Se encuentra en trámite el presupuesto general de la Nación, como todos los años, con la particularidad de que éste, el de 2027, coincide con el cambio de gobierno. No cualquier cambio de gobierno. El responsable del manejo de la plata, don Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, nos ha contado la necesidad de que las cuentas fiscales se muestren con cifras que destapen los profundos sinsentidos y la voracidad de cuatro años destructivos que perjudicó a todos los colombianos. Y el hilo se enreda todavía más, ya que el terremoto que destruyó una buena parte de la infraestructura de varios departamentos y cerca de 500 municipios del país demanda hoy un accionar público de gran envergadura, que fuerza a unos mayores esfuerzos del erario.
Las cifras grandes ya las conocemos. COP $634b, nos muestran la enorme máquina de gastar dinero que es el Estado central colombiano. Los gastos de funcionamiento son de $367b, es decir, $7m por habitante, bastante dinero.
A esos montos se suman los que están próximos a ser considerados por Asambleas y Concejos para la operatividad regional, que, según cifras de 2024, bordeaba $8b para departamentos y $23b para los municipios y distritos. Bastante diferentes las cifras, pero igual de costoso el funcionamiento del estado total, con su burocracia y tramitología. Sin embargo, la torta se invierte para el fisco regional. Mientras la nación tiene solo el 14% de su presupuesto en inversión, los departamentos tienen el 45% y los Municipios y distritos el 33%.
Allí surge algo interesante de analizar. Mientras el gobierno nacional se estrena en materia fiscal, los gobiernos de departamentos, municipios y distritos se asoman al último periodo durante el cual podrán dejar una huella trascendente. Tienen un margen de maniobra relativamente favorable y al mismo tiempo enormes desafíos dentro de sus territorios.
Están cerca, mucho más cerca, de la gente que el poder nacional, por mucho esfuerzo que éste quiera hacer por cortar la distancia. La proximidad influye tanto para escuchar como para plantearse soluciones responsables con su gente. Tienen en consecuencia una visión concreta de lo que les hace falta a sus coterráneos, y sufren en carne propia las carencias sociales. Se sienten en ocasiones asfixiados por las limitaciones de sus presupuestos y al mismo tiempo por las restricciones de acceso técnico a la elaboración de proyectos para lograr la financiación que les permita apalancar los dineros del hoy con los del mañana, para cubrir necesidades de ayer.
Es hora de romper esa limitante. Es hora de que el gobierno nacional de curso a unas jornadas intensas de apoyo al buen deseo regional por salir adelante, con unos soportes serios, sin politiquería, que converjan en la misma línea de soluciones sin el desfile por el poder central para que les prometa y les quede mal. Recuerden, gobernadores y alcaldes, que la nación acaba de recibir una demanda de más de $30b para atender el terremoto de agosto.
Igual considero que las entidades financieras que revisen estos proyectos de cierre de periodo gubernamental regional deben convertirse en aliados técnicos, para que las ideas terminen en obras, para que las esperanzas de la gente sientan el alivio de ver un buen uso del dinero público. El mayor estímulo para el sector financiero es la aplicación de recursos públicos en la solución de necesidades reales, y su mejor garantía es un proyecto bien elaborado y unas buenas fuentes de pago. Ganamos todos con su participación decidida.
Son contadas las excepciones de quienes llegan al poder con el solo ánimo de enriquecerse y garantizar la continuidad de su grupo político al mando. La gran mayoría acude a las urnas con una oferta de salir de las limitaciones y brindar bienestar ciudadano. Para eso es el voto por los gobernantes.
No hay tiempo que perder y sí mucho que ganar con esta primera y última jornadas presupuestales. Manos a la obra.
Nelson Rodolfo Amaya