Podría ser fácil encontrar el parecido en que la séptima papeleta nunca existió y la supuesta octava papeleta no podrá existir. Pero si del peligro se trata éste está más en que se siga el antecedente que en que se ensaye entrar en lo desconocido.
La séptima papeleta fue solo una idea de un grupo – entre los cuales Fernando Carrillo y Marcela Monroy como decana de Derecho del Rosario- proponiendo la posible apelación al Constituyente Primario para saltarse las limitaciones que impedían las reformas a la Constitución, pues los intentos adelantados bajo López Michelsen, bajo Turbay, y bajo Barco habían probado la cuasi imposibilidad de que el trámite del control constitucional las permitiera.
Pero se limitó a ser eso: una idea. Porque dentro del principio del Derecho Público que los funcionarios solo pueden hacer lo que les está regulado como facultad, no existía norma alguna que permitiera que el Presidente o el Registrador convirtieran en realidad ese mecanismo.
Por eso ni física ni jurídicamente existió nunca una ‘Séptima Papeleta’.
Sin embargo, los periódicos – que eran quienes realmente agitaban esa propuesta (pues no existían redes sociales ni nada parecido)- en sus ediciones normales incluyeron un formato para ser recortado e insertado en las urnas. En el formulario de registro de la votación cabía el renglón para la anotación de cualquier anormalidad que se encontrara y por eso algunos jurados mencionaron la existencia de algunas ‘papeletas’. La circulación de los periódicos no llegaba 200.000 ejemplares,
Por lo tanto, no solo no se certificó ninguna cantidad de ‘papeletas’ sino el número potencial de ‘anormalidades’ no hubiera podido exceder una pequeña fracción de ese tiraje.
Sin embargo, el Presidente Barco, acudiendo como justificación a la lucha contra el narcotráfico, expidió un decreto de Estado de Sitio ordenando que, para ‘responder a la voluntad popular’, se hiciera una consulta al pueblo para decidir si deseaba o no acudir a la instancia de una Asamblea Constitucional. (Ese ‘hecho’ inexistente y esa falsa motivación fueron el origen de la Constitución del 91)
La Corte Suprema dio el visto bueno a dicho absurdo alegando que renunciaba a la función de control en razón de que esa manifestación era equivalente a una expresión del poder constituyente (que en ese momento no estaba reconocido y reglado).
Gaviria, basado en lo anterior, ordenó hacer una segunda papeleta cuando la elección presidencial, y está sí dio pie a la posterior citación a la elección para la Asamblea Constitucional. (Tal facultad seguía sin existir, pero la Corte Consideró que el Acto Administrativo anterior – o sea el Decreto de Barco- le otorgaba esa autorización).
En la votación para esa Asamblea no participaron ni la mitad de los votantes para las Cámaras, pero eso no fue óbice para que al posesionarse derogaran las mismas condiciones de la citación, declarándose ‘Constituyente’ y eliminando la vigencia del periodo de los Congresistas elegidos con más del doble de la votación.
El proceso terminó en la farsa de una firma de un papel en blanco ante el cual Gaviria proclamó el ‘bienvenidos al futuro’ (que es el presente de hoy). Así se confirma que lo que mal empieza mal acaba.
No hay forma de que Petro o algún mandatario pueda adelantar un proceso tan cuestionable como ese.
Lo que el oficialismo ha sugerido no ha contemplado ningún paso tan poco ortodoxo como esos antecedentes.
La iniciativa ciudadana es una opción que está en la Constitución para que con la firma del 20% del registro electoral se pueda citar a la Consulta Popular. Ese camino de citación no implica no tener que cumplir el trámite regular de pasar por el Congreso y el Control de la Corte Constitucional ni lo ha planteado así el Presidente.
Sería más constructivo buscar un consenso alrededor de esa posibilidad que hacer oposición tomando como caballito de batalla lo que definen como las motivaciones de Petro («copiar en Colombia el Castrochavismo y la Revolución Bolivariana»); auto atribuyéndose no sólo la capacidad de adivinar sus propósitos sino los tortuosos caminos que suponen está decidido a tomar.
Juan Manuel López Caballero