El Consejo de Estado hizo lo que le ordena la Constitución, revisar si el decreto expedido por el Gobierno sobre el salario mínimo se ajustaba a lo que la Carta y la ley ordenan. No podía hacer menos ni nada distinto. Hubiera prevaricado.
No se trataba entonces de que el alto tribunal hiciera evaluaciones económicas, consideraciones políticas o cálculos sobre el impacto electoral de su decisión. No puede. No solo no es su tarea, sino que si lo hiciera iría contra lo que la Constitución le ordena, desbordaría sus funciones y se politizaría, politización que sería, junto con la corrupción de sus miembros, lo peor que puede ocurrirle a un tribunal.
En democracia, las tareas, derechos y obligaciones de las instituciones y los funcionarios públicos son regladas. Es la esencia del Estado de Derecho. Instituciones y funcionarios no pueden hacer lo que se les antoje. Su radio de acción está claramente definido por las normas jurídicas y su ámbito de libertad es inverso al de los ciudadanos: si nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido.
De manera que el Consejo de Estado hizo lo que debía, revisar las acciones de nulidad interpuestas contra el decreto gubernamental y fallar en derecho. Al estudiar el decreto encontró que el monto del aumento fue caprichoso, no se ciñó a los criterios establecidos en el artículo 8 de la ley 278 de 1996 y violó los precedentes constitucionales.
El gobierno pretende reemplazar esos criterios objetivos legales por la idea de un “salario vital” que justificaría su aumento. Ocurre que ese criterio no está ni en la Constitución ni en la ley. Ellas no hablan de «salario vital”. La referencia en la Constitución, art. 53, a una “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a calidad y calidad del trabajo” es enunciativa y su contenido está por definirse. Tampoco el decreto argumenta porque la cifra que establece constituiría un “salario vital” ni nadie explica porque en los años anteriores de este gobierno no se usó esa pauta y ahora sí debe usarse.
Ahora, si el Gobierno cree que los criterios de ley para establecer el salario mínimo son inconstitucionales, debe demandarla en la Constitucional. Lo que no puede hacer es saltarse la ley y la consecuente decisión del Consejo de Estado. No es a Petro quien le corresponde determinar que norma es o no inconstitucional. Y tampoco puede escoger que sentencia cumple. A su pesar, esta sigue siendo una democracia, con división de las distintas ramas del poder púbico y un sistema de frenos y contrapesos institucionales.
De manera que en lugar de asustarse con la decisión del Consejo de Estado (que, por cierto, ya había anulado un decreto sobre salario mínimo en 2017 porque Santos no había justificado adecuadamente el porcentaje escogido y el alto tribunal consideró, miren ustedes, que era muy bajo) debemos apoyarlo y defender su autonomía e independencia. Dejarlo solo es irresponsable y debilita las instituciones. Lo que ha hecho el Consejo de Estado merece aplauso y es un antecedente vital para el sistema democrático porque reitera que ni este ni gobiernos futuros pueden actuar caprichosa o arbitrariamente, siempre deben sustentar suficientemente sus decisiones y respetar la ley y la Constitución.
En cambio, sí debe censurarse y repudiarse la reacción de Petro. Irrespeta y sabotea al Consejo de Estado, sugiere desconocer su sentencia, pretende convertir una decisión jurídica en un conflicto político, amenaza con un «enfrentamiento social”, una vez más pone en peligro la división de poderes y busca subordinar y someter a los jueces.
No hay que olvidar que Petro actuó por puro cálculo electoral, por conveniencia politiquera. El aumento del salario mínimo se hizo contra la ley y contra todo criterio técnico y con el único propósito de ganar unos votos en las elecciones. Es tan absurdo que estaba 8 puntos por encima del 16% que pedían los sindicatos para empezar a negociar.
Todo este problema lo ocasionó Petro y seguiremos pagando las temibles consecuencias: la inflación subió 1,18% en enero, la más alta en 25 años; muchas empresas quebraron; el desempleo y la informalidad empeoraron. Aunque se haya suspendido el decreto, ese daño está hecho y no tiene reversa.
Rafael Nieto Loaiza
La analogía más clara frente a la imposición de tecnologías en territorios como La Guajira es la de pretender curar una fractura ósea con maquillaje: se disimula la superficie, pero el daño estructural permanece y se agrava. La OCDE ha advertido que la incorporación tecnológica sin atender las condiciones sociales y económicas de base no reduce brechas, las profundiza. Desde la neuroeducación y la pedagogía crítica se sabe que el aprendizaje y la apropiación de herramientas requieren contexto cultural, pertinencia y gradualidad; imponerlas “a fuego y sangre” es desconocer la plasticidad cerebral y la necesidad de procesos adaptativos.
La sociología del daño estructural enseña que cuando se introducen paradigmas ajenos a las realidades locales, se generan dependencias, exclusiones y nuevas desigualdades. Ejemplos abundan: programas de digitalización en comunidades rurales que terminan en equipos obsoletos, sin conectividad ni formación, mientras se perpetúa la pobreza. La tecnología no es el Santo Grial del desarrollo, es un instrumento que debe responder a necesidades reales, con ética y sostenibilidad.
En este sentido, la reciente decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo nos recuerda que las instituciones existen para frenar la arbitrariedad y garantizar que las políticas públicas se ajusten a la Constitución y la ley. Así como no puede un gobierno saltarse los criterios normativos para fijar un salario por conveniencia política, tampoco puede un actor con poder imponer tecnologías en un territorio sin sustento académico, legal ni social. La autonomía institucional y comunitaria son pilares de la democracia: desconocerlos es abrir la puerta al capricho y a la coacción disfrazada de progreso.
Convertir la economía guajira en un laboratorio de conveniencia personal es desconocer el bien común y la norma social. No se trata de figurar con discursos de modernidad, sino de respetar la autonomía comunitaria y los criterios de justicia distributiva. La lección es simple: el poder no habilita a nadie para coaccionar territorios con proyectos que no han sido construidos desde la participación, la pertinencia cultural y la evaluación de impacto socioambiental.
Distopia tecnológica.
Dictadura del algoritmo
Burbuja de AWS
Colapso de Amazon.
Suicidio de AWS.
Las tecnologías nos van a traer muchossssss problemasssss, cosas que aún ni siquiera se han revelado. Pero no si digo yo. En tierra de caciques….!!
Les recomiendo un montononon los videos de la experta española Maria Aperador. Experta en Crimen cibernético y Ciberseguridad. Una dura en la materia
😉