Han pasado más de 15 días desde que se convocó a un gran paro nacional en rechazo a la reforma tributaria, sin embargo, poco a poco se ve como personas que respaldaban las marchas y protestas van cambiando de parecer, no precisamente por el cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional, sino por el exceso en la continuidad y permanencia de las vías de hecho que mantienen, las cuales empiezan a afectar a todos los sectores incluyendo sus círculos cercanos (familias y amigos); esas decisiones que en su momento fueron aplaudidas hoy se consideran desacertadas y al contrario de lo que creen algunos, van deslegitimando sus conquistas, perdiendo adeptos y sumando parásitos que les hacen mal como la delincuencia, el vandalismo y la recesión; estas últimas situaciones sociales que no hacen bien a las demandas que exigen los promotores de las movilizaciones porque mientras sigan generándose perdidas económicas al sector productivo, daño a infraestructura pública, desabastecimiento de bienes y servicios, los esfuerzos serán prioritariamente para la recuperación de los sectores afectados, por cuanto deberán redoblar esfuerzos para estabilizarse y luego si atender los compromisos de las mesas de trabajo que resultaren, es apenas lógico.
Esta semana estuve hablando con varias personas que desde distintos escenarios apoyan la realización de algunas de las marchas de protestas para que me explicaran su posición en cuanto a los desmanes que paralelamente ocurren a las convocatorias pacíficas, además de señalar cuáles consideraban ellos son los mecanismos idóneos para estabilizar nuevamente la tranquilidad ciudadana después de presentarse hechos arrebatados por algunos manifestantes y/o infiltrados; esto lo digo porque revisando literatura jurídica sobre el derecho a la protesta social, sus alcances y formas, no pude encontrar la justificación a los cierres totales de las ciudades, vías nacionales y destrozos a bienes de uso público como método legítimo de reclamo; así como tampoco pude determinar otro método para repeler esa violencia, sino con el uso de la fuerza de las autoridades públicas encargadas constitucionalmente para eso.
Álvaro José un primo medio cachaco con alta formación en asuntos sociales, me expresó que el sentido de la protesta no es otro busca generar inestabilidad y desestabilizar al sistema porque de lo contrario el establecimiento no escucha, hasta tanto no se amenace el statu quo no hay respuestas, empero en cuanto a la violación de los derechos a la propiedad fue contundente en rechazarlos; Paula, una influencer reconocida, sostiene que esas últimas acciones no son directamente responsabilidad de los organizadores del Paro Nacional, son infiltrados que pretenden generar mala imagen a las movilizaciones que se estaban desarrollando a lo largo y ancho del país, además que, es también producto de la desconfianza entre el ejecutivo y las bases populares por lo que estas buscan la manera de hacerse sentir, y Pedro un precandidato al congreso por sectores alternativos, me explica que quienes se atrevieron a estas actuaciones es porque les mataron las esperanzas de un futuro mejor para ellos y sus familias con las actuaciones soberbias del jefe del estado y sus funcionarios, las malas prácticas de las autoridades locales y un desgaste monumental de una bancada de gobierno que está desconectada de la realizad social; a pesar de no conocerse y no tener comunicación entre sí, al unísono todos condenan las acciones violentas y delincuenciales que se realizaron.
Según analistas las protestas hacen parte la bomba social que en cualquier momento estallaba, ante un Gobierno que consideran ellos fue indiferente a las solicitudes de las marchas anteriores y la falta de empatía para la toma de decisiones en cuanto a la inversión de los recursos extraordinarios dispuestos para atender los efectos de la pandemia, lo que acarreó una recesión económica, el incremento de necesidades de las clases más vulnerables y la imposición de dos reformas (tributaria y de salud) que la mayoría de los congresistas consideraron inoportunas, esa combinación, el deterioro medioambiental y las desigualdades sociales y económicas era el caldo de cultivo idóneo para la lucha.
Por otro lado, como consecuencia de los desmanes causados en desarrollo de las protestas Sara y Michel dos pequeños empresarios de Santa Marta fueron víctimas de la terrible noche; ese día perdieron su sueño cumplido un año antes, lloraban desconsolados al encontrar saqueado y vandalizado su negocio, ellos se preguntan qué ganaron los manifestantes con esa acción? Hoy estudian con un gran equipo de juristas la viabilidad para demandar civilmente a los convocantes a las marchas de ese día, a fin de que por vía judicial se reconozca su responsabilidad extracontractual haciéndolos responsables de las pérdidas económicas, lucro cesante y perjuicios causados, indican que de ser posible irán a instancias internacionales porque los derechos deben ser equilibrados, Michel dice llorando: SINO PUEDEN CONTROLAR LOS INVITADOS A SU FIESTA, ¡NO LA HAGAN!
Lógicamente que se respeta el derecho a la protesta social, no obstante, una gran parte de la población exige que debe respetarse el estado de derecho consagrado en la Constitución Política; es probable que el gobierno se haya equivocado en algunas de las políticas, por lo que debe reconsiderar algunos de los programas de inversión y las políticas públicas con el objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales a todos los habitantes de nuestro país; sin embargo, la protesta es una cosa y el vandalismo, el saqueo, el cierre de ciudades y taponamiento de vías nacionales es otra.
El gobierno nacional, así como las autoridades departamentales y municipales tienen la obligación de escuchar las demandas sociales es su obligación constitucional, a fin de garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como se establece en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991; empero, esa actividad se realiza a través de representantes democráticamente escogidos, sino lo procedente es acudir a los mecanismos de revocatoria establecidos.
Sin pretender deslegitimar la protesta social, sean o no reclamos justos, lo cierto es que se tiene el derecho a protestar; aun así, se debe saber pedir, si reclamas con violencia te resuelven con la fuerza legítima del estado, la que debe ser limitada en tanto que debe garantizar los derechos humanos en las acciones que despliega; por ende, la mejor manera posible es por la vía democrática, castigando en las urnas a unos y dando oportunidad a otros, pues no se puede olvidar que Colombia es una nación que viene de 50 años de guerras internas (guerrillas irregulares, narcotráfico, BACRIM, paramilitares, terrorismo de estado) por lo que en la memoria de muchos no existe otra vía de reclamo que la violencia, por eso se debe ser consecuente cuando se incita a una movilización, ya que algunos no están preparados; además de otros solapados que se arropan en las verdaderas propuestas con la intención posterior de politizar los resultados como sus conquistas, cambiando el mensaje que se envía y generando impulsos no controlables.
Dentro de la empatía y resiliencia cabe también la prudencia, el Gobierno Nacional abrió la concertación de mesas regionales de participación comunitaria, sugiero cesen las hostilidades de las partes, se permita la movilidad y evitar el desabastecimiento de alimentos que impacta en primera medida a los que viven del día a día, estas personas a quienes se empuja a la necesidad de buscar a toda costa el pan para sus hogares, además de afectar a muchos trabajadores que son despedidos por sustracción de materia y en última instancia a los empresarios que son quienes mueven la economía guste o no.
Recuperarse de esta crisis no es una cuestión exclusivamente del estado, las comunidades y los individuos tenemos que lidiar con las consecuencias y apoyar a su recuperación, así como se participó para el alzamiento, se debe cooperar para los planes de mejoramiento que se vayan a implementar, por eso, es el momento oportuno para que las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos revisen la contribución puedan hacer a cada uno de los sectores de la sociedad que hoy están afectados, la economía, el medio ambiente, la seguridad, la educación y la salud; además de velar por el acceso, permanencia y veeduría a los mismos.
Mientras tanto me pregunto: ¿Qué hacen los migrantes en las marchas tirando piedras?
ADAULFO ADOLFO MANJARRÉS MEJÍA
Me parece muy oportuna y muy bien planteada. Pero hasta el momento no he escuchado ni leído una propuesta o critica de fondo a una reforma al estado de manera integral. Y en mi caso personal opino que ya es tiempo de reforma a la constitución. éxitos y bendiciones mi hermano.