Han transcurrido ya 21 días desde que el presidente de la República, mediante decreto 1304 del 25 de julio de 2022, retiró del cargo al gobernador Nemesio Roys Garzón y designó como gobernador encargado del departamento de La Guajira a José Jaime Vega Vence, y aun seguimos sin que se haya definido el nuevo gobernador que terminará el periodo del mandato; es decir, que ejercerá el cargo hasta el 31 de diciembre de 2023.
Ese nuevo gobernador encargado se designaría, de acuerdo con el procedimiento legal establecido y conocido -mencionado en el decreto antes aludido-, escogiéndolo de una terna que enviraría al presidente de la Republica la coalición “Un cambio por La Guajira” que inscribió a Roys como candidato, conformada por los partidos Conservador Colombiano, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional.
Es evidente que se han presentado serias dificultades al interior de la coalición, relacionadas con los intereses personales y partidistas, en la lucha por el poder en este departamento, que impidieron que el proceso tuviera la fluidez que requería la interinidad en el liderazgo existente en el departamento. Al parecer había intereses en que se dilatara la conformación de la terna para que la designación del nuevo gobernador encargado la hiciera el nuevo presidente Petro y no Duque, como en efecto se va a dar, favoreciendo la estrategia y los intereses del partido Conservador Colombiano, uno de los primeros en unirse al acuerdo nacional con el pacto histórico, fortaleciendo su protagonismo en el nuevo contexto político como aliado del Pacto Historio, aunque con excepción de Cambio Radical los otros partidos pertenecientes a esa coalición también hacen parte de ese acuerdo.
Esta situación de interinidad en el liderazgo gubernamental del departamental, genera incertidumbre, lentitud y retrasos en la toma de decisiones inherentes a los procesos administrativos, contribuyendo al estancamiento o a una menor eficacia de las gestiones relacionadas con este ente territorial, lo que finalmente se reflejará en un menor avance en la implementación de los compromisos y proyectos incluidos en el plan de desarrollo departamental, lo que finalmente se traducirá en menores oportunidades de desarrollo para los habitantes de este territorio.
Es vergonzoso que los dirigentes políticos de nuestro departamento le den prioridad a sus intereses por mantener el poder, que les permite disponer del presupuesto público a su antojo, por encima de la atención prioritaria que merecen las necesidades de la población Guajira. Desafortunadamente es una actitud despreciable e inaceptable frente a las angustias de nuestras comunidades, que refleja indolencia e irresponsabilidad.
Finalmente, esta semana se conoció la terna, conformada por reconocidos profesionales oriundos de La Guajira, enviada al presidente Petro para la designación del nuevo gobernador. Aunque es conocido que no fue una terna definida por consenso, dado que el partido Social de Unidad Nacional no participó en su designación, lo más conveniente para la continuidad de la gestión administrativa el departamento es que el presidente, cumpliendo con las disposiciones legales, tome la decisión correcta lo más pronto posible.
Si no ocurre así corremos el riesgo de vivir otro periodo de gobierno departamental perdido, sin obras ni proyectos terminados del orden departamental que efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Entre esas obras prioritarias está incluida la rectificación y pavimentación del tramo de 32.6 kilómetros entre La Florida y Cuestecitas, proyecto anhelado durante muchos años por los Guajiros, pues es una vía estratégica que conecta la capital Riohacha, otros municipios y atractivos turísticos de esta área con las poblaciones del sur, con el Cesar y el resto del país, lo que contribuirá a mejorar significativamente las condiciones de seguridad del transporte terrestre e impulsará el intercambio comercial y turístico del departamento.
Esperamos que esta obra, gestionada por el gobernador retirado, Nemesio Roys, actualmente ejecutándose con recursos de OCAD se concluya satisfactoriamente, y que no sean ciertos los comentarios relacionados con un supuesto hecho de corrupción en el proceso de adjudicación del contrato firmado para su ejecución. Al parecer la supuesta denuncia está en proceso de investigación. Seria muy lamentable que esos supuestos hechos de corrupción resultaran verdaderos.
Álvaro López Peralta