenta con herramientas poderosas. Existen el concierto para delinquir, el lavado de activos, la extinción de dominio y normas especiales contra organizaciones criminales. El problema es que muchas veces esas herramientas operan de manera fragmentada. Se procesa a una persona por un delito, se investiga por separado una sociedad, se inicia otro expediente sobre determinados bienes y se pierde de vista la estructura económica completa.
La nueva legislación podría permitir a la Fiscalía demostrar la existencia de una empresa criminal continuada y un patrón de actividades ilícitas desarrollado a través de ella. Así, el objetivo de la investigación dejaría de ser únicamente establecer quién cometió determinado delito para convertirse también en determinar quién dirigió, financió, administró o facilitó conscientemente la organización.
Toda investigación importante contra crimen organizado debería iniciar simultáneamente una investigación financiera: sociedades, cuentas, inmuebles, beneficiarios finales, billeteras digitales, contratos, operaciones internacionales y testaferros. La captura del jefe de una organización sirve de poco si al día siguiente su estructura conserva cien propiedades, veinte empresas y millones de dólares para financiar a su reemplazo.
Más aun, puede generar simultáneamente responsabilidad fiscal, administrativa, disciplinaria, tributaria, societaria y patrimonial. Hoy, cada frente suele avanzar por separado, ante entidades distintas, con expedientes, tiempos y prioridades que rara vez coinciden.
La ley podría crear un expediente integral de desmantelamiento criminal, en el que, a partir de un mismo núcleo de hechos y pruebas, se activen y tramiten paralelamente las distintas consecuencias jurídicas. La Fiscalía perseguiría a los responsables; la Contraloría, el detrimento patrimonial; las autoridades administrativas y tributarias, las infracciones correspondientes; y la extinción de dominio, los activos ilícitos, todo dentro de una arquitectura procesal común. No se trataría de otra “mesa de coordinación” entre entidades, sino de un sistema legal que las obligue a actuar sobre el mismo caso, compartir evidencia y avanzar simultáneamente.
Así, el Estado dejaría de perseguir durante años distintas partes de una misma organización y podría atacar de una sola vez a las personas, el dinero, las empresas, los contratos y los bienes que conforman la estructura criminal.
Esa podría convertirse en una de las reformas emblemáticas de un gobierno que quiere demostrar que la seguridad no consiste únicamente en capturar criminales, sino en hacer imposible que sus organizaciones sobrevivan económicamente a sus líderes.
Santiago Torrijos Pulido