“La cuestión no es estar “a favor” o “en contra” de China, sino entender que no existe cooperación internacional desprovista de intereses”
Dos eventos realizados en los últimos días por nuestros gobernantes, causaron toda clase de comentarios, que generaron en todo caso opiniones divididas, que a la postre sirven para ambientar los debates académicos y políticos sin perder de vista el norte ni los estribos.
El primero, la gira del Presidente de la República y otros funcionarios a la cumbre CELAC-China como presidente del órgano supranacional y el segundo, la presencia del Gobernador de La Guajira junto con otros gobernadores de la costa caribe en la RAP Caribe que luego se convertiría en RET (Región Entidad Territorial).
Por el momento, nos referiremos al acuerdo internacional.
Veamos. La influencia global de China se ha expandido más allá de Asia y África, alcanzando con fuerza a América Latina. Una de sus principales herramientas ha sido la iniciativa de la Franja y la Ruta conocida desde la antigüedad, aproximadamente desde el siglo II a.C., durante la dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.), cuando se establecieron rutas comerciales que conectaban el imperio chino con Asia Central, el Medio Oriente y Europa.
La llamada ruta o franja, es un megaproyecto de infraestructura, comercio e inversión que ya suma más de 140 países. En 2023, Colombia expresó su intención de unirse formalmente a esta iniciativa, lo que ha generado entusiasmo en sectores económicos, pero también preocupación en ámbitos políticos.
La posibilidad de vincularse a esta red global no es un hecho menor. Se trata de abrir la puerta a una mayor inversión china en infraestructura, transporte, energía y telecomunicaciones. Desde el punto de vista de las necesidades de desarrollo del país, esto podría representar un impulso significativo para proyectos largamente aplazados, como la modernización ferroviaria, la conectividad portuaria o el despliegue de redes digitales en regiones periféricas.
No obstante, el entusiasmo inicial no debe ocultar una pregunta a resolver en los debates académicos y políticos de fondo: ¿en qué términos se establecería esta relación y qué consecuencias tendría a mediano y largo plazo para la soberanía económica y política de nuestro país?
La experiencia que observamos de otros países latinoamericanos sugiere que el financiamiento chino no suele estar exento de condiciones implícitas, como la contratación de empresas chinas, el endeudamiento a largo plazo en condiciones poco transparentes o la cesión de activos estratégicos en caso de incumplimientos.
En el mundo, el caso emblemático de Sri Lanka -que debió ceder el puerto de Hambantota por 99 años a una empresa estatal china- alertan sobre los riesgos de una dependencia desbalanceada.
Como lo reportó en abril de 2023 el diario El País, la inversión China se triplicó en nuestro país entre 2021 y 2022 pasando de US$83,5 millones a US$265,5 millones, destacándose los sectores de infraestructura, energía limpia y transporte a través de los proyectos primera línea del metro de Bogotá, Regiotram de Occidente y la autopista mar 2 en Antioquia. En 2024, según fuentes oficiales la inversión china ascendió a US$114,9 millones y para el 2025, una vez adherido formalmente Colombia a la ruta, se anunció una línea de crédito por US$9.200 millones para América Latina en proyectos estratégicos.
Sin embargo, la geopolítica también debe entrar en juego. La inclusión de Colombia en la Ruta de la Seda se produce en un contexto de tensiones crecientes entre China y Estados Unidos, este último nuestro tradicional aliado político y comercial. En ese sentido, un giro hacia China podría interpretarse como una señal de reconfiguración de alianzas, con implicaciones en temas sensibles como cooperación militar, seguridad hemisférica y acceso a tecnología.
La cuestión no es estar “a favor” o “en contra” de China, sino entender que no existe cooperación internacional desprovista de intereses. Colombia debe evaluar con detenimiento los impactos de cada proyecto, exigir cláusulas claras y transparentes, garantizar la participación de empresas nacionales y, sobre todo, mantener la capacidad de decisión soberana sobre sus infraestructuras estratégicas.
China ofrece oportunidades reales, pero también plantea desafíos que requieren una institucionalidad fuerte, una visión estratégica de largo plazo y una ciudadanía vigilante. La Ruta de la Seda puede ser un camino hacia el desarrollo o una trampa dorada si se recorre sin brújula ni control.
Al interior de esa ruta, tiene la Gobernación de La Guajira y los 15 Municipios una gran oportunidad de inversión por parte de empresas chinas en servicios públicos, vías, turismo, conectividad, energías limpias y desarrollo medio ambiental.
¡Manos a la obra!
Roger Mario Romero