EL OCASO DE UN LIDERAZGO: LOS FRENTES QUE DESGASTAN A GUSTAVO PETRO EN LA OPOSICIÓN

El tránsito de la Casa de Nariño a las plazas públicas como líder de la oposición no ha resultado el terreno fértil que el expresidente Gustavo Petro anticipaba. A pocos meses de haber concluido su mandato el pasado 7 de agosto, el exmandatario atraviesa un evidente proceso de desgaste político. Lejos de consolidarse como el eje articulador de una resistencia efectiva frente al nuevo gobierno, Petro se encuentra cercado por el balance de su propia gestión, el avance de los procesos judiciales en su contra y una estrategia de confrontación discursiva que parece restarle aliados en lugar de sumarlos.

La primera señal tangible de este debilitamiento se hizo visible en las urnas. Como señalaron análisis de medios internacionales como The Associated Press, el exmandatario no consiguió transferir su capital político para asegurar la continuidad de su proyecto en las elecciones presidenciales de 2026. Este resultado fue interpretado por diversos analistas como un «voto castigo» frente a las dificultades administrativas, la crisis en el sistema de salud y los problemas de orden público que marcaron el tramo final de su administración. A esto se suma el cierre de su cuatrienio con cifras adversas en la opinión pública: según la medición de julio de 2026 de la firma CB Global Data, Petro finalizó su periodo presidencial con una imagen negativa del 57,5 % frente a una positiva del 39,4 %, dejando un margen estrecho de favorabilidad para iniciar su nueva etapa política.

En el plano institucional y jurídico, el margen de maniobra del expresidente también se ha estrechado de manera considerable. Según reportó Infobae, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reposan alrededor de 370 indagaciones relacionadas con su gestión. De ese universo, 20 expedientes clave —incluidos cuestionamientos sobre la presunta violación de topes en la financiación de su campaña de 2022 y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— han quedado recientemente bajo la responsabilidad de congresistas independientes y de oposición. Este reacomodo legislativo ha reactivado una presión jurídica que durante su gobierno permanecía prácticamente estancada. Adicionalmente, el pasado 17 de noviembre, el Consejo de Estado emitió decisiones que pusieron freno a sus señalamientos sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, restándole sustento institucional a una de sus principales banderas de movilización.

Sin embargo, el factor que más ha erosionado su figura pública en los últimos días proviene de su propia retórica. Durante las movilizaciones convocadas el 19 de noviembre de 2026, Petro instó a sus seguidores a mantener una protesta permanente en las calles con el objetivo explícito de forzar la salida inmediata del actual presidente, Abelardo de la Espriella. En su intervención, el exmandatario calificó al Ejecutivo de «ilegítimo» y pidió a las bases no esperar a los calendarios electorales de 2027 ni de 2030 para producir un cambio de rumbo.

Lejos de aglutinar un frente amplio de defensa democrática, estas declaraciones provocaron un rechazo generalizado en distintos sectores políticos, académicos y de opinión. Diversas voces advirtieron que un llamado a derrocar a un gobierno elegido hace apenas unos meses mediante el voto popular —con una votación cercana a los 13 millones de sufragios— constituye una peligrosa incitación a romper el orden constitucional. Aunque sectores cercanos al petrismo y analistas afines sostienen que sus palabras deben leerse en clave de movilización social y presión ciudadana, y no como una invitación a una ruptura institucional, el tono incendiario ha terminado por aislarlo de los sectores moderados y de centro que en 2022 fueron determinantes para su llegada al poder.

Este aislamiento también comienza a percibirse al interior de su propia coalición. Dentro del Pacto Histórico y de los movimientos progresistas existen tensiones silenciosas entre quienes consideran que la oposición debe ejercerse desde el rigor técnico en el Congreso y la preparación para las elecciones regionales de 2027, y quienes respaldan la vía de la agitación permanente liderada por el exmandatario. Para muchos dirigentes de la izquierda moderada, la radicalización del discurso de Petro dificulta la construcción de alianzas necesarias para mantener las alcaldías y gobernaciones que hoy controlan.

Mientras tanto, el nuevo gobierno ha capitalizado este escenario concentrando su narrativa en señalar los problemas heredados en materia fiscal, la incertidumbre energética y el deterioro de la seguridad en varias regiones del país. De esta manera, el debate público se ha desplazado hacia la rendición de cuentas del gobierno saliente, obligando a Petro a asumir una postura defensiva constante.

En definitiva, Gustavo Petro enfrenta hoy uno de los retos más complejos de su extensa carrera política. El liderazgo carismático y disruptivo que le permitió capitalizar el descontento social durante décadas muestra signos de fatiga frente a una ciudadanía que parece demandar estabilidad institucional y soluciones concretas antes que una polarización interminable. Si el expresidente no logra recalibrar su estrategia y moderar su discurso, corre el riesgo de que la defensa a ultranza de su legado termine por diluir el respaldo social que alguna vez lo llevó a hacer historia en Colombia.

 

Oscar Christoffel Díaz

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