En el país existen 5 millones, 300 mil hectáreas sembradas en el sector agrícola y existen 5 millones de hectáreas dedicadas al sector de la minería. De igual manera tal como está contemplado en la ley 160/94, existen cinco zonas de reservas campesinas que suman 700 mil hectáreas y hay cuatro en proceso que suman 650 mil hectáreas, de las cuales una – la del Catatumbo – fue congelada por el Gobierno Santos. El sector minero debe estar en la misma dirección del estamento del desarrollo rural.
En el congreso de la República cursó el proyecto de la Ley de tierras y específicamente el Artículo 192 que tiene que ver con el nuevo Estatuto Agrario y la modificación de la ley 160 del 94. Colombia ha vivido diversas reformas a los regímenes de tierras durante los últimos 100 años, pasando de una estructura que iba del latifundio al minifundio desde el siglo XIX, a una de carácter multimodal (que mira los tamaños de la propiedad y el sujeto al que se le adjudica) pero que ha mantenido casi los mismos problemas históricos sobre tenencia de la tierra.
“En ese trasegar histórico, la necesidad de claridad sobre la estructura y tenencia de la tierra en Colombia ha sido un imperativo por el que muchos gobiernos han intentado encontrar la fórmula más efectiva, no sólo frente a la seguridad jurídica de quienes ostentan la categoría de propietarios privados (grandes o pequeños) sino de aquellos quienes aún luchan por el acceso a la tierra.
Los baldíos pasaron de ser otorgados desde principios del siglo XX sin que el Estado contara con una institucionalidad preparada para adjudicarlos con certeza en cuanto a su situación física y jurídica a cualquier persona que los explotara económicamente, a ser adjudicados posterior a la Ley 160 de 1994, primordialmente a los sujetos más vulnerables socialmente y necesitados de tierra o quienes la tienen insuficiente, especialmente el campesinado y los grupos étnicos. Sin embargo, esos cambios en la historia legal del país hicieron que muchos colombianos (no necesariamente campesinos o de grupos étnicos) pudieran en determinado momento acceder legalmente a terrenos baldíos de la Nación, con el atenuante que gran parte de ellos no contaron con instrumentos idóneos y expeditos para clarificar los derechos de propiedad, por lo que hoy es incierta la realidad fáctica y jurídica de muchos predios rurales del país”.
La sugerencia que hace este columnista es volver a retomar este proyecto de ley de tierras, porque es importante que la ley 160 del 94 se ponga a tono con el país de hoy.
Hoy la minería a grande escala, específicamente para el año 2012 generó el 80% del presupuesto nacional de la inversión para el año de la referencia. Así de bien contribuye la minería al desarrollo del país. Los ingresos por exportaciones mineras continúan siendo enormes de US $ 8.250 (ocho mil doscientos cincuenta millones de dólares) a pesar de la caída en los precios del carbón, que cayó un 2% del PIB Nacional, que durante el año 2008 fue del 2.8% del mismo PIB Nacional, donde el carbón ha caído en los últimos tres años en un 40% y para el periodo 2012-2013 se han reducido sus niveles de producción por la caída de los precios internacionales; lo que generó en el año 2012 una disminución de 86 millones de toneladas y afectó a la producción Nacional en un 4%.
Con todo ello la minería ha venido cumpliendo con los planes ambientales como minería sostenible y viene compitiendo en esos niveles con países más desarrollados en el tema como Chile, Canadá o Australia. El documento del diagnóstico ambiental se encuentra consignado en el documento Compes 3768 de 2013. Así mismo la minería a gran escala cumple con su papel en la responsabilidad social y el valor compartido, en unas regiones con mayor índice y mayor sentido de pertenencia que en otras. Esto no ha cambiado, continua con las mismas proyecciones que estaban en el año 2013.
Para el caso de La Guajira el Cerrejón cumple a cabalidad con estas funciones, aunque se han presentado opiniones encontradas entre la multinacional y columnistas del Diario del Norte. El caso de Arroyo Bruno ha generado una contienda entre las comunidades allí aledañas, la misma empresa y la opinión pública general, donde la Corte Constitucional ha pedido a través de un fallo que se hagan las consultas previas para poder continuar con la explotación del proyecto La Puente, que contiene reservas de carbón de la mejor calidad que se ha dado en el Cerrejón Zona Norte.
Ahora nuestro Departamento en las décadas de los 60, 70 y 80 su vocación era más agrícola que minera, pero al entrar en operación la Zona Norte y Zona Central, todo cambió. ¿Qué hay que hacer? Establecer alianzas estratégicas para que la minería y la agricultura vayan de la mano. ¿Y cómo hacerlo? A través del dialogo y la concertación entre el departamento, los municipios y las empresas multinacionales, para con una unión de voluntades y repensar en estos dos renglones de la economía, uno y el otro desarrollan actividades en beneficio de la península, con anuencia del gobierno nacional y generar el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás que se da en La guajira que es de enclave. Hay que hacerlo pronto, porque el 54% de los ingresos en el departamento, provienen de recursos de regalías ya no directas. Un proceso de reingeniería es de urgencia manifiesta para que la minería y la agricultura concuerden en un punto de equilibrio. La multinacional minera debe cambiar de estrategias de responsabilidad social a valor compartido. No hay más para que exista esa inercia entre la minería y la agricultura.
HERNAN BAQUERO BRACHO