<<Se cumple el 25 de septiembre un nuevo aniversario de la “Noche Septembrina”, aquel atentado acaecido en Bogotá esa noche de 1828 en la que se pretendió disponer por intermedio de la fuerza y las armas de la vida del Libertador Simón Bolívar. La Historia señala que un tal Pedro Carujo ingresó de forma violenta al Palacio de San Carlos seguido de militares y civiles armados y que, habiendo asesinado la guardia, buscaron la habitación de Bolívar sin encontrarlo. Manuela Sáenz, su astuta compañera sentimental, alcanzó a alertarle del ataque y le ayudó a saltar por una de las ventanas que daba a la “Calle del Coliseo” (hoy calle 10). Desde allí corrió, su cuerpo apenas cubierto, hasta uno de los puentes del río San Francisco en donde se ocultó por el resto de la noche mientras las tropas del gobierno controlaron el incidente.
Así mismo la Historia coincide en señalar que la conspiración fue urdida por sectores de oposición que no aceptaban que Bolívar se hubiese declarado como Dictador de la Gran Colombia, entre quienes se supone lideraba el General Francisco de Paula Santander. Los implicados en el atentado fallido enfrentaron juicios marciales y ejecuciones correspondientes. A pesar que no se llegó a acusar al General Santander de una participación directa en el episodio frustrado, se le señaló de tener conocimiento previo de la intención conspiradora y de apoyarla políticamente, siendo un agravante el no haberla impedido, especialmente él como altísimo oficial del Ejército, ni haber entablado denuncia ante las autoridades, siendo él un hombre que defendía las leyes. Dada esa responsabilidad, enfrentó juicio que le acusó de “complicidad pasiva” y le condenó a muerte por fusilamiento. Sin embargo, salió del propio Consejo de Gobierno la recomendación de “atenuar la sentencia”, con la posible intención de aplacar la ya evidente polarización política en las regiones y evitar escaladas de violencia, así es que intervino el propio Dictador Simón Bolívar para conmutar la pena de muerte por el destierro.
Santander terminó privado de sus títulos militares y expulsado del territorio de la Gran Colombia desde finales de 1829, luego de un año de presidio en Cartagena. Sólo regresó al país en 1832 para asumir la Presidencia de la República, cuando ya se había disuelto la Gran Colombia y Bolívar había fallecido en Santa Marta.
En todo caso, se estima que el hecho de septiembre marcó el inicio del descenso del sentido de unión por la Gran Colombia y desató el fenómeno de polarización política que enturbiaría la vida de la República en adelante. >>
Recordar el deplorable atentado de septiembre nos ayuda a entrar en reflexiones sobre lo que el país vive hoy en torno a los debates que se desarrollan en el Congreso de la República a propósito del papel que está cumpliendo el Ejército Nacional en su tarea de recuperar el orden público en los territorios y someter a los grupos organizados alzados en armas. Una tarea de defensa que nadie distinto del Ejército Nacional puede hacer. El único elemento institucional del Estado que cuenta con la patente Constitucional para hacerlo.
La “Moción de Censura” existe como mecanismo constitucional de control político, mediante el cual el Congreso tiene la oportunidad de exigir responsabilidad a cualquier alto funcionario del Ejecutivo por sus actuaciones y las implicaciones que llegan a derivarse de las mismas, al extremo de separarle de su cargo de manera irrevocable, si es que la citada “moción” se aprueba por la mayoría requerida en las sesiones plenarias de Cámara y Senado, obviamente después que el funcionario ha comparecido y ha sido escuchado en su informe. Procede con mayor razón si el citado funcionario no se presenta.
Siendo un recurso terminal y amenazante, no debería ser necesario para conseguir buenos y detallados informes de parte del Ejecutivo sobre lo que hace y piensa hacer. La tarea de interlocución entre el Legislativo y el Ejecutivo debe ser tan natural como el trabajo del día a día, al fin que es de esa manera como se va dando forma a la tarea de gobierno, por lo tanto, ha de lograr entre todas las instancias estrechos niveles de entendimiento que faciliten el flujo de las cosas. La “Moción de Censura” es una carta de oro para toda bancada que bien quiera hacer oposición para corregir tendencias perversas en el Gobierno, pero también es un arma destructora cuando se quiere causar daño. Por ahora podemos apenas suponer que pueda ser el caso.
Pues bien, se ha citado al señor Ministro de Defensa mediante “Moción de Censura” para que, ante las Plenarias de Cámara y Senado, explique qué es lo que está haciendo al frente de las fuerzas militares y por qué razón aparecieron menores de edad entre las víctimas de operación militar reciente en el Guaviare, particularmente a causa de un bombardeo en proximidades del municipio de El Retorno. No es el texto preciso de la citación radicada por once (11) Representantes del Pacto Histórico y partidos de oposición, por supuesto, porque el instrumento que aplica debe cumplir con exigentes características de argumentación y soporte legal, todas ellas muy bien sustentadas en el documento de citación, pero es claramente lo que se lee en el fondo.
El señor Ministro ha expuesto, con la claridad de que es capaz, todo lo que está y puede estar detrás de una operación militar de esta naturaleza, tratando de convencer a sus interlocutores en el Congreso que lo que hace como militar es asegurarse que todo lo que se haga en torno a una operación militar, como las que son necesarias en el Guaviare, en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó, en el Cauca o en cualquier territorio, sea perfecto, muy bien hecho y con el cumplimiento de todas las instrucciones, normas y protocolos que aplican para un asunto tan delicado como puede ser el ataque a un campamento de “combatientes al margen de la Ley”. Media en todo caso, en sus propias palabras, un rigurosísimo proceso de planeación enriquecido con frecuentes actualizaciones de “inteligencia militar”, que opera dentro de la más estricta “línea de mando” y bajo estrecha observancia de los protocolos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Para un ciudadano desprevenido, de los que andamos de a pie, esta puede ser una respuesta satisfactoria y tranquilizadora. No se sabe si suceda lo mismo con distinguidos opositores que ya se muestran encendidos por el fanatismo y la desconfianza,
Si todo lo que concierne a las operaciones militares puede estar así de claro y asegurado como dice el Ministro, porque no habría razón válida para no creer que sea así, ¿qué sentido viene a tener la “moción de censura” si no hay tendencia perversa que corregir o funcionarios ineptos que despedir? ¿No tiene el Congreso poder suficiente para solicitar – o exigir si quiere – un informe detallado sobre tal o cual asunto sin necesidad de acudir a la amenaza de la “censura”? Sería ésta la forma de sentar a “todos en el Gobierno” en mesas de trabajo de aquellas de las que salen resultados, sin amenazas ni agresiones
Las operaciones militares contra los grupos armados organizados (gao) y contra el narcotráfico son por ahora el eje principal de la tarea de defensa que cumplen las fuerzas armadas de la Nación. Son éstas, el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, el único y principal recurso con que cuenta la Nación para esa tarea, que además se extiende hasta los macabros territorios de la delincuencia común. ¿Por qué razón han de ser vistos desde el Congreso con mirada de juicio condenatorio? La sensación que se toma el ciudadano de a pie, en medio de toda esta discusión, es que el Congreso en su totalidad señala las fuerzas militares de “hacer mal su trabajo” y, como consecuencia, “ser causantes de las muertes de menores de edad”. Tal vez no se encuentre en la calle mucha consciencia al respecto de quienes están realmente detrás del interés de hacer uso de las “muertes de menores en acciones militares de defensa” como argumento de batalla política y vengan entonces al Congreso a promover iniciativas de “censura”.
Queda por aclarar si la “moción de censura” se instauró para destituir al Ministro, empeño que fracasó en la plenaria del Senado, evidentemente, o quizás para impulsar correcciones de tendencia en la acción militar de defensa que se consideran incorrectas e inconvenientes para la Nación, asunto que aún está por verse y tomará más trabajo.
¿No será que, como sucedió 198 años atrás el 25 de septiembre, el intento de corregir algo que se considera inconveniente para la vida de la Nación tomó el peor de los caminos y no resolvió nada?
Ustedes dirán.
Arturo Moncaleano Archila