Los sistemas judiciales y los órganos estatales encargados de fijar la política criminal y perseguir en delito en sociedades democráticas, con independencia, neutralidad, probidad, transparencia y objetividad, son a mi juicio, la última ratio, el último bastión, sobre el que reposa una democracia de pesos y contrapesos; de división de poderes y de funciones; así como de unidad en el logro de los fines del Estado.
En nuestra constitución política de 1991, algunos artículos, entre muchos, los artículos 13, 29, 30, 250, etc., así como los preceptos contenidos en nuestro bloque de constitucionalidad por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, se ocupan de lo relacionado con los derechos fundamentales y las garantías procesales que tenemos todas las personas en Colombia, como democracia sólida fundamentada y asentada en el Estado de Derecho.
En ese orden de ideas, nuestro ordenamiento procesal penal en su artículo 8° literal i) reza que la defensa debe “Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa…”
A su vez, el artículo 10 ordena: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial”.
Hace pocos días hubo un precedente muy preocupante relacionado con el juicio que se le sigue al expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ, proceso tan farragoso y oscuro, que desde hace seis años debe soportar el ciudadano Uribe Vélez con las armas probatorias que el derecho le otorga, sin más pretensión que la de esclarecer su situación jurídica, sin ningún tipo de dilaciones ni argucias para violentar el debido proceso y los principios de IGUALDAD, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD y DEFENSA, entre otros.
La situación procesal que no tiene mucho asidero ni objetividad por parte de la señora juez en la última audiencia del pasado 2 de octubre, tiene relación con la solicitud de ampliación de plazo por parte de la defensa del expresidente, para estudiar y evaluar una cantidad ingente de información extraída del computador y el celular del cuestionado testigo “estrella” contra el ciudadano Uribe Vélez, el señor Juan Guillermo Monsalve, incautados por el INPEC mientras estaba recluido en la cárcel, y cuyos equipos reposaban bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía; pero la defensa apenas planeaba organizar dicha información, en pos de poder preparar la teoría del caso, como debe ser la efectiva garantía procesal. Es más, esa pequeña prorroga de siete días, no alteraría el término del proceso
Sin embargo, la decisión de la señora juez, dejaba prácticamente sin pruebas a la defensa, quien ha dicho que también su interés de revisión y estudio, en un tiempo apenas prudente, es la de certificar sobre posible manipulación o alteración de las mismas. La defensa del expresidente recurrió a la acción de tutela para hacer valer sus garantías procesales; y afortunadamente, el Tribunal Superior de Bogotá, con buen juicio y administrando justicia garantista e imparcial, bajo ponencia del Magistrado Jaime Velasco Muñoz, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del ciudadano Uribe Vélez, otorgando ese término adecuado para que se puedan descubrir los elementos materiales de prueba que, estamos seguros, confirmarán la inocencia del exsenador.
Cabe recordar, en clave de garantías procesales y debido proceso, así como de derechos fundamentales conculcados, aquel nefasto episodio oscuro y vergonzoso de la justicia colombiana en 2017, denominado “El Cartel de la Toga”, dónde cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos otros funcionarios públicos resultaron implicados en delitos de alto impacto para la recta administración de justicia.
¿Y qué decir de las conversaciones interceptadas al expresidente? Es violatorio de todo derecho a la defensa y de la integridad en la comunicación abogado – cliente, como garantía constitucional al debido proceso, las interceptaciones telefónicas ilegales. La Corte Penal Internacional ha señalado que las interceptaciones ilegales; esto es, que no cumplen con los requisitos normativos formales, violan el derecho a la privacidad y al debido proceso.
El ciudadano Uribe Vélez, imputado por los delitos de soborno y fraude procesal, soportó durante 32 días una interceptación ilegal, con la anuencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ponente inicial del proceso en contra del expresidente, magistrado José Luis Barceló, quien no ha sido investigado ante esa conducta dolosa, en unión de los funcionarios judiciales que ordenaron la interceptación ilegal.
También la sal se corrompe, la democracia se resquebraja y desploma, cuando los entes de control son ausentes, pasivos, indiferentes. Hay mucha incertidumbre y dudas sobre el nuevo perfil y la nueva gestión del Ministerio Público en la era petrista, dónde sencillamente, no se augura imparcialidad ni celeridad.
¿Y qué decir de la Fiscalía? ¿Por qué han desaparecido los avances en la interminable fila de escándalos, procesos abiertos, pruebas contundentes y objetivas, denuncias y hechos notorios? ¿Dónde duerme el proceso contra el hijo del presidente; contra los presidentes de Senado y Cámara, para sobornar a congresistas y aceitar las reformas propuestas por el gobierno; dónde reposan las investigaciones contra los funcionarios que solicitaron el principio de oportunidad ante el MEGA ROBO de la UNGRD; dónde se engavetaron las denuncias sobre supuestas financiaciones mafiosas a la campaña de Petro por 15 mil millones de pesos, vociferadas por el embajador de la FAO en un audio con Laura Sarabia?
Esto es supremamente grave; a contrario sensu, hay adelantos con la defensa de Nicolás Petro para “llegar a acuerdos”; también se ordenan “investigaciones” contra los siete Magistrados del CNE, que han dado voto favorable a la ponencia de la OBVIA, CONTABLEMENTE OBJETIVA e INOBJETABLE violación grosera de los topes del candidato Petro, con la medio bobadita de 5.300 millones de pesos.
Mientras, este gobierno sigue resolviéndole la vida a criminales y terroristas; a “Pichis” y “Gestores de Paz”, ante una sociedad inerme, que, extrañamente, desde los mismos entresijos de los partidos políticos de oposición, así como de los gremios, dictamina: no importa que hayan delinquido; total, falta poco para que salgan del gobierno definitivamente, no pasará nada…
Concepto y tesis absurda; cuando la sal de la administración de justicia, la debida aplicación de la ley, las libertades y el orden constitucional se corrompen, nada será igual a futuro. Comenzar de nuevo, costará muchos años de sacrificio y lucha democrática, restauración moral, sangre y miseria.
Luis Eduardo Brochet Pineda