EL COSTO POLÍTICO DE ABELARDO POR TODOS LOS DESASTRES DEL GOBIERNO PETRO

Petro dejó la casa con problemas, las cuentas bajo presión y demasiadas promesas en el aire. Abelardo recibió las llaves, pero no puede pasarse cuatro años culpando al anterior propietario.

En política, las herencias no siempre vienen acompañadas de propiedades, cuentas bancarias y patrimonios. Algunas llegan convertidas en verdaderas bombas de tiempo. Y eso es precisamente lo que representa para Abelardo de la Espriella el balance de la administración de Gustavo Petro: una pesada carga económica, institucional y social que amenaza con convertirse en una factura política de enormes proporciones.

Petro llegó a la Casa de Nariño prometiendo cambiar la historia de Colombia. Ofreció justicia social, paz total, transformación energética, salud para todos, reducción de la pobreza y un Estado al servicio de los más necesitados. Su discurso estuvo cargado de esperanza, pero el ejercicio del poder terminó enfrentándolo con la realidad de un país mucho más complejo que los escenarios de campaña.

La paz total terminó sometida a enormes cuestionamientos por la persistencia de grupos armados, la extorsión y la violencia en distintas regiones. La seguridad ciudadana continuó siendo una preocupación nacional. La reforma a la salud abrió una controversia de grandes dimensiones, mientras pacientes, hospitales y prestadores reclamaban certezas financieras y garantías de atención.

Y en materia económica, las cifras no permiten esconder las dificultades debajo de la alfombra. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central equivalente al 6,4 % del PIB, unos 117,8 billones de pesos. El déficit primario llegó al 3,5 % del PIB y la deuda bruta alcanzó el 64,4 % del producto interno bruto. Son cifras oficiales del Ministerio de Hacienda que retratan la presión sobre las finanzas públicas.

¡Vaya manera de entregar la administración de una casa! Los ingresos no alcanzan para cubrir las obligaciones y el nuevo inquilino descubre que las goteras no están solamente en el techo, sino también en los cimientos.

Pero aquí aparece la primera paradoja de Abelardo: llegó al poder ofreciendo autoridad, austeridad, recuperación económica y una transformación de la manera de gobernar. Ahora tiene que demostrar que sus promesas no eran simplemente munición para disparar contra Petro desde la oposición.

Porque gobernar es bastante más difícil que criticar. Una cosa es denunciar el desorden desde la tribuna y otra muy distinta es sentarse en el escritorio presidencial, abrir los libros contables y descubrir que cada solución cuesta dinero, exige decisiones difíciles y tiene consecuencias políticas.

La herencia fiscal es particularmente delicada. En septiembre de 2026, el Congreso aprobó un presupuesto para 2027 de 634,9 billones de pesos, con una proyección de déficit del 9,4 % del PIB. El Gobierno de Abelardo planteó una denominada Ley de Rescate para intentar reducir ese desbalance. Es decir, el nuevo mandatario también tendrá que enfrentar decisiones tributarias y presupuestales que pueden chocar con sus propias promesas de campaña.

¡Qué ironía! Se llega al poder prometiendo no cargarle más impuestos al ciudadano y se termina teniendo que discutir cómo conseguir los recursos que el Estado necesita para sobrevivir. La realidad fiscal no entiende de discursos ni respeta eslóganes electorales.

Sin embargo, hay algo que Abelardo debe tener muy claro: Petro no puede convertirse en el comodín de todas las dificultades. El expresidente ya no está sentado en el Palacio de Nariño. La responsabilidad de las decisiones actuales corresponde a quien ejerce el poder. El pasado puede explicar una parte de los problemas, pero no puede justificar indefinidamente los errores del presente.

Y aquí está el verdadero costo político: Abelardo puede terminar pagando electoralmente los errores de Petro y, al mismo tiempo, los errores que cometa intentando corregirlos. Si los ajustes fiscales afectan a los ciudadanos, si las promesas de seguridad no producen resultados y si los servicios públicos siguen acumulando dificultades, la paciencia popular tendrá límites.

El país no puede vivir eternamente en campaña. Colombia necesita un gobierno que deje de mirar por el retrovisor para descubrir quién dejó los problemas y comience a mirar por el parabrisas para encontrar las soluciones.

Tampoco puede permitirse que la austeridad sea un discurso para los ciudadanos mientras la transparencia y el control del gasto público no se conviertan en obligaciones para quienes administran los recursos. Si se exige sacrificio a los colombianos, el Gobierno debe ser el primero en dar ejemplo.

En materia de seguridad, Abelardo tiene otro desafío monumental. No basta con exhibir operativos militares, anunciar bombardeos o pronunciar discursos de autoridad. El campesino quiere regresar a su parcela sin miedo; el comerciante quiere cerrar su negocio sin pagar extorsiones; el transportador quiere recorrer las carreteras sin amenazas. La seguridad se mide en tranquilidad ciudadana, no en fotografías de reuniones de consejos de seguridad.

Y no olvidemos la reconstrucción institucional. La administración pública necesita funcionarios preparados, contratación transparente, organismos de control independientes y decisiones que no dependan de los aplausos de las redes sociales. El Estado no puede convertirse en una maquinaria de propaganda, independientemente del gobernante que ocupe la Presidencia.

Para La Guajira, el asunto tiene una dimensión todavía más sensible. Nuestro departamento no puede continuar siendo el escenario de los discursos presidenciales sobre la pobreza extrema mientras sus comunidades siguen esperando agua potable, hospitales fortalecidos, vías dignas, energía confiable y oportunidades productivas. No queremos limosnas presupuestales ni visitas protocolarias: queremos inversiones ejecutadas y resultados verificables.

El agua de La Guajira no puede seguir siendo una promesa electoral; la seguridad energética no puede continuar dependiendo de anuncios; las regalías deben convertirse en desarrollo y el potencial agropecuario necesita decisiones que permitan generar empleo y riqueza. El nuevo Gobierno tendrá que demostrar si su compromiso con las regiones va más allá de la retórica centralista.

Abelardo debe comprender que la ciudadanía no le entregó un cheque en blanco. Le entregó una responsabilidad. Y esa responsabilidad no se cumple señalando diariamente el retrato de Petro. Se cumple gobernando, corrigiendo, administrando y mostrando resultados.

La historia es implacable con los gobernantes que llegan prometiendo ser diferentes y terminan reproduciendo las prácticas que antes cuestionaban. El poder no transforma automáticamente las promesas en realizaciones. Tampoco convierte a un crítico en un buen administrador por el simple hecho de ocupar la silla presidencial.

 

COLOFÓN

Petro le dejó a Abelardo una factura política, económica e institucional que no se paga con discursos, entrevistas ni publicaciones en redes sociales. Pero cuidado: el nuevo presidente no puede pretender que los colombianos le financien cuatro años de excusas. Petro ya tuvo su oportunidad de gobernar; ahora Abelardo tiene la suya.

Si la casa estaba desordenada, hay que organizarla. Si las cuentas estaban en rojo, hay que sanearlas. Si la seguridad estaba comprometida, hay que recuperarla. Y si las promesas fueron demasiado grandes, llegó la hora de demostrar que no eran simples fuegos artificiales.

¡Porque Petro puede ser el responsable de buena parte de la herencia recibida, pero Abelardo será el responsable de lo que haga con ella! Y en política, el que recibe las llaves también termina respondiendo por la casa.

 

Hernán Baquero Bracho 

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