En diversas oportunidades hemos comentado y resaltado la condición “bisagra” del departamento de La Guajira. Ostenta, quizás más que ninguna otra entidad territorial, la doble condición: de gran productor de combustibles fósiles, capitaneados por el carbón e hidrocarburos, y simultáneamente posee enormes potencialidades, y diversificadas opciones en energías renovables no convencionales en cabeza de eólicas on shore, eólicas mareomotrices y fotovoltaicas. No está demás señalar que los formidables montos de carbón producidos y exportados, no se han traducido en beneficios netos para el departamento y mucho menos para el entorno más cercano al proyecto Cerrejón.
Ahora repentina y desafortunadamente nos enfrentamos a la amenaza o intención de Enel Green Power de abandonar, no continuar con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado entre los municipios de Uribía y Maicao. Este inesperado acontecimiento amerita serias reflexiones, requiere que los guajiros auscultemos con profundidad la coyuntura, ya que en este caso como se dice coloquialmente “Algo hay en el canto de la cabuya”. Es conocido que las crisis se trasforman en oportunidades, por supuesto, si se saben gestionar. La “ocasión la pintan calva”, para que ahondemos sobre un tema que en nuestra modesta opinión no ha contado con el debido análisis ni la difusión requerida. Nos referimos a cuestiones estrecha y altamente relacionadas, no solo con el futuro del departamento, sino con el futuro de la humanidad: la generación de energías limpias. Las experiencias negativas sufridas con la contraparte: proyectos carboníferos, deben constituir enseñanzas para no replicarlas: “el error conduce al acierto”
En la Cumbre Minera realizada recientemente en las instalaciones de la Universidad Nacional, la Ministra de Minas y Energía, decía con atinada razón y argumentos que compartimos y hemos planteado en investigaciones personales que, el modelo minero en Colombia se ha desarrollado incentivando desigualdades sociales y regionales. La primacía del modelo extractivista, como es la situación de La Guajira, donde se encuentra la mina de carbón más grande de América Latina, ha ampliado brechas. Los departamentos que producen el PIB minero, son aquellos donde las Necesidades Básicas Insatisfechas son mayores. La Guajira, representa el caso más dramático, aquí las Necesidades Básicas Insatisfechas en la ruralidad alcanzan el 78%, versus el promedio nacional, que es de 14%. El sector de la minería fósil indistintamente traza una enorme deuda ecológica con los territorios. De ahí que estos deban reordenarse a partir del agua. Es decir, se deben reconocer los derechos de la naturaleza.
Los cimientos legales emanados de las leyes 1715 de 2015 y 2099 de 2021, y del conjunto de Decretos, Resoluciones y demás disposiciones institucionales que apuntan a reglamentar la Transición Energética, la dinamización del mercado energético a través de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, inclusive la reactivación económica; en general, y obviamente en lo que compete a los proyectos eólicos, se han arreglado y diseñado con una lógica pro empresarial, donde se advierten serios desequilibrios en su estructuración, y en contra de las comunidades, particularmente étnicas. Estos desequilibrios se pretenden corregir mediante el proyecto Ley Minera, que será presentado ante el Congreso de la Republica, el próximo semestre, por iniciativa gubernamental.
El aludido proyecto, esperamos y suponemos dará claridad y establecerá coordenadas que reglamenten adecuadamente temas alusivos a cierres mineros y otras fragilidades que hoy día adolece el Código Minero. Aunque, el gobierno advierte a través del Presidente de la Agencia Nacional de Minería, que no se trata de reformar al Código, ya que ello implicaría incluir políticas intersectoriales, y tal reforma significaría por lo menos un par de años en su trámite. Se ha optado por agilizar el proceso a través de la Ley, y que como su nombre lo sugiere, solo se referirá a medidas de carácter netamente minero. Probablemente, en esta ley se acogerán y corregirán injusticias, desequilibrios, inequidades con las comunidades étnicas.
Las asimetrías emanadas de las mencionadas leyes expedidas por el Congreso, localmente y desde el punto de vista económico y social, y según interesantes reflexiones que realiza el colega y amigo Cesar Arismendi, se traducen en la no consecución del optimo social. Las meditaciones de Arismendi son respaldadas rigurosamente por INDEPAZ autora de las más completas investigaciones llevadas a cabo por entidad alguna en torno al impacto de la ejecución de los proyectos eólicos en la Alta Guajira. En ambos se detalla una adecuada evaluación de las consecuencias de los proyectos, al asumirse a los Wayuu, no como “agentes económicos, sino como actores sociales en medio de las carencias”. No se evalúa el costo de oportunidad que los proyectos implican para las comunidades étnicas, se mantiene una concepción paternalista, y se asumen los derechos de aquellas como retribuciones y compensaciones impropiamente valoradas. Es bueno traer a colación y asumir como espejo a países adonde se incorporan a la sociedad eólica a los dueños del territorio, dando lugar a un gana-gana, que suprime conflictos, y articula rentabilidad económica con rentabilidad social. Generando beneficios y satisfacción para las partes.
Por ende, no deja de sorprender que la compañía Enel Power decida abandonar el proyecto Windpeschi, paradójicamente arguyendo supuestas arbitrariedades de determinadas comunidades. Según la empresa, aquellas supuestas arbitrariedades fungen como factores en contra de sus posibilidades de rentabilidad. Las evidencias, respaldadas en las sesudas investigaciones, muy por el contrario, dan cuenta de que los comportamientos de las diversas empresas, amparadas justamente en los marcos normativos, en la carencia de información de las comunidades, se traducen en detrimento de sus intereses económicos, sociales, culturales e incluso ambientales.
Un reconocido senador costeño, autodenominado actor clave en la legislación creada; y aludida arriba, insinúa una gravísima, inesperada y excepcional razón inspiradora de la decisión de la empresa de suspender indefinidamente el desarrollo de su proyecto: la extorsión de una ONG, conocida como Nación Wayuu, en contra de la multinacional. Esta organización no gubernamental reaccionó airadamente a las insinuaciones o acusaciones del senador Name Cardozo. El cual además sugiere que la responsabilidad le cabe igualmente al Presidente Petro y le conmina a que “aparte a los avivatos que se oponen a estos proyectos”. Amanecerá y veremos cuál es el verdadero trasfondo de esta situación.
Aprovechó el senador para explicar y justificar cínicamente que él votó en contra del impuesto que buscaba aumentar las trasferencias eléctricas del 1% al 6% expresado en el Plan de Desarrollo en el artículo 207 , y que les ordenaba pagar ese monto impositivo a las empresas que construyan proyectos de energías no renovables, el cual se irrigaría a las comunidades del área de influencia, coincidiendo su postura con los intereses de la industria, que también consideraban excesivo el pago progresivo de ese 6%. Name Cardozo han convertido este episodio en una especie de maniluvio.
El senador acudió a la delicada sindicación en contra de Nación Wayuu, la cual por su lado expresa inconformidad porque en su opinión la empresa adelanta negociaciones con todos los actores, excepto con los dueños ancestrales del territorio, quienes sufrirán las consecuencias negativas directas por los impactos de los proyectos.
El gobierno Petro, por intermedio de su vocera, la Consejera de Regiones fue enfático en señalar que la Transición Energética en La Guajira debe salir avante de forma justa: “siempre procurando el desarrollo y apostándole a garantizar el bienestar y beneficio de las comunidades Wayuu”.
Las cifras del proyecto son nada significativas: Capacidad instalada de 205 megavatios (MW), y capacidad de generación de 1.011 gigavatios hora/año, lo cual le permite suplir las necesidades anuales de aproximadamente 500.000 hogares, con lo que se evitarían las emisiones de 1 millón de toneladas de CO2, y finalmente se calcula que generaría empleos a 325 trabajadores guajiros. Pero desafortunada e inevitablemente los proyectos instituyen un radical choque cultural, social y económico, y han exacerbado las guerras interclanes con funestas consecuencias al interior de las familias Wayuu.
Por último, no debemos perder de vista que, casualmente el ámbito donde se ejecutarán los grandiosos proyectos eólicos y probablemente mareomotrices y fotovoltaicos, es el escenario, el hábitat, donde coincidencialmente se ha gestado uno de los mayores oprobios que comunidad alguna haya soportado en tiempos contemporáneos. Nada más y nada menos que, escalofriantes cifras de muerte de niños Wayuu por física sed y desnutrición. Obviamente no es responsabilidad de las empresas que están desarrollando los proyectos. Por ende, hacemos un llamado de atención a instituciones y entidades territoriales que se encuentren accionadas en la Sentencia T-302, para que conjuntamente intervengan en este proceso y articulen entre si un soporte para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas que, las inclementes condiciones climáticas y geográficas, el cierre fronterizo con Venezuela, las debilidades institucionales y demás factores influyentes en tamaña crisis, y se genere una trasformación estructural del territorio, teniendo como eje tales proyectos y se logre una disminución sustancial de semejantes e inaceptables circunstancias de mortalidad infantil por desnutrición.
José Luis Arredondo Mejía