¡Claro que sí! Estoy de acuerdo, pero ahí no se puede llegar con el alma envenenada o con ánimo de retaliaciones, sino a partir del gran acuerdo o diálogo nacional que ha estado proponiendo el presidente Petro, en el cual deben quedar perfectamente definidos los temas y sus limitaciones. No se puede negar que hay muchas cosas que tienen que ser ajustadas en el Estado colombiano, sobre todo relacionadas con abusos, privilegios, inmunidades, burocracia inútil, politiquería, corrupción. Así resulta innegable que nuestro sistema necesita reformas profundas para adecuarse a las demandas y realidades del siglo XXI.
No se puede negar que la Constitución, con sus avances en derechos humanos y participación ciudadana, ha sido un faro de esperanza. Aunque enfrentamos desafíos persistentes para resolverle los problemas a la gente: la desigualdad, corrupción y falta de representatividad que siguen afectando a nuestra sociedad. De tal manera que la idea de una nueva Constitución que aborde estas cuestiones es tentadora.
La propuesta de convocar una asamblea constituyente abre un nuevo campo de debate político en nuestro país sobre su viabilidad y sus implicaciones, además de que la implementación no es tarea fácil, ni debe tomarse a la ligera: Congreso, Corte Constitucional, Ciudadanía.
Y aquí es donde radica mi preocupación: el abuso potencial. Las asambleas constituyentes son como cinceles que esculpen el futuro. Si las llevan a cabo las manos adecuadas con la participación de todos, pueden tallar una estructura sólida y justa. Sin embargo, si caen en manos de intereses particulares o extremistas, pueden desfigurar la democracia misma.
Otra cosa es el tortuoso trámite legislativo, porque la Constitución vigente estableció salvaguardas y procedimientos claros para llevar a cabo una asamblea constituyente, con el fin de evitar cualquier tipo de arbitrariedad o abuso de poder. Estos mecanismos deben ser respetados y seguidos al pie de la letra para garantizar la legitimidad y el éxito de cualquier proceso constituyente. Debemos ser conscientes del tiempo. El proceso desde la presentación de la ley hasta la decisión de la Corte Constitucional puede llevar meses o incluso un año, y en este caso la urgencia puede dar al traste con la calidad del resultado.
Es comprensible que existan preocupaciones sobre el posible uso de esta propuesta como una cortina de humo para desviar la atención de otros temas importantes o para consolidar el poder de ciertos grupos políticos. Es crucial mantener un sentido crítico y estar alerta ante cualquier intento de manipulación o de imposición de agendas ocultas.
Por otro lado, no podemos subestimar la importancia de actualizar la Constitución para reflejar los avances sociales, económicos y tecnológicos de nuestra sociedad. Una asamblea constituyente bien concebida y ejecutada podría ser una oportunidad para fortalecer nuestra democracia, ampliar la participación ciudadana y mejorar la función pública en la toma de decisiones políticas.
Sin embargo, hay riesgos que conllevan la realización de este proceso. La polarización política y la falta de consenso podrían obstaculizar cualquier intento de reforma constitucional significativa. Además, hay que evitar posibles intentos de erosionar los derechos y libertades fundamentales que tanto nos ha costado conquistar.
En este orden de ideas, apoyo la justificación de la asamblea constituyente, pero también insto a no olvidar que el poder constituyente reside en el pueblo, y es nuestro deber asegurarnos de que se ejerza con responsabilidad. El tema tiene que ser debatido con seriedad y responsabilidad mediante la participación de todos los sectores políticos sin discriminación. Es fundamental que se respeten los principios democráticos y se garantice la transparencia en todo el proceso. No podemos permitir que esta iniciativa se convierta en un instrumento para consolidar el poder de unos pocos o para reducir los derechos de la ciudadanía.
Personalmente, veo la propuesta del presidente Petro como un paso necesario hacia la construcción de un Estado más inclusivo y democrático. Si bien es cierto que existen desafíos y riesgos asociados con la convocatoria, también es evidente que el actual sistema político enfrenta profundas deficiencias que requieren ser abordadas de manera urgente. Es hora de actuar con prudencia y vigilancia, en aras de construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…»
Luís Alonso Colmenares Rodríguez