El gobierno nacional con el apoyo de un congreso de La República confiable y comprometido con el sector del agro, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debe implementar una política crediticia que ofrezca un programa de alivio y restructuración de las deudas del sector agropecuario, atendiendo eso si las características propias de cada actividad e incluya programas de créditos con amplia cobertura, desembolsos oportunos y baja tasas de interés, así como créditos a largo plazo es decir a diez años, bajo unas premisas o lineamientos para lograr un verdadero desarrollo sostenible y competitivo en el sector agropecuario.
Los recursos de crédito deben guardar relación no solo con el tamaño del sector y su aporte al PIB, sino con la urgencia de recuperar la producción agropecuaria y la vida rural, como pilares que son del desarrollo y el logro de la tal anhelada paz. La voluntad política debe primar sobre la voluntad económica, ahí debe estar fundamentada la coherencia entre lo que se propone y lo que se aplica.
Estos recursos de créditos deben de ir sin fuga a sus destinatarios. Es claro que financiado otros eslabones de la cadena jalona el volumen calidad de la oferta, pero no es menos cierto que tales eslabones pertenecen a otros sectores, industria y comercio principalmente, con fuentes propias de financiación y, sobre todo, sin derecho a crédito de fomento, entendido como el que, por mandato constitucional y en el caso de la producción agropecuaria, se otorga en condiciones especiales en razón de su vulnerabilidad.
Los recursos del ICR deben ser crecientes, exclusivos para el sector primario y consecuentes con la prioridad de la modernización rural, uno de cuyos principales factores es la Formación Bruta de Capital Fijo – FBKF -, quien no es otra cosa el equipamiento para la producción rural, es decir, maquinaria, instalaciones y equipos, cuyo porcentaje es el más bajo en la economía y su repunte debe ser esencial para la reconversión productiva.
Las tasas de interés deben ser realmente de fomento, es decir, sustancialmente por debajo de las del mercado. Como la tasa del crédito agropecuario está actualmente en función del riesgo, esta condición debe tener dos caminos: que el Estado asuma parte de ese riesgo, es decir, de esa menor tasa; y que la banca intermediaria perciba una tasa acorde al riesgo que realmente asume, teniendo en cuenta que en el crédito de redescuento no compromete su propio capital.
Como el riesgo es una variable controlable, los créditos de fomento con redescuento de FINAGRO deben tener características especiales que lo disminuyan y garanticen el pago, tales como adecuada asistencia técnica, control de inversiones y orientación a proyectos sustentables en entornos productivos que no generen conflictos entre vocación y uso de la tierra.
Para esta estructuración crediticia en el sector agropecuario con la ayuda de los congresistas, se propone que cesen los procesos judiciales, embargos y remates por deudas agropecuarias de tal manera que los productores vuelvan hacer sujetos de créditos, incluyendo las deudas del PRAN mediante su condonación o liquidación de deudas pendientes, estableciendo una base única equivalente al 5% del valor inicial de la compra de cartera y fijando un paso adecuado para que el deudor cancele, el cual no puede ser inferior a tres años. Igualmente, que, en programas de compra de cartera, como el FONSA, se debe ampliar el monto base de las obligaciones de los posibles beneficiarios, facilitando las condiciones de acceso y ampliando el acceso a deudores indirectos del sistema bancario afectados, como es el caso de los depositarios deudores de los Fondos Ganaderos.
Ahora, hay la trampa de las garantías. Cuando FINAGRO las aporta a través del FAG, lo debe hacer a bajo costo y cuando es el productor quien las otorga, FINAGRO debe convertirse en administrador de esas garantías reales del sector rural, para darle más movilidad y dinamismo al crédito. Los congresistas deben aprovechar esta coyuntura lo cual se convierte en una oportunidad para restructurar el Sistema de Crédito Agropecuario.
Todo esto suena muy bien. Pero el gobierno y sector asegurador deben avanzar en una política de aseguramiento de la producción agropecuaria, en condiciones de fomento, es decir, financiada parcialmente por el Estado. Es necesario que el gobierno nacional junto con la aseguradora diseñe seguros obligatorios por perdidas de cosechas y semovientes por fenómenos climáticos, como inundaciones, derrumbes, sequias, con esquemas de precios para motivar a la población rural a que produzca, además de crear un Fondo Nacional respaldado por el gobierno central que de respaldo al aseguramiento de bienes agropecuarios y comprometa al sector asegurador con una mayor oferta de servicios rurales.
Pero para cumplir con tantos acondicionamientos con estas políticas, es fundamental la asistencia técnica, que debe estar dirigida a la generación de impactos en relación con cada cadena de producción, teniendo como es prioritarios, aunque no excluyentes, el incremento de la productividad, la disminución de costos de producción, así como las mejoras en la calidad de los productos. Como se sabe la asistencia técnica es un acompañamiento integral a proyectos productivos agrícolas, pecuarios, forestales, piscícolas, artesanales o de turismo rural. Hay que fortalecer las UMATAS y para ello se debe reglamentar la ley 617 que prácticamente las acabó, así como implementar secretarias de agricultura municipales para fortalecer el sector agropecuario y lograr una secretaria de agricultura departamental que coordine de verdad la productividad en el departamento que para el caso de La Guajira está en cuidados intensivos.
HERNÁN BAQUERO BRACHO