Según la Ley de Murphy todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la región Caribe. Al desaforado incremento de las tarifas de electricidad que nos agobia, ahora se anuncia la revisión de la tarifa de transporte del gas natural por la red que une a los centros de su producción con los centros de consumo. Como se suele decir coloquialmente, ¡al caído caerle!
En efecto la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) publicó para comentarios y observaciones la Circular 020 de 2024 contentiva de una propuesta formulada a partir de un estudio adelantado por la Universidad de los Andes y presentado por la empresa interesada, Grupo VANTI, antes Gas Natural Fenosa, de ingrata recordación para el Caribe, distribuidora y comercializadora de este energético, hasta la fecha el más asequible para los usuarios, especialmente para los más vulnerables.
Para ponernos en contexto, es importante destacar que, en momentos en los que Colombia pasó de exportador a importador de crudo (1975 – 1985), los yacimientos de gas natural en La Guajira le sirvieron al país de tabla de salvación. Y luego con la construcción del Gasoducto central, para transportarlo hasta el interior del país, la región Caribe le dio, con toda generosidad, una mano al resto del país para que accedieran a este combustible. De esta manera se diversificó la matriz energética. Como es bien sabido, en la Transición energética el gas natural es considerado como el combustible-puente.
El 7º de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establece el objetivo de la universalización del acceso a la energía y este depende en primer lugar de su disponibilidad y en segundo lugar del poder adquisitivo de los usuarios. De manera que en la medida que se encarece el servicio de la electricidad, como ha venido ocurriendo debido a la escalada alcista de las tarifas y ahora se amenaza con elevar la tarifa del gas, se atenta contra la asequibilidad a los mismos. Es de destacar que según un estudio reciente auspiciado por PROMIGAS se concluyó que, en promedio, el 18.5% de los habitantes de Colombia acusan pobreza energética, estamos hablando de 9.6 millones de personas en tal condición. Cabe resaltar que 6 de los 8 departamentos del Caribe figuran entre los que registran más del 50% de su población en pobreza energética, siendo el Magdalena y La Guajira los que llevan la peor parte.
En tales circunstancias, le cae a la región Caribe esta noticia como un baldado de agua fría. Según se desprende de la lectura del estudio lo que se pretende es unificar la tarifa de transporte para todo el país, cambiando la modalidad de tarifas acorde con la distancia entre los campos productores y los puntos de consumo, que es como opera actualmente. Se trata, según se aduce, a partir de una evaluación sobre el costo – beneficio de la formula “de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (STN)”.
Y ello, no obstante que la regulación vigente de la “estampilla”, expedida por la CREG, no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad, que es de lo que se trata, ni siquiera se simula cómo funcionaría esta propuesta de llegar a materializarse, para poder así evaluar su impacto. Tampoco se analiza el impacto que tendría dicho incremento en la tarifa al usuario final, 2´225.165, de los cuales el 98.44% son residenciales y de estos más del 80% corresponden a los estratos 1, 2 y 3. En suma, se echa de menos en este estudio un análisis riguroso de sensibilidad, así como una simulación, que muy seguramente habría llevado a otras conclusiones.
Y la preocupación no es menor, habida cuenta que de llegar a aprobarse y aplicarse este exabrupto la tarifa promedio de transporte pasaría de US $1.18 MPC a US $2.09 MPC, para un incremento del 77%. Ello, además de injusto es inequitativo y discriminatorio, porque en aras de nivelar la tarifa para todo el país, aplanándola, los usuarios del interior del país tendrían en cambio un alivio, pues su tarifa pasaría de un promedio de US $2.70 MPC a US $2.09, que representaría para sus usuarios una rebaja del 23% (¡!).
El caso de La Guajira es particularmente es patético. Cómo es posible que teniendo el gas natural en boca de pozo se le vaya a cargar un transporte del mismo al que no hay lugar, ello resulta contra intuitivo y absurdo, amén de irracional. A quién se le puede ocurrir semejante despropósito, que le significaría a los usuarios del Departamento que le sirve y le ha servido de despensa del gas natural al resto del país incrementos del 500%, que lógicamente incidirían en la tarifa al usuario final, resintiendo de nuevo sus ya de por sí golpeados bolsillos. No se necesita tener dos dedos de frente para llegar a esta conclusión.
De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y desde luego a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad, en momentos en los que se viene dando una relocalización de empresas atraídas por las ventajas comparativas que ofrece su envidiable localización geográfica que le significa ser la esquina oceánica de América y sus facilidades portuarias propicias para las operaciones de exportación e importación. Ello iría a contrapelo de dos de los objetivos básicos del Plan de desarrollo del actual Gobierno: ¡la reindustrialización, el fomento del turismo y la Transición energética justa!
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE