El rescate de 17 menores en Yarumal, Antioquia, probablemente privados de derechos, de manera grave, por integrantes del grupo Lev Tahor, abrió un debate urgente sobre los riesgos que representan las organizaciones extremistas que instrumentalizan la religión para cometer delitos y vulnerar derechos fundamentales. El operativo diligente y rápido de Migración Colombia, celebrado también por la comunidad judía en el país, dejó claro que aquí no hay un conflicto religioso: se descubrió, por el contrario, una situación urgente donde se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la protección infantil y la férrea persecución penal frente a una estructura que opera como una secta abusiva.
Lev Tahor no representa ninguna corriente legítima del judaísmo, y así lo han dicho las comunidades judías en todo el mundo. La crítica no es -ni debe ser- contra una religión, sino contra aquellos integrantes que utilizan -e instrumentalizan- símbolos religiosos para ocultar prácticas criminales. Ese punto es esencial: la fe es un derecho; el abuso infantil, no.
Para entender la dimensión de Lev Tahor, basta revisar su historial judicial en otros países. Uno de los casos más graves ocurrió en Estados Unidos, donde, en 2021, un jurado condenó a dos de sus líderes -Nachman Helbrans y Mayer Rosner- por secuestro, explotación sexual infantil e intentos reiterados de raptar menores.
Los hechos probados en el juicio son contundentes. Helbrans, líder del grupo desde 2017, organizó un “matrimonio” religioso entre su sobrina de 12 años y un joven de 18. Cuando la madre de la menor logró escapar de la comunidad en Guatemala y obtuvo la custodia legal en Nueva York, Helbrans y Rosner idearon un plan clandestino para secuestrar a la niña y a su hermano, usando teléfonos encriptados, identidades falsas, disfraces y cruces irregulares de frontera. Su objetivo era devolver a la menor, de 14 años, con el adulto a quien habían designado como su “esposo”, para continuar una relación ilegal.
El operativo para recuperar a los menores involucró a autoridades de Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá e Israel. A pesar de ello, miembros de Lev Tahor intentaron secuestrarlos nuevamente en 2019 y 2021. Las condenas federales dejaron claro que no estamos ante un conflicto doctrinal, sino ante delitos graves cometidos a través de una estructura organizada.
El caso estadounidense ilumina algo esencial: las sectas extremistas, de cualquier origen cultural o religioso, pueden utilizar el lenguaje espiritual como escudo para normalizar prácticas que constituyen delitos. Ese camuflaje dificulta la intervención estatal y desorienta a las propias comunidades que buscan, de buena fe, respetar la diversidad religiosa. Algo está claro: el respeto a la fe nunca puede confundirse con tolerancia a la violencia.
Por eso es tan significativo que en Colombia la comunidad judía haya reaccionado con claridad, rechazando de forma explícita a Lev Tahor y apoyando el operativo. Y es igualmente relevante que las autoridades hayan actuado con rapidez, protegiendo a menores que tenían alertas internacionales por secuestro y trata.
Colombia no fue un destino improvisado para este grupo. Su historial muestra que buscan países con geografía compleja, zonas remotas y baja visibilidad institucional, como ocurrió en Guatemala, en una compleja situación que involucró 160 menores de edad. Afortunadamente, en Colombia su presencia no pasó inadvertida: la ciudadanía reportó el caso, Migración actuó y el Estado respondió. Eso debe destacarse.
El caso Lev Tahor no es un ataque a ninguna religión. Es un llamado a distinguir claramente entre la libertad religiosa -un valor democrático que debe protegerse- y el uso ilegítimo de la religión para justificar o encubrir abusos. Las sociedades tienen la obligación de permitir que cada persona practique su fe en paz; pero tienen una obligación aún mayor: impedir que bajo ese mismo nombre se vulneren los derechos de una población sujeta a una especial protección, como lo son los menores de edad.
Si algo deja claro este episodio es que la protección de la niñez no admite ambigüedades. Y cuando una organización -cualquiera que sea- cruza la frontera entre la fe y el delito, el Estado debe actuar con la firmeza, determinación y rapidez que mostró Colombia.
Santiago Torrijos Pulido