La campaña sistemática de asesinato selectivo y fuera de combate de mujeres y hombres de la Policía Nacional, desarmados y en condición de civiles, es la forma más cobarde de tratar de frenar la lucha contra los criminales que adelanta la fuerza pública. Estas perversas acciones son crímenes de guerra que ni el país ni la justicia penal internacional pueden pasar por alto.
Esta estrategia del Clan del Golfo, bandas criminales aliadas con el ELN, disidencias de las FARC, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación y sus infiltrados en la Fuerza Pública, son un obstáculo monumental a las iniciativas de paz que anuncia el nuevo gobierno, mientras decenas de familias lloran las muertes de sus esposos, hermanos o hijos.
La ciudadanía en Colombia no está dispuesta a que se extienda una mano al crimen mientras se asesina desde la distancia y por la espalda a quienes protegen a los colombianos. Esto sería extender el manto de impunidad que tanto daño nos hace como sociedad. Por eso es vital que las intenciones de paz que tiene el próximo gobierno, estén acompañadas de una reflexión seria sobre los mecanismos de justicia que se aplicarían y que estos no dejen impunes a criminales que hoy asesinan a nuestros policías.
La paz total que se propone no puede incluir a quienes violan el derecho internacional humanitario y mucho menos si hoy creen que pueden atacar a la fuerza pública para luego ser cobijados por marcos de justicia especial que los indulten. En pro de la paz, el próximo gobierno no puede ignorar los propósitos de desestabilización social de este plan que a través de asesinatos selectivos y premeditados busca fortalecer una posición de negociación ante el gobierno entrante.
Colombia necesita avanzar en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Sin embargo, sobre la base de este proceso no se puede empezar a crear acuerdos de paz a la carta y exprés con grupos criminales, sin que se garantice la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas. Está claro que sin desmantelar de raíz las rentas criminales que financian a estas estructuras, quienes se sometan a la justicia siempre serán remplazados por otros. Por eso, el peor error que podría cometer el próximo gobierno sería hacer “procesos de paz” con el crimen organizado sin los compromisos de cese de toda hostilidad o accionar delictivo, inmediato.
A la institución de la Policía Nacional, a sus mujeres y hombres íntegros que arriesgan su vida por nosotros, desde el Nuevo Liberalismo les expresamos solidaridad, respeto, admiración y apoyo.
Juan Manuel Galán